El gobierno de Javier Milei prepara dos proyectos para liberalizar el mercado de capitales y de seguros, con el objetivo de ampliar el financiamiento privado y canalizar hacia la inversión parte del ahorro que hoy permanece fuera del circuito formal. Las iniciativas integran un programa más amplio que incluye la nueva Carta Orgánica del Banco Central y el denominado “grillete fiscal”.
En el mercado de capitales, el mandatario trasandino prometió una “liberalización profunda” orientada a “correr al Estado del medio” y permitir que el ahorro vuelva a financiar proyectos productivos. Entre los cambios que adelantó figuran la emisión de bonos corporativos en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida, y una flexibilización del financiamiento colectivo, que a su juicio fue paralizado por un exceso de requisitos.
La reforma del mercado de capitales se tramitaría mediante una ley específica. Su contenido permanece bajo reserva y se conocería cuando el Ejecutivo presente el proyecto ante el Congreso.
Para Diego Traferro, analista financiero y especialista en gestión patrimonial de Capital Solutions, las medidas deben entenderse como una secuencia y no como cuatro proyectos separados. Mientras las reformas monetaria y fiscal buscan cerrar las fuentes históricas de inestabilidad — como el financiamiento del Tesoro y el déficit—, los cambios en capitales y seguros apuntan a ampliar la oferta de fondeo. El diagnóstico, sostuvo, se refleja en que el crédito al sector privado equivale a cerca de 12% del PIB argentino, frente a niveles superiores a 50% en Chile y Brasil.
El analista, sin embargo, advirtió a DF que la desregulación no bastará para generar por sí sola un sistema financiero más profundo. “La profundidad es consecuencia de credibilidad monetaria y fiscal sostenida en el tiempo. La desregulación remueve fricciones, pero no crea ahorro”, señaló.
En la misma línea, Miguel Boggiano, director de Carta Financiera, sostuvo que las iniciativas apuntan a llevar a Argentina hacia un modelo regulatorio basado más en la competencia y la responsabilidad de los participantes que en la autorización previa del Estado. “El verdadero desafío será garantizar reglas de juego claras y una supervisión eficaz sin volver a caer en un exceso de regulación”, afirmó.
¿Qué se propone en el mercado de capitales?
La reforma se insertaría en un proceso más amplio de liberalización promovido por el Gobierno y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Entre los cambios en discusión figuran la ampliación de los valores negociables para incorporar activos tokenizados, la autorización automática de determinadas emisiones y la habilitación de nuevos ámbitos digitales de negociación. También se contempla revisar el funcionamiento de los fondos comunes de inversión, los fideicomisos financieros y los warrants, además de redefinir algunas atribuciones del regulador.
La nueva iniciativa flexibilizaría las obligaciones negociables y las monedas o unidades en que pueden emitirse. Para Traferro, el principal avance estaría en el segmento PYME, porque permitiría “calzar moneda de facturación con moneda de deuda” y reducir “el costo y tiempo de acceso al mercado”.
El límite, advirtió, está en la demanda. Argentina carece de inversionistas institucionales de largo plazo y “no existe un equivalente a las AFP chilenas”, por lo que podría ampliarse la oferta de instrumentos sin que crezca en la misma proporción la base compradora. El resultado, sostuvo, serían emisiones con mercados secundarios ilíquidos, una formación de precios deficiente y, paradójicamente, un fondeo más caro.
Traferro también alertó que “menos regulación” no debe interpretarse como “menos supervisión”, ya que los estándares de transparencia y prevención del lavado son precisamente los que permiten atraer inversionistas extranjeros.
¿Qué cambios se contemplan a nivel de seguros?
En seguros, Milei propone que las compañías puedan diseñar y ofrecer productos sin autorización previa de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que concentraría su labor en controlar la solvencia de las empresas y proteger a los asegurados. El Gobierno espera que el nuevo esquema aumente la competencia, acelere la innovación, reduzca el costo de las pólizas y permita ofrecer coberturas más ajustadas a las necesidades de los consumidores.
Actualmente, los nuevos productos deben recibir el visto bueno del regulador antes de comercializarse y, una vez autorizados, pueden ser ofrecidos por cualquier aseguradora. Especialistas del sector sostienen que este sistema reduce los incentivos para invertir en el desarrollo de productos propios. El nuevo modelo permitiría que las compañías compitan no solo mediante precios, sino también a través de la innovación, la calidad del servicio y la confianza de los clientes en su capacidad para responder ante un siniestro.
Para Traferro, este esquema se ajusta a los estándares internacionales, pero su principal efecto podría extenderse más allá del propio sector: un mercado asegurador más desarrollado podría convertirse en el inversionista institucional de largo plazo que necesita el mercado de capitales para ampliar su base compradora.
La transición, sin embargo, impondrá mayores exigencias a la Superintendencia, ya que evaluar riesgos y vigilar la solvencia resulta más complejo que autorizar previamente las pólizas. Traferro alertó también sobre la posibilidad de que algunas compañías reduzcan excesivamente las tarifas para ganar participación, comprometiendo su posición financiera dos o tres años después.
El gremio advierte, sin embargo, que la desregulación será insuficiente si no se aborda la elevada litigiosidad y la carga tributaria. A septiembre de 2023 existían más de 518 mil juicios contra compañías, mientras que los impuestos representan entre un tercio y 40% del valor de algunas pólizas patrimoniales. Bajo la consigna “desregular el producto, pero no la solvencia”, plantea que la libertad debe concentrarse en el diseño de las coberturas, las tarifas y los canales de venta, sin relajar los requisitos patrimoniales ni las facultades de fiscalización del Estado. Traferro coincide en que, sin reducir los litigios y los impuestos, difícilmente se materializará la baja de costos prometida.
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