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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍEn ese escenario, Alcalde, Farah, Moreno y Grage arriesgan una pena máxima de cinco años sin cumplimiento efectivo.
Por: Nidia Millahueique M.
Publicado: Lunes 14 de diciembre de 2015 a las 04:00 hrs.
Acuerdo existiría entre las defensas del ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde; la ex gerente de Administración, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; y el ex gerente de Finanzas, Santiago Grage, con el Ministerio Público para concluir el bullado caso La Polar con un juicio abreviado.
Fuentes conocedoras de la investigación explicaron que al momento de acceder a este procedimiento, la Fiscalía omitiría todas las pruebas que llevaría en un juicio oral regular, como parte del acuerdo alcanzado.
Y es que bajo este escenario, los formalizados deben asumir los hechos de los que se les acusan. Por ejemplo, Farah y Moreno tendrían que reconocer que usaron información privilegiada, participaron de lavado de activos y que entregaron información falsa al mercado.
A su vez, ex el presidente de empresa de retail asumiría la responsabilidad por lavado de activos y usar información falsa.
Con todo, los cuatro ex ejecutivos acusados de varios delitos económicos por las repactaciones unilaterales entre 2006 a 2011 que afectó a más de un millón de clientes, podrían arriesgar una pena máxima de cinco años sin cumplimiento efectivo, es decir, libertad vigilada, sumado al comiso de dinero (de momento son US$ 4 millones), y quizás, alguna inhabilitación, por ejemplo para ser gerente o director de alguna empresas regulada por la SVS. Además de llegar a un acuerdo reparatorio para las víctimas.
De acuerdo a lo explicado por un abogado del caso, el beneficio para los acusados es la negociación de la pena, llegando a algún tipo de cumplimiento aleatorio, además del ahorro de costos de un proceso que podría haber durado ocho meses o incluso un año.
En este contexto, la Fiscalía aseguró que “el reconocimiento de responsabilidad por parte de los acusados implicaría considerarles una atenuante, lo que les permitiría rebajar el marco penal”.
Sin embargo, técnicamente en un juicio abreviado también podría darse eventualmente una absolución.
“El juez de garantía es el que decide sobre todos los antecedentes, determina dando el veredicto de culpabilidad o inocencia. Otra cosa es que en general el 90% de los casos terminan con sentencias condenatorias, porque por algo se llega a ese tipo de negociación”, explicó la abogada de los accionistas minoritarios de La Polar, Bárbara Salinas.
Minoritarios
Para la defensora, Bárbara Salinas, dados los cuatro años que lleva el caso, el juicio abreviado es la mejor opción.
“Dentro del tiempo transcurrido nos parece razonable, en la medida que todos los acusados sean condenados por todos y cada uno de los delitos por los cuales se les formuló la acusación”, afirmó Salinas.
En este sentido, comentó que generalmente a los imputados se les conceden beneficios. “Con el juicio abreviado los imputados se ahorran ser condenados a penas más altas en las no pueden acceder a ningún tipo de beneficio”, señaló.
Eso sí, Salinas advirtió que “uno tiene estar preparado para todo”, ya que finalmente el juez tiene la última palabra.
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
El Ejecutivo, en uno de sus compromisos, planteó incentivar que estas entidades "puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera". Los prestadores señalan que esto requiere una discusión mayor, mientras que las mutualidades retrucan que ya cuentan con autorización para ello.
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