Argentina aprueba expropiación de imprenta de dinero envuelta en escándalo que alcanza al vicepresidente

El Parlamento argentino aprobó hoy un proyecto impulsado por el Ejecutivo para expropiar una empresa dedicada a la impresión de papel moneda, envuelta en un escándalo que alcanza al vicepresidente del país, Amado Boudou.

El oficialismo impuso hoy su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa por 145 votos a favor, 77 en contra y cinco abstenciones, informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto, que había sido aprobado ya por el Senado el jueves pasado, fue remitido al Parlamento a inicios de este mes por el Gobierno de Cristina Fernández, que intervino por decreto la Compañía de Valores Sudamericana, nueva denominación de la imprenta de dinero Ciccone.

La iniciativa convertida hoy en ley declara a la imprenta de utilidad pública y sujeta "a expropiación", una medida que el oficialismo justificó en la necesidad de que el Estado recupere la capacidad de imprimir billetes y acuñar monedas de curso legal.

La diputada oficialista Andrea García destacó durante el debate que la decisión de "monopolizar la emisión de moneda es un paso más en el fortalecimiento del Estado y en la recuperación de sus atribuciones perdidas".

La imprenta Ciccone, ahora Compañía de Valores Sudamericana, es eje de una causa judicial que involucra al vicepresidente, investigado por supuesto uso de influencias en beneficio de esa imprenta.

Diputados opositores han acusado a Boudou de haber intercedido, cuando era ministro de Economía (2009-2011), ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para pedir el levantamiento de la quiebra de Ciccone y facilitar su compra por el fondo de inversión The Old Fund, dirigido por Alejandro Vandenbroele.

Las críticas a Boudou reflotaron hoy en pleno debate en el recinto, donde los diputados del gobernante Frente para la Victoria respondió con acusaciones a la oposición por sus supuestos intentos para "voltear" al vicepresidente.

"No hay duda de que el señor Amado Boudou es el propietario de la empresa a expropiar y que tiene de rehenes a todo el Frente para la Victoria", aseveró la diputada Elisa Carrió, de la opositora Coalición Cívica.

"¿Quiénes son los dueños?", "¿Soberanía monetaria o impunidad?" eran algunas de las leyendas de carteles que legisladores de la oposición colocaron en sus atriles.

Boudou fue imputado en abril pasado por el fiscal Jorge Di Lello en el marco de una denuncia por enriquecimiento ilícito, que también involucra al empresario Vandenbroele.

El vicepresidente ha asegurado que es blanco de una campaña ideada por opositores y firmas competidoras de Ciccone que buscan afectar al Gobierno.

El diputado Miguel Giubergia, de la opositora Unión Cívica Radical, afirmó que la oposición no "quiere voltear al vicepresidente", pero recordó que Boudou "tiene la calidad de imputado en un expediente penal y por eso era importante que él mismo se presentara" ante los diputados "para evitar toda esta sospecha".

"Lo que se pretende hacer es sacar este proyecto de ley con un trámite exprés que no le sirve a Argentina porque las urgencias que existen son únicamente las de tapar las huellas del delito que se están investigando en la Justicia", afirmó Giubergia.

Con la aprobación de esta ley, la totalidad de los bienes de Compañía de Valores Sudamericana pasará a formar parte del patrimonio de la Casa de la Moneda.

El precio de esos activos a los fines de su expropiación será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La Casa de la Moneda es el órgano estatal que tiene la potestad de imprimir billete, pero a partir de la década de 1990 comenzó a contratar a terceros para hacer esa tarea y progresivamente perdió capacidad para la fabricación propia de dinero.