Una de las sorpresas que trajo el proyecto que busca modificar la Ley General de Bancos y que actualmente se discute en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue la posibilidad de construir capital en la banca por hasta 1,5% a través de la emisión de bonos perpetuos.
Instrumentos relativamente nuevos en el mercado de capitales globales, que se caracterizan por no tener fecha de vencimiento o ser a muy largo plazo, además de ser emisiones cuyos intereses se pagan de forma indefinida y además no tienen la obligación contractual de pagar la totalidad de la emisión de deuda.
La iniciativa impulsada desde Hacienda es acogida por el mercado positivamente. Thomas Born, analista del sector bancario de DVA Capital estima “que existiría potencial de un mercado de bonos perpetuos de entre US$ 3.300 millones y US$ 8.700 millones”.
En esa misma línea, Born agrega que “existen inversionistas institucionales en Chile cuyo perfil de inversión calza con los bonos corporativos de alta duración y de hecho son los principales demandantes de este tipo de instrumentos. Dado esto, sin duda es esperable que exista mercado para bonos de aún mayor duración”.
Otra de las razones por la cual se aprecia un potencial de mercado según Born, es que de acuerdo a los datos de la Bolsa de Comercio de Santiago, el stock de bonos corporativos alcanza los US$ 78.500 millones, donde el 60% corresponde a emisiones bancarias. De esa forma, indica, los bonos bancarios perpetuos “podrían llegar a representar entre un 7% y un 16% de los bonos de dicho sector”.
Mientras, respecto de cómo se incorporarán estos instrumentos a nivel local, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado, explica que “se enviará una nueva ley que crea este mercado en el que podrán invertir inversionistas institucionales, como AFP y compañías de seguros”.
Desde el punto de vista de los inversionistas, dichos instrumentos son fáciles de valorizar e incluso un bono a 100 años podrían tener un similar comportamiento a uno de 30 años, según un estudio de IESE.
No obstante, los accionistas se verían limitados en la capacidad de pago de dividendos, como también restringidos en la generación de utilidades retenidas del banco, para fortalecer los ratios de capital básico a futuro.
La experiencia internacional
Chile de alguna forma se une a otros países que también posibilitan a los bancos a construir capital mediante bonos perpetuos, replicando la experiencia de países como Estados Unidos, Reino Unido y España en esta materia.
Sin embargo, existen otros mercados como el australiano donde las autoridades del Banco de la Reserva de dicha nación, son más reticentes y restringen a que la industria bancaria utilice capital híbrido.
Las razones que esgrime el órgano australiano se debe a las desventajas que producen este tipo de bonos, debido a una serie de riesgos que conllevan, como el incumplimiento de pago al no existir una obligación contractual. Además, podría encontrarse frente a un problema en que las tasas de interés a corto plazo se encuentren más altas que las de largo plazo.
S&P valora nueva Ley General de Bancos
En un informe, S&P Global Ratings valoró la iniciativa impulsada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de haber enviado al Congreso la modificación a la Ley General de Bancos. No obstante, la clasificadora de riesgo declara que "esperamos que los aspectos más específicos de estos cambios se cubran con normativas emitidas por el regulador, lo que permitirá que pueda reaccionar más rápidamente para adaptar la regulación local a los cambios en el mercado".
A pesar de que Chile está en pleno debate la implementación de los estándares de Basilea III, S&P ubica al país en el grupo tres en el análisis de riesgos en la industria bancaria, obteniendo la evaluación más alta de América Latina. Esta valoración, según la compañía, refleja la sólida cobertura que tiene la SBIF sobre el sistema financiero, como además considera "el sólido historial y capacidad del regulador para mantener la estabilidad en el sistema financiero".
No obstante, la clasificadora advierte que a pesar de que el regulador indica que cinco bancos requerirán recaudar US$ 3.900 millones para la adopción de Basilea III, "no parece considerar la sustitución de los instrumentos de nivel 2, los cuales se espera que mantengan la misma estructura", concluyendo que en otros países sí existe.
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