En alerta máxima están las plataformas musicales -Spotify, YouTube, Apple Music y Amazon Music, entre otras- por una iniciativa legislativa que impone un canon “irrenunciable e intransferible” por cada canción o historia escuchada en plataformas digitales y de streaming, pago que sería gestionado a través de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD).
El proyecto, llamado “Ley Tommy Rey” en reconocimiento al legado del histórico cantante de la cumbia chilena Patricio Zúñiga Jorquera, fue aprobado el 3 de noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados y hoy se encuentra en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado. Todo ello activó un intenso lobby tanto diplomático como empresarial en distintas instancias políticas y gubernamentales.
El tema es tan relevante para la industria musical que representantes de los sellos discográficos internacionales, la todopoderosa International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), aterrizaron en Chile la semana pasada para reunirse con autoridades, políticos y gremios locales, con el fin de dar a conocer por qué se oponen a la iniciativa, que en simple modifica un artículo de la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual.
No es la única gestión. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se reunió el pasado 6 de mayo con representantes de la sueca Spotify, y esta repartición pública ha recibido también a la Digital Media Association (DiMA), gremio que reúne a las principales plataformas de streaming como Apple, Amazon y You Tube, entre otras, y que ha sido el principal canal a través del cual han planteado sus inquietudes. Por cierto, también recibió a la IFPI.
La subsecretaria señaló que, durante su tramitación en la Cámara de Diputados, distintas organizaciones -entre ellas DiMA, IFPI, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI)- hicieron presente sus observaciones en relación con esta materia.
Hay mucho en juego. Spotify explicó que “la música chilena generó más de $ 33 mil millones en regalías solo en Spotify en 2025, más del doble que en 2022. Eso no es un accidente: es lo que pasa cuando los artistas chilenos llegan a México, a Argentina, a Estados Unidos. Nuestro modelo ya transfiere cerca del 70% de los ingresos que genera la música a sellos, distribuidores y editoriales, quienes remuneran a los artistas según sus contratos. Eso es lo que queremos seguir construyendo”.
La propia embajadora de Suecia, Sofia Karlberg, indicó que, si bien “la discusión sobre la legislación Tommy Rey es algo que Chile resolverá en su Congreso”, pero agregó que “por nuestro lado, trabajamos y apoyamos a las empresas suecas siempre que podamos”.
Y, “en el caso de Spotify, es una empresa que revolucionó la industria musical y de tecnología. Para nosotros es un orgullo sueco”.

Sofia Karlberg, embajadora de Suecia en Chile. Juan Luis Marturet, consejero regional de IFPI.
El negocio de la música
La música grabada generó ingresos por US$ 31.700 millones en 2025 en todo el mundo, un aumento de 6,4% en el año y la primera vez que se superaron los US$ 30.000 millones, según IFPI.
Aunque el negocio creció en todo el orbe, Latinoamérica fue la región de mayor expansión, con un aumento de los ingresos del 17,1% en 2025.
Hoy dos mercados latinos están entre los Top 10 mundiales del negocio musical (Brasil en el octavo puesto y México en el número 10), pero Chile también es un mercado de rápido crecimiento, siendo el cuarto país de mayores ventas de América Latina, detrás de Brasil, México y Argentina, con ingresos por US$ 120 millones en 2025 y encadenando 11 años de crecimiento, explica Juan Luis Marturet, de la IFPI.
¿Cuál es el impacto de la ley Tommy Rey?
Según Marturet, la normativa impulsada en Chile tiene efectos muy severos en la industria. “Lamentablemente, estas propuestas van encaminadas a reducir la torta total de ingresos para todos los partícipes en la industria de la música, sin que exista una justificación clara al respecto y, aparentemente, son propuestas que tienen un beneficio para una sola organización”, señaló el representante de los sellos discográficos internacionales, en relación con el rol de la SCD en el manejo de las regalías musicales. Se habla de un canon de 6%, que es lo que rige en España.
Esta idea, añadió, surge justo en un momento “en que estamos viendo un mercado musical chileno en música pop y urbana extraordinario, donde se ven artistas que están ocupando posiciones de liderazgo en los charts, algo que no se veía hace muchos años en Chile y que es el fruto de una inversión sistemática en los artistas para que estos puedan desarrollar una carrera exitosa”.
Marturet destacó que en Chile “hay un ecosistema de la música en streaming que ha sido extraordinariamente exitoso, porque esta tecnología ha derribado las barreras de acceso, principalmente para los artistas”.
“Todos los países latinoamericanos tienen un régimen sólido de derechos de autor que ha sido establecido por leyes que tomó muchos años estudiar y establecer, no solamente a nivel interno, sino que son leyes que vienen a cumplir y a complementar acuerdos internacionales existentes”, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Según Marturet, la Ley Tommy Rey afecta los términos de este acuerdo comercial en lo referente a propiedad intelectual, de ahí que haya preocupación del gobierno de Donald Trump.
Además, “crea una gran incertidumbre jurídica en el mercado de licenciamiento de derechos en Chile, porque no distingue cuáles serían las canciones sujetas al pago; aunque el artista no esté de acuerdo con ese pago adicional o con un pago canalizado a través de una sociedad de gestión colectiva (SCD), ese pago se va a imponer de manera obligatoria, y ese es un punto con el cual nosotros no estamos de acuerdo”.
El representante de la industria discográfica explica que en el mundo existen pocos ejemplos de un canon parecido al propuesto por la ley Tommy Rey. Un caso es el español, donde se legisló previo a la era del streaming (en 2006), y otro es el caso uruguayo, donde Spotify amenazó con dejar el país a partir de enero de 2024, lo que derivó en que el entonces presidente Luis Lacalle Pou enviara una ley urgente para modificar esa norma.