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Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 12 de julio de 2017 a las 12:05 hrs.
La Corte Suprema confirmó la multa de UF 400 ($ 10,6 millones hoy) que aplicó la Superintendencia de Valores a María Gracia Cariola Cubillos, miembro del directorio de la empresa La Polar, por su actuar poco diligente en el control de irregularidades en la multitienda.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, Carlos Aránguiz y los abogados (i) Álvaro Quintanilla y Jorge Lagos– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida que confirmó la sanción.
"Preciso es señalar además que, al contrario de lo que en él se asevera, los sentenciadores sí establecieron el estándar de conducta aplicable a la actora, el que aparece plenamente construido en el fundamento vigésimo tercero del fallo de primer grado. En este aspecto, cabe enfatizar que si bien los jueces aluden a la experiencia profesional de la actora, ello es sólo para los efectos de demostrar que no es posible que alegue ignorancia de los hechos sin involucrar el elemento de negligencia en relación al ejercicio de su cargo de Directora de una sociedad anónima", sostiene el fallo.
Resolución que agrega: "En este contexto, y tal como se expuso en la parte final del fundamento cuarto precedente, el estándar de conducta que se exigió es aquel relacionado con un hombre o mujer prudente en el manejo ordinario de sus propios negocios, siendo bajo este parámetro que se determinó que existió negligencia de la actora al no cumplir con el derecho-deber de requerir información acerca de la marcha de la empresa".
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.