El proyecto de reactivación y reconstrucción del gobierno cuenta con el apoyo transversal del mercado financiero. Y no solo por la aplaudida medida de eliminar el impuesto a la ganancia de capital para las acciones con presencia bursátil, sino que también porque a juicio del socio principal de KPMG Chile, Francisco Lyon, la iniciativa generará más crecimiento, inversión y empleo.
“Llevamos más de una década con crecimientos magros, tenemos problemas de empleo y se necesitan hacer cambios urgentes para que cambie esa inercia”, afirmó Lyon en entrevista con DF.
- ¿Cómo analiza el foco del proyecto?
- El foco es el crecimiento y la creación de empleo. Desde esa perspectiva, es lo que estábamos esperando.
Este no es un proyecto para los ricos; es una iniciativa para la prosperidad de nuestro país y, principalmente, de la clase media y de los más pobres.
- De acuerdo con el informe financiero de la iniciativa, recién en 2035 el mayor PIB compensaría los menores ingresos fiscales por la baja de impuestos ¿No le parece un tiempo excesivo?
- Lo importante entender que el propósito real de esta reforma es retomar la agenda de crecimiento y generación empleo.
Además, las medidas propuestas no parten desde cero. Se está haciendo después de una década de intentos y leyes cuyos resultados no han sido lo que se esperaban.
Asimismo, existe un espacio gigante para eficientar el gasto público y debemos reformar el Estado en términos de su optimización y modernización, creando una institucionalidad que sea permanente en el tiempo.
Sumando todo lo anterior, cuando se bajan los impuestos se puede aumentar la base sobre la cual se aplica dicho impuesto, generando mayores beneficios para todas las personas.
“La agilización de proyectos es vital. No podíamos seguir con el estándar que teníamos (...) Acortar y simplificar los procesos de permisología es urgente”.
- ¿Cree que la invariabilidad tributaria para inversiones de US$ 50 millones se traspasará en crecimiento?
- Algo que se repite entre los inversionistas es la necesidad de volver a los altos estándares de seguridad jurídica que por muchos años caracterizó a Chile en la región.
El proyecto avanza en la dirección correcta como una señal positiva hacia la gran inversión y en ningún caso se trata de “renunciar a la soberanía”, sino que solo se busca un mayor marco de seguridad jurídica. Además, la experiencia con el antiguo DL 600 fue muy positiva.
Responsabilidad estatal
- El proyecto también busca limitar la judicialización de iniciativas medioambientales y dota con mayores atribuciones al SEA. ¿Qué le parece?
- La agilización de los proyectos es vital. No podíamos seguir con el estándar que teníamos. Estamos hablando de proyectos grandes, muy significativos y cuando existe el nivel de demora que estábamos teniendo, se terminan desincentivando muchos de los proyectos en beneficio del país.
Por otro lado, acortar y simplificar los procesos en materia de permisología es urgente, porque una cosa es la burocracia administrativa y otra es la eficiencia: perfectamente se pueden alcanzar los mismos niveles de eficiencia con menos burocracia administrativa. Y eso es lo que busca este proyecto.
También es muy positiva la medida que establece una restitución de gastos cuando una empresa que obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -después de todo el proceso que eso significa- y luego es anulada judicialmente, el Estado también sea responsable.
Es una señal potente y novedosa para los inversionistas. Y, también, es un llamado a la responsabilidad de todas las autoridades que intervienen en este proceso, incluyendo el ámbito jurisdiccional.
Desafío comunicacional
- ¿Qué grado de éxito le ve a la iniciativa, considerando que las encuestas rechazan disminuir la carga tributaria a las empresas? Asimismo, las PYME han reiterado su llamado a mantener su tasa de impuestos en 12,5%.
- Tengo toda la esperanza de que, en el período que viene, esta reforma se pueda comunicar adecuadamente respecto de su importancia; se pueda convencer de todo lo positivo de esta iniciativa más allá del discurso facilista de decir que esta es una reforma para los más ricos.
Sin embargo, cuando uno hace doble o triple click y analiza los fundamentos que hay detrás de cada medida, -más allá de la dificultad de explicarlo-, este es un proyecto positivo para el país.
Por ello, no basta con que el gobierno despliegue todo su buen actuar. Quienes estamos convencidos de que este es un buen proyecto, tenemos la responsabilidad de entenderlo, transmitirlo adecuadamente y hacer nuestros mejores esfuerzos para comunicarlo.
“No se debe llegar a un mal acuerdo”
- ¿Cuáles deberían ser las “líneas rojas” del gobierno y en qué aspectos podría ceder para sacar adelante esta mega reforma?
- Lo que no puede ocurrir es que, por llegar a un acuerdo se llegue a un mal acuerdo, es decir, que por llegar a un acuerdo se desfigure el objetivo principal que tiene este proyecto, que es el crecimiento y el empleo.
Siempre hay espacios de mejora y ajustes. Eso va a ocurrir, pero una cosa distinta es que se desfigure el objetivo principal y que, por ejemplo, finalmente no se rebaje el impuesto corporativo, la simplificación de la permisología y la reintegración del sistema tributario.
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