La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, planteó un serio reto a los partidos tradicionales y propuso un plebiscito para concretar una postergada reforma política, que es una de las tantas demandas de las protestas que se extienden por el país.
“Quiero proponer un debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice el funcionamiento de un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país necesita”, dijo Rousseff en una reunión con alcaldes y gobernadores, convocada para analizar lo que calificó de “delicado momento” para Brasil.
La jefa de Estado admitió que la reforma política, que es una de las tantas exigencias de las multitudinarias manifestaciones, “entró y salió muchas veces” durante “las últimas décadas” de la agenda del Parlamento, en el que muchos sectores la resisten.
La figura del plebiscito, que en los últimos años ha sido usada en Venezuela, Bolivia y otros países de la región, está contemplada en la Constitución brasileña, pero desde 1993 sólo ha sido utilizada dos veces para resolver asuntos de dimensión nacional.
La primera fue hace dos décadas, cuando los brasileños rechazaron un posible regreso del régimen monárquico abolido en 1889, y la otra en 2005, cuando votaron en contra de prohibir el comercio de armas de fuego.
Ataque a corrupción
En la propuesta del plebiscito Rousseff enmarcó la lucha contra la corrupción, que es otra de las demandas de las manifestaciones, y planteó que los delitos que impliquen dinero público sean castigados “con penas severas, mucho más severas” de las que hoy existen.
Planteó además un gran “pacto nacional”, que implica la reforma política y acciones inmediatas para mejorar los servicios públicos, el transporte, la salud pública, la educación y, además, mantener la responsabilidad fiscal y el combate a la inflación.
En esas propuestas, recogió muchas de las quejas de una sociedad de la cual afirmó que ha “avanzado mucho” en los últimos años, pero que ahora está en la calle exigiendo “más ciudadanía” y que “los cambios continúen, se amplíen y sean aún más rápidos”.
Sobre el transporte, que está en la órbita municipal y regional, propuso a alcaldes y gobernadores que estudien alternativas para reducir aún más impuestos a ese sector, como ya hace el gobierno federal.
Para atender las demandas de transporte más barato, anunció una próxima eliminación de impuestos federales al diesel que usan los autobuses y a la electricidad que mueve los metros y los trenes.
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