Por María Ignacia Alvear C.
El grupo de infraestructuras Abertis decidió tomar cartas en el asunto. Después de mostrarse tranquilo tras el anuncio de expropiación de su filial Sabsa en Bolivia, la firma española ahora reclama US$ 90 millones al gobierno de Evo Morales y estudia otras acciones jurídicas, indicó el director ejecutivo de la firma, Francisco Reynés.
La cifra que el grupo exige supone la suma total de lo ya perdido más lo que faltaría por recuperar de acuerdo con el contrato de concesión. Reynés recordó que el gobierno boliviano congeló las tarifas de los aeropuertos desde 2001 y ha subido los salarios en 140% por decreto desde 2005.
Ante la acusación del presidente boliviano, Evo Morales, de que Abertis no cumplió con las inversiones prometidas para ampliar los aeropuertos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el CEO de la compañía aseguró que entre 2005 y 2012 Abertis invirtió US$ 13 millones en Bolivia además de los acuerdos de la concesión, por US$ 39 millones, y otros US$ 8 millones en impuestos.
Reynés dijo que la expropiación no los tomó por sorpresa, ya que en 2011 Abertis ya había presentado un reclamo en el tribunal internacional de arbitraje a raíz de la congelación de las tarifas. Además, acotó que va a dar cuenta de lo ocurrido a la Comunidad Europea y que a partir de ahora, Bolivia se ha convertido en un “problema” no sólo para España sino que para Europa.
Decisión “no amistosa”
Por su parte, el Ministerio español de Asuntos Exteriores convocó a la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, para expresarle la protesta oficial del gobierno por la decisión “no amistosa” de expropiar a Sabsa.
La reunión, según señalaron fuentes diplomáticas, se realizará hoy y será la segunda en este año, ya que la embajadora fue citada el mes pasado, después de que Evo Morales nacionalizara en diciembre tres filiales de la compañía española Iberdrola.
Ante la cadena de expropiaciones, el gobierno español ha elevado el tono de su protesta y dijo que replanteará el conjunto de las relaciones bilaterales con Bolivia. En tanto, el presidente boliviano comentó ayer que si su país no tiene relaciones diplomáticas con España, entonces las tendrá con los movimientos sociales españoles.
“Yo no escuché decir que hubiera problemas con las relaciones bilaterales. Seguramente es su derecho (replantearlas tras la nacionalización de Sabsa), entonces lo vamos a respetar: si no es con el gobierno español tendremos relaciones con los movimientos sociales de España”, afirmó Morales.
Sin sospechas
Gas Natural Fenosa (GNF), otra compañía española que cuenta con presencia en Latinoamérica, informó que no tiene “ninguna sospecha” de que sus negocios en la región puedan ser expropiados.
La multinacional se encuentra en nueve países de América Latina, con Argentina, Brasil, Colombia y México entre ellos.
El director ejecutivo de GNF, Rafael Villaseca, afirmó que el grupo trabaja en Argentina “con normalidad” y descartó desavenencias con Repsol por haber firmado nuevos contratos en el país.
En noviembre, GNF dijo que planeaba expandirse a Chile, Perú y Uruguay debido al atractivo potencial de crecimiento económico de estos países para desplegar en las próximas dos décadas sus negocios de distribución y comercialización de gas y electricidad.
Expropiaciones de firmas españolas en Latinoamérica
Latinoamérica tiene un conocido historial de expropiaciones a firmas extranjeras, y especialmente a las españolas que tienen una fuerte presencia en la región.
Además de las empresas nacionalizadas por Bolivia, otras firmas han sufrido bajo los gobiernos de Argentina y Venezuela.
Aerolíneas Argentinas en diciembre de 2009 fue expropiada de manos del grupo Marsans, tras una consistente huelga desatada por los sindicatos. El caso más reciente fue la decisión de la presidenta Cristina Fernández de nacionalizar a la petrolera YPF (de Repsol) a mediados de abril del año pasado.
En Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez, Banco Santander acordó en mayo de 2009 vender Banco de Venezuela al Estado por US$ 1.050 millones, y Agroisleña, firma de dedicada a los agroquímicos, fue expropiada en 2010 por formar parte del oligopolio de "intermediarios especulativos".
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