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REGÍSTRATE AQUÍEl regulador consideró insuficientes las medidas propuestas por la auditora.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 8 de febrero de 2013 a las 05:00 hrs.
Los cuestionamientos de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a Deloitte por su relación con Bice Vida no paran. Ahora, el regulador respondió a la auditora rechazando sus dos propuestas planteadas con las que pretendía subsanar posibles conflictos de interés, a raíz del arriendo de un edificio a la compañía de seguros.
La semana pasada la firma había propuesto a la SVS que “el pago de cualquier contingencia económica, de la naturaleza que sea, lo haga siempre Deloitte, en su calidad de arrendatario”. Además, proponía entregar la administración del contrato de arriendo del edificio a un “fideicomiso ciego”.
Sin embargo, el regulador consideró que las propuestas de la firma no eran satisfactorias y aseguró que las medidas “no resuelven la causalidad de falta de independencia”. Incluso la SVS fue más allá y en un oficio firmado por el superintendente subrogante, Osvaldo Macías, agregó que “aún permanece la relación contractual significativa entre Deloitte y Bice y su grupo empresarial”, extendiendo de esta forma el conflicto a todas las empresas del grupo Matte auditadas por la firma, las que según fuentes de mercado, le reportan ingresos anuales por más de UF 20 mil al año.
En la propuesta de Deloitte a la SVS, incluso se había planteado la posibilidad de poner fin a la auditoría de los estados financieros de Bice Vida, como última opción, en caso de no ser consideradas suficientes las dos antes propuestas. Sin embargo, el regulador sostuvo que el eventual conflicto de interés “no se circunscribe a la entidad auditada, sino que se extiende a las entidades de su grupo empresarial”.
Montos cuestionados
Desde un comienzo la SVS cuestionó el “vínculo de largo plazo” existente entre Bice Vida y Deloitte, por el contrato de arrendamiento por quince años, “prorrogable por diez años más”. Asimismo, puntualizó en que la renta anual asciende a más de
UF 123 mil, lo que representa un 7% de los ingresos de explotación de la auditora y el 26% de su patrimonio, para el ejercicio 2011.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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