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Publicado: Jueves 27 de junio de 2013 a las 05:00 hrs.
Los funcionarios públicos que traben las inversiones en el país serán sancionados de manera progresiva, desde una amonestación hasta con 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a 74 mil soles (unos US$ 26.500), sin perjuicio de responsabilidad administrativa, civil o penal, señaló ayer el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla.
Durante la sustentación del segundo paquete de medidas para dinamizar la inversión ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, dijo que la intención es proteger la actividad empresarial frente a los requisitos, trámites, cobros u otras restricciones o barreras burocráticas ilegales o irrazonables.
Afirmó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual podrá iniciar procesos de oficio frente a los casos de infracción de los funcionarios y podrá usar información entregada por colegios profesionales, gremios empresariales, asociaciones de consumidores, entidades estatales y el Consejo Nacional de la Competitividad.
También indicó que se va a promover el pronto pago del Estado a sus proveedores, fomentándose el pago oportuno.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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