La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Investigadora relativa a la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia, creada en octubre de 2018.
El texto da cuenta que luego de la reforma previsional de 2008, hubo importantes cambios que obligaron a las AFP a licitar el seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) en forma conjunta, y separada por sexo y grupo etario. Sin embargo, con posterioridad a 2009, la Fundación Valídame denunció la denegación de acceso a pensiones de invalidez para trabajadores cubiertos por el seguro.
El informe estableció la existencia de “procedimientos de agendamiento de horas que obstaculizan el acceso a las solicitudes, entrega de información insuficiente a los afiliados sobre sus derechos durante el procedimiento y debido a la participación y derechos que la ley les confiere a las AFP y aseguradoras, estas industrias ejercen un control sobre el sistema y las tasas de acogidos al seguro”.
Crítica a fiscalizadores
El texto cuestiona que, a pesar de haber sido puestas en conocimiento de varios ministerios, entidades fiscalizadoras y autoridades, “hasta la fecha no ha existido un pronunciamiento” sobre estas irregularidades.
También se establece que la Superintendencia de Pensiones, a través de diferentes normativas, “habría contribuido y autorizado a las AFP para establecer trámites y requisitos más allá de los que establece la ley, que obstaculizan el acceso al trámite de la pensión de invalidez”.
Finalmente, el texto propone mejoras, entre las cuales se encuentra suprimir la participación de la Asociación de AFP y de Aseguradores en la comisión técnica de invalidez; y solicitar al Ejecutivo la presentación de proyectos de ley que definan un nuevo mecanismo de integración de dicha comisión; y de financiamiento público de las comisiones médicas regionales y la comisión médica central.
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