La
Comisión Europea insistió en que Irlanda no ha solicitado la
asistencia financiera de sus socios de la zona euro pese a que el
servicio de su deuda alcanza costes cada vez más insostenibles.
El Ejecutivo comunitario también reiteró que la Unión Europea tiene
los instrumentos necesarios en vigor para activarlos en caso de que esta
ayuda fuera finalmente solicitada.
"A día de hoy, Irlanda no ha pedido ninguna asistencia financiera a Europa", aseguró el portavoz comunitario Olivier Bailly.
"En caso de necesidad, y subrayo claramente que sólo en caso de
necesidad, el presidente (José Manuel Durão Barroso) ha confirmado (en
Seúl) que tenemos todos los instrumentos necesarios sobre la mesa debido
al problema que ya afrontamos en primavera con otro estado miembro
(Grecia)", añadió Bailly.
Las palabras del portavoz matizaron
las pronunciadas esta mañana en la cumbre del G-20 de Seúl por el
presidente de la Comisión Europea, quien afirmó que la UE "esta
vigilando día a día la situación" que atraviesa Irlanda y que cuenta con
los mecanismos necesarios para actuar si fuera preciso.
Los
mercados de deuda situaron hoy el bono irlandés a 10 años a un interés
récord del 8,9%, mientras su diferencial con respecto al alemán de
referencia superó los 600 puntos básicos, unas subidas que recuerdan las
registradas por la deuda soberana griega la pasada primavera, antes de
que los socios se vieran obligados a acudir en su ayuda improvisando un
mecanismo particular junto al FMI.
Sin embargo, el Gobierno
irlandés insistió hoy en que no ha perdido soberanía sobre su política
fiscal y que no necesita ayuda económica de la Unión Europea (UE) para
salir de la crisis.
Para "no fomentar la especulación", los
portavoces de la Comisión Europea se negaron a aclarar en público cómo
se aplicaría al caso irlandés la nueva Facilidad europea de estabilidad
financiera creada tras la crisis griega (EFSF, en inglés).
Según los documentos difundidos tras la aprobación de la EFSF, el pasado
9 de mayo, la concesión de los préstamos debe ser decidida por mayoría
cualificada por el Consejo de Ministros, después de que el país afectado
determine sus necesidades de financiación junto con la Comisión Europea
y el Banco Central Europeo, así como un programa de reformas
económicas.
A propuesta del Ejecutivo comunitario, los
ministros de los Veintisiete determinarían la cantidad máxima de ayuda,
el precio del préstamo, la duración de la asistencia, así como el número
de desembolsos y las condiciones asociadas al programa.
La
EFSF es un instrumento de carácter sólo temporal, hasta 2013, pero los
Veintisiete ya se han puesto de acuerdo en que la zona euro necesita una
herramienta permanente para afrontar futuras crisis de la deuda
soberana en uno de sus miembros.
Un mecanismo permanente de
ese tipo requerirá seguramente una modificación del actual tratado,
cuestión que está siendo analizada y que los líderes comunitarios
volverán a debatir a mediados de diciembre.
Los analistas han
relacionado la tensión existente sobre la deuda soberana de Irlanda y de
otros países periféricos de la zona euro, entre ellos Portugal y
España, con la incertidumbre que planea sobre los detalles de ese
mecanismo permanente que se quiere crear.
En particular,
Alemania presiona para que quede claro que los tenedores privados de
bonos del país en dificultades también tendrán que soportar los costes, y
perder una parte del valor de sus activos, en caso de reestructuración
de la deuda.
Este temor podría estar precipitando las órdenes de venta de los bonos irlandeses por parte de los inversores privados.
El próximo diciembre, la Comisión Europea deberá presentar propuestas
concretas sobre el funcionamiento del mecanismo permanente, mientras
que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, se encargará
de explorar la vía de la reforma del Tratado de Lisboa para ponerlo en
marcha.
Recientemente, el influyente centro de estudios
Bruegel, de Bruselas, se alineó con Alemania al proponer que los
inversores compartan los costes de la reestructuración de la deuda de
los países mediante un procedimiento de renegociación que sería
arbitrado por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE.
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