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Publicado: Jueves 16 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
Por Hugh Carnegy
París
Las empresas francesas le pidieron al presidente François Hollande que cumpla su promesa de reformas aceleradas mediante acciones, diciendo que la economía tiene la necesidad urgente de medidas audaces para impulsar el débil crecimiento.
Hollande prometió el martes un recorte de 30.000 millones de euros (US$ 40.800 millones) en impuestos sobre la nómina como parte de un “pacto de responsabilidad” con las empresas para ayudar a aumentar la creación de empleo e impulsar la lenta recuperación de Francia.
Pierre Gattaz, titular de Medef, la federación de empleadores, dijo que el compromiso de Hollande con políticas del lado de la oferta era “un paso en la dirección correcta” que mostró que el gobierno socialista “ha captado la realidad de la economía francesa”. Gattaz comentó a periodistas que “fue un buen discurso, pero ahora necesitamos medidas que se deben poner en marcha con urgencia”.
“En particular, el presidente parece haber entendido que 2014 será un año crucial y que la incertidumbre y las políticas incoherentes arriesgan con poner en peligro la recuperación”, escribió Fabrice Montagne, economista de Barclays, en una nota a clientes. Sin embargo, agregó que “la elección de las palabras” de Hollande fue “más inspiradora que sus ‘nuevas’ medidas”.
El director ejecutivo de una de las principales empresas de Francia, que pidió no ser identificado, dijo que la iniciativa de Hollande era un “reconocimiento bienvenido” de que Francia estaba rezagado frente a otros países europeos. Añadió que era importante que el presidente hablara de la “absoluta necesidad” de reducir el gasto público y de cambiar el énfasis de las políticas basadas en la demanda por políticas basadas en la oferta. “Las palabras no son suficientes. Todo depende del ritmo, la calidad y la profundidad de la ejecución. La reacción de la comunidad empresarial debería ser para llamar la atención a su engaño”.
El biministro no comprometió plazos, pero dijo que avanza en la renegociación de los contratos con las concesionarias, una tarea que inició su antecesor Martín Arrau y donde se buscaba disminuir el precio en hasta 30%.
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