Cientos de miles de personas se tomaron las calles de Santiago la semana pasada para protestar en contra del sistema privado de pensiones que muchos chilenos quieren desmantelar.
El clamor por seguridad para la vejez es la última señal de un problema global: planes de jubilación que amenazan con decepcionar, o incluso con la pobreza, a millones.
Chile se destaca, sin embargo, porque el programa introducido en 1981 por el dictador Augusto Pinochet siempre ha sido imitado desde hace años. Bolivia, El Salvador y México replicaron el sistema de cuentas individuales de pensiones.
El hecho de que se haya impuesto la desilusión obedece a un desafío familiar: las personas viven más y ahorran menos de lo esperado. Ello subraya que incluso sistemas de pensiones alabados tienen defectos. ¿Hay alguna vía mejor?
Olivia Mitchell, profesora de Wharton Business School en Estados Unidos, dice que una mejor educación podría ayudar. Aquellos que se quejan de que sus pensiones son bajas olvidan la parte pública o “solidaria” del sistema, agrega, y “si no contribuyeron durante toda su vida laboral, no conseguirán mucho del sistema”.
Se supone que los empleados chilenos contribuyen con una décima parte de su salario bruto a sus cuentas de pensiones.
Un sistema más exitoso basado en la obligatoriedad podría ser el de Australia, que exige a los empleadores aportar al menos el 9,5% de todos los salarios en un esquema de jubilación.
Su debilidad, sin embargo, es que la obligatoridad finaliza con el retiro, permitiendo a los ancianos gastarse sus ahorros. “Australia se equivocó al no dar los incentivos correctos cuando las personas llegan al retiro”, dijo John Ralfe, un consultor independiente de pensiones.
En el Reino Unido, en la práctica solía obligarse a los jubilados a comprar una anualidad, cambiando una suma por un ingreso de por vida. Pero vidas más largas y la caída de los rendimientos de los bonos han reducido los ingresos que esas sumas pueden comprar.
El gasto de proporcionar tales ingresos de jubilación está también en el centro de los desafíos que enfrentan los esquemas que ofrecen “beneficios definidos”, subrayados por BHS, una reconocida minorista que colapsó a principios de año, dejando un déficit de 571 millones de libras.
La mayoría de las empresas del sector privado han cerrado sus pensiones de salarios finales a los nuevos miembros, dejando a unos 11 millones de personas dependiendo de fondos con un déficit sumado de 1 billón (millón de millones) de libras, según la consultora Hymans Robertson. A medida que los ingresos de los bonos se reducen, significa que más dinero debe apartarse para pagos futuros.
Pocos pueden. “Necesitamos una revisión completa a la sustentabilidad de las pensiones”, dice Ros Altmann, ex ministra de pensiones del Reino Unido, quien trabajó bajo el gobierno de David Cameron. “Financiar esquemas de beneficios definidos en una era de bajas tasas es un pozo sin fondo”.
Los esquemas canadienses son bien vistos y bastante bien financiados. La gran mayoría de los trabajadores del sector privado, sin embargo, no son miembros, así que los esfuerzos de reforma se han enfocado en ampliar el acceso al plan.
En Holanda, en cambio, a la mayoría de los empleadores se les exige que haga grandes contribuciones a esquemas de beneficios definidos. Los reguladores han impuesto supuestos de financiamiento conservadores, pero también hay flexibilidad para bajar los beneficios, como muchos hicieron tras la crisis financiera de 2008 para reflejar las pérdidas.
Válvulas de seguridad como esa producen tensión entre jóvenes y viejos. “El gran problema es que con estos mecanismos colectivos, no hay claridad de quién es dueño del fondo”, dice la economista Ilja Boelaars.
Para diseñar un nuevo sistema, el desafío sería equilibrar mejor las características de los arriba descritos: obligatoriedad, flexibilidad, propiedad individual y compartir parte del riesgo.
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AFP
