Por Brooke Masters en Londres
Los reguladores bancarios han tomado silenciosamente un importante paso hacia una regulación global armonizada, al acordar el alza de los requirimientos de capital en todo el mundo cuando un país individual declare una burbuja de crédito.
Parte del paquete de reforma bancaria mayor Basilea III, el colchón de capital contracíclico anuncia un gran cambio en la forma en que los reguladores de la banca nacional interactúan y es el primer ejemplo concreto de regulación macroprudencial que busca moderar el ciclo económico.
Esto es muy significativo, porque toma a la comunidad regulatoria a proteger la salud de todo el sistema, en lugar de sólo bancos individuales, dijo Paul Tucker, vicegobernador del Banco de Inglaterra, quien representa al Reino Unido en Basilea.
El acuerdo, que se alcanzó el mes pasado, dice que si un país decide que su economía está sobrecalentada en base al crédito como proporción del Producto Interno Bruto- puede requerir que los bancos dentro de sus fronteras mantengan capital extra frente a pérdidas potenciales. Los reguladores de todo el resto de los países tendrían que seguirlo e imponer un cargo proporcional a sus propios bancos, en base al tamaño de la exposición de esas instituciones al país con la burbuja.
Una vez que la burbuja estalla, los reguladores podrían reducir o remover el amortiguador, permitiendo que los bancos usen el capital extra para absorber las pérdidas.
Los 27 miembros del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea estuvieron de acuerdo con este pacto, el primero en su tipo, incluyendo a las mayores economías mundiales.
Han cruzado el Rubicon, afirma Barbara Matthews, una asesora regulatoria con base en Estados Unidos. Hasta ahora el comité de Basilea ha sido sobre la cooperación ex-ante, y hacer que los bancos sean seguros. Ahora están hablando de reciprocidad, y están implementando una serie de herramientas que desdibuja la línea entre regulación y política económica.
Nadie sabe cuán seguido serán usados los amortiguadores; en algunos países incluso no está claro quién los impondrá. La mayoría de los analistas asegura que es poco probable que entren en vigor hasta que el resto de los acuerdos de Basilea entren en efecto total en 2019.
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