El nuevo gasoducto que unirá el yacimiento de Camisea con las regiones del sur de Perú requerirá una inversión de US$ 6 mil millones, convirtiéndose de esta manera el mayor proyecto realizado hasta la fecha en el país andino.
La importancia de la inversión se refleja también en el impacto que tendrá sobre la economía. El ducto que enviará el gas natural a través de la Sierra peruana desde Camisea, en Cusco, hasta el puerto de Ilo en el sur del país, impulsará directamente el crecimiento del PIB a través del mayor gasto de infraestructura, pero también tendrá un efecto indirecto, con una serie de proyectos industriales que estarán asociados con el trazado.
“El proyecto elevaría el PIB de Perú entre 1 y 2,5 puntos porcentuales y la tasa de crecimiento del PIB subiría hasta 2018, que es el período del proyecto, por entre 0,4 y 2,1 puntos porcentuales”, indicó Ricardo Campins, gerente de Relaciones Institucionales de Kuntur, filial de la firma de ingeniería brasileña Odebrecht, a cargo del proyecto.
Eso, en una economía que viene creciendo a una tasa anual promedio cercana a 6,5% durante la última década, una de las más rápidas en América Latina.
El proyecto sería financiado en 70% por deuda, mientras que 30% vendrá del capital de Kuntur, que rodea actualmente los US$ 2.500 millones.
“De contar con el financiamiento necesario, pudiéramos estar arrancando en el segundo semestre de este año con las actividades preliminares para el desarrollo del proyecto y estar iniciando la construcción hacia finales de este año o inicios del próximo”, indicó Campins.
El más grande del país
Odebrecht, que controla 100% de Kuntur, había dicho en abril que el gasoducto de 1.000 km iniciaría su construcción en junio y que costaría US$ 5.000 millones, lo que equiparó el costo al del proyecto aurífero Minas Conga, en Cajamarca, de la estadounidense Newmont (ver recuadro).
“Este es un proyecto enorme, podría ser el proyecto más grande jamás visto en el país”, aseguró Campins durante en una conferencia energética, citado por Reuters. “Esperamos que prestamistas multilaterales jueguen un rol importante” en el financiamiento.
El gasoducto está alimentará un cluster de plantas petroquímicas en la costa del Pacífico peruano que necesitarían miles de millones más en inversiones. Las plantas transformarían el gas natural en explosivos y fertilizantes. Según Campins, la inversión total que demandará el Proyecto Integrado Gas Sur del Perú, incluyendo el gasoducto y la petroquímica, podría ascender a US$ 8.544 millones.
No obstante, el ejecutivo explicó que la petroquímica dependerá de las reservas actuales de gas que posee Perú. “El escenario de reserva que tenemos hasta ahora es de 3 billones (millones de millones) de pies cúbicos (TCF) y de mantenerse este panorama el proyecto continuaría hasta la costa ya no con dos ductos, sino con uno solo. En este escenario de reservas no se justifica la instalación de una planta petroquímica y en consecuencia no se construiría el ducto de líquidos hasta la costa”, señaló.
El proyecto minero que tiene a Perú en estado de Emergencia
Mientras las autoridades en Lima celebran los avances del gasoducto en Camisea, otros proyectos de inversión extranjera generan más polémica. Ayer cientos de manifestantes desafiaron el estado de emergencia impuesto por el gobierno peruano en el norte del país, enfrentándose con la policía durante protestas contra el proyecto minero de la estadounidense Newmont, que dejaron en la víspera tres muertos y más de 20 heridos.
La policía detuvo a uno de los principales activistas de las protestas, el ex sacerdote Marco Arana, en momentos en que acompañaba a manifestantes en la plaza principal de la región de Cajamarca, dijeron representantes del dirigente.
El estado de emergencia, que autoriza a los militares a restablecer el orden público y restringe la libertad de los ciudadanos, fue decretado el martes por Lima tras el episodio más violento contra el proyecto de oro y cobre Minas Conga de Newmont Mining. Los trabajos habían estado parados desde noviembre por una sucesión de protestas de pobladores que temen que dañe sus fuentes de agua y contamine la región de Cajamarca.
Hace casi dos semanas, Newmont anunció que aceptaba las recomendaciones de un equipo de peritos para implementar un plan de mitigación más estricto. El presidente Ollanta Humala, que garantizó el respeto al agua y el desarrollo responsable de Minas Conga, había advertido a los manifestantes que no toleraría actos violentos contra la propiedad privada y pública.
A fines de mayo, otra protesta contra la transnacional Xstrata por un mayor aporte económico para la zona de Espinar donde opera, dejó dos muertos.
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