Los estados de Estados Unidos y las empresas que se oponen a la política climática emblema de Barack Obama buscarán que una corte la rechace en un caso que podría generar un vacío en los planes de reducción de emisiones estadounidenses.
El Plan de Energía Limpia, que busca frenar las emisiones de dióxido de carbono de generación eléctrica, está bajo cuestionamiento en 27 estados mayoritariamente controlados por los republicanos y liderados por Virginia del Oeste, así como por empresas y asociaciones industriales de minería del carbón, refinado de petróleo y manufacturas.
Los opositores a las regulaciones dicen que éstas violan el fundamento legal que usa la administración, la Ley de Aire Limpio de 1970, y también se contraponen a la prohibición constitucional que tiene el gobierno federal de EEUU de tomar decisiones sobre los recursos de los estados.
El caso está siendo observado internacionalmente, porque el Plan de Aire Limpio es un elemento central en el compromiso de reducir las emisiones de gas invernadero entre un 26% y 28% a 2025, que asumió Obama en los diálogos de París sobre el cambio climático el año pasado.
Patrick Morrisey, el fiscal general de Virginia Occidental –uno de los mayores estados productores de carbón en EEUU– describió el caso como "un momento crucial en la batalla contra la guerra de Obama y Clinton frente a las familias carboneras". Añadió: "esta norma ilegal devastará la industria carbonera y a todos quienes dependen de su éxito".
Otros estados, liderados por Nueva York y California, grupos de energía renovable y algunas compañías electricidad, apoyan los planes del gobierno.
Tom Miller, fiscal general de Iowa, quien es uno de los que apoya el plan, dijo: "esto es algo que hará una diferencia. Es lograble, es algo en lo que los estados y el gobierno federal pueden trabajar con mucho cuidado y por todas esas razones debería concretarse".
Las regulaciones, delineadas por la agencia de protección ambiental en agosto del año pasado, son el primer estándar amplio de emisiones de centrales energéticas que se adoptaría en EEUU.
Tienen por objetivo bajar las emisiones de dióxido de carbono de la generación eléctrica del 32% registrado en 2005 hasta 2030, haciendo que la industria gire desde las plantas de alta emisión –mayoritariamente carbón– hacia los de menores emisiones, como el viento, el sol y el gas.
En febrero, la Corte Suprema de EEUU suspendió la implementación de las regulaciones, a la espera de las decisiones judiciales sobre los desafíos que plantean los oponentes al plan, pero no entregó una visión sobre los argumentos legales.
El caso se presenta ante lo que se conoce como un panel "en banc" de diez jueces en la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia. El fallo se espera para fines de este año o el principio del próximo y podría pasar luego a la Corte Suprema.
El plan establece reducciones de las emisiones de dióxido de carbono de generación eléctrica en cada estado y luego dice que los estados deben especificar sus propias maneras de llegar a los objetivos o adoptar un programa impuesto por el gobierno federal. Los opositores a las regulaciones basan su postura en tres argumentos principales. Dicen que la EPA ha excedido su autoridad legal al imponer cortes en las emisiones en estados completos y no en plantas individuales y que el plan generaría una "doble regulación" de fuentes que ya están controladas.
También argumentan que el programa viola la Décima Enmienda de la Constitución de EEUU, que protege los poderes de los estados, porque el gobierno federal está intentando forzarlos y comandar sus recursos.
Si Donald Trump gana la elección en noviembre, ha dicho que él "rescindiría" el Plan de Energía Limpia y "cancelaría" el acuerdo climático de París.
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