Bruselas: Irlanda no ha pedido ayuda financiera de sus socios

La Comisión Europea insistió en que Irlanda no ha solicitado la asistencia financiera de sus socios de la zona euro pese a que el servicio de su deuda alcanza costes cada vez más insostenibles.

El Ejecutivo comunitario también reiteró que la Unión Europea tiene los instrumentos necesarios en vigor para activarlos en caso de que esta ayuda fuera finalmente solicitada.

"A día de hoy, Irlanda no ha pedido ninguna asistencia financiera a Europa", aseguró el portavoz comunitario Olivier Bailly.

"En caso de necesidad, y subrayo claramente que sólo en caso de necesidad, el presidente (José Manuel Durão Barroso) ha confirmado (en Seúl) que tenemos todos los instrumentos necesarios sobre la mesa debido al problema que ya afrontamos en primavera con otro estado miembro (Grecia)", añadió Bailly.

Las palabras del portavoz matizaron las pronunciadas esta mañana en la cumbre del G-20 de Seúl por el presidente de la Comisión Europea, quien afirmó que la UE "esta vigilando día a día la situación" que atraviesa Irlanda y que cuenta con los mecanismos necesarios para actuar si fuera preciso.

Los mercados de deuda situaron hoy el bono irlandés a 10 años a un interés récord del 8,9%, mientras su diferencial con respecto al alemán de referencia superó los 600 puntos básicos, unas subidas que recuerdan las registradas por la deuda soberana griega la pasada primavera, antes de que los socios se vieran obligados a acudir en su ayuda improvisando un mecanismo particular junto al FMI.

Sin embargo, el Gobierno irlandés insistió hoy en que no ha perdido soberanía sobre su política fiscal y que no necesita ayuda económica de la Unión Europea (UE) para salir de la crisis.

Para "no fomentar la especulación", los portavoces de la Comisión Europea se negaron a aclarar en público cómo se aplicaría al caso irlandés la nueva Facilidad europea de estabilidad financiera creada tras la crisis griega (EFSF, en inglés).

Según los documentos difundidos tras la aprobación de la EFSF, el pasado 9 de mayo, la concesión de los préstamos debe ser decidida por mayoría cualificada por el Consejo de Ministros, después de que el país afectado determine sus necesidades de financiación junto con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, así como un programa de reformas económicas.

A propuesta del Ejecutivo comunitario, los ministros de los Veintisiete determinarían la cantidad máxima de ayuda, el precio del préstamo, la duración de la asistencia, así como el número de desembolsos y las condiciones asociadas al programa.

La EFSF es un instrumento de carácter sólo temporal, hasta 2013, pero los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo en que la zona euro necesita una herramienta permanente para afrontar futuras crisis de la deuda soberana en uno de sus miembros.

Un mecanismo permanente de ese tipo requerirá seguramente una modificación del actual tratado, cuestión que está siendo analizada y que los líderes comunitarios volverán a debatir a mediados de diciembre.

Los analistas han relacionado la tensión existente sobre la deuda soberana de Irlanda y de otros países periféricos de la zona euro, entre ellos Portugal y España, con la incertidumbre que planea sobre los detalles de ese mecanismo permanente que se quiere crear.

En particular, Alemania presiona para que quede claro que los tenedores privados de bonos del país en dificultades también tendrán que soportar los costes, y perder una parte del valor de sus activos, en caso de reestructuración de la deuda.

Este temor podría estar precipitando las órdenes de venta de los bonos irlandeses por parte de los inversores privados.

El próximo diciembre, la Comisión Europea deberá presentar propuestas concretas sobre el funcionamiento del mecanismo permanente, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, se encargará de explorar la vía de la reforma del Tratado de Lisboa para ponerlo en marcha.

Recientemente, el influyente centro de estudios Bruegel, de Bruselas, se alineó con Alemania al proponer que los inversores compartan los costes de la reestructuración de la deuda de los países mediante un procedimiento de renegociación que sería arbitrado por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE.