Lo que está sucediendo con el caso de Alberto Chang y los cargos que le fueron levantados por la SEC de Estados Unidos (símil de la SVS local), es lo que podríamos definir como una clara muestra de la llamada eficiencia norteamericana.
Porque si el 1 de diciembre la autoridad del mercado de valores de ese país informó las acusaciones en contra del fundador del grupo Arcano por supuesto fraude, engaño a clientes, entre otros hechos el 6 de enero fue ingresado un escrito con el acuerdo al tribunal que lleva la causa en Florida.
Y ya el próximo lunes, la corte definirá si aprueba o no el acuerdo, junto con abordar las eventuales indemnizaciones civiles que debería pagar el chileno, a quien se le acusa de defraudar a miles de inversionistas, por un monto total cercano a los US$ 100 millones.
Un acuerdo a lo Bilbao
Lo primero que define el documento es que el consentimiento de Chang Rajii no se traduce en que admita o niegue las alegaciones, aunque de todas formas le estaría prohibido señalar en cualquier otro proceso, que éstas eran falsas.
Algo similar al acuerdo al que llegó el empresario Juan Bilbao con la SEC por el uso de información privilegiada en la compra de acciones de CFR, por el cual luego fue multado por la SVS en Chile.
Por otro lado, manifiesta las intenciones de restituir los dineros. “La Comisión solicita, respetuosamente, que se resuelvan todas las cuestiones de responsabilidad contra los demandados, sin necesidad de juicio”, consigna el regulador, agregando que la intención de las partes es resolver las cuestiones de responsabilidad mediante la liquidación de activos y bienes, para reducir la necesidad de nuevos litigios.
Esta enajenación se encuentra actualmente en proceso de negociación.
Por ello es que el regulador perseverará en la petición de que el tribunal designe, para los afectados por Onix y Alberto Chang, una especie de receptor, cuyo objeto es que se realice un programa ordenado de venta de activos, lo cual no debe confundirse con una quiebra. Se espera que en la próxima audiencia del 23 de enero en EEUU se designe al receptor.
Prohibición para todo
Según el documento, a partir de la fecha en la que la Corte le dé el visto bueno al acuerdo, Onix Capital y Alberto Chang tienen prohibido ofrecer o vender cualquier tipo de valor o instrumentos de inversión.
Además, no podrán usar ningún medio para comunicar “oportunidades de inversión”, o para obtener dinero o propiedades. Junto con lo anterior, tendrán prohibido hacer cualquier tipo de declaración falsa o participar en cualquier tipo de transacción, práctica o negocio que opere o podría operar como un fraude.
Y así como antes el “gancho” para atraer inversionistas era que Chang Rajii había sido uno de los primeros inversionistas en Google, mientras realizaba un MBA en Stanford -ambos hechos falsos-, la SEC pide que se le prohíba que, directa o indirectamente, se cree alguna falsa apariencia o engaño sobre alguna persona, o comunicar cualquier documento, material o información falsa, escrita u oral, a algún inversionista o posible inversionista. Esto aplica a cualquier persona relacionada con Onix Capital.
Extradición pendiente
Por otro lado, el pasado 4 de enero se llevó a cabo la última audiencia en Malta para definir el proceso de extradición del otrora amigo de Richard Branson.
Según medios de ese país, los abogados que defienden al chileno, alegaron estar “confundidos” por lo que describieron como el incumplimiento por parte de las autoridades chilenas para identificar transacciones sospechosas entre los cientos de miles que habían enviado como prueba.
El juez que lleva la causa, envió un nuevo cuestionario a las autoridades chilenas, para así poder tomar una decisión, lo cual podría ocurrir el 30 de enero, en la próxima audiencia.
Lo que reclamó la defensa de chang en malta
En la última audiencia del caso, realizada el 4 de enero pasado, los abogados defensores Stefano Filletti y Stephen Tonna Lowell pidieron aclaraciones sobre una serie de aspectos de la solicitud de extradición de Chile.
La primera era si el fraude había sido incluido o no como un delito de clasificación para el lavado de dinero en el momento en que fue presuntamente cometido. La segunda, si estaba la posibilidad de un conflicto de intereses por parte del juez chileno. Según informaron en esa oportunidad, los fiscales en Chile habían confirmado que Chang Rajii había presentado una solicitud de sustitución del juez, la que no fue resuelta.
Y finalmente, dijeron que resultaba "irónico" el hecho de que el presunto lavado de dinero se llevó a cabo a través de transacciones entre bancos, que tradicionalmente tienen fuertes controles para prevenirlo.
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