La reforma previsional sigue avanzando con temas que no generan mayor discusión, como aumentar el tope de cotización, el seguro ante lagunas previsionales y un mecanismo simplificado para independientes, entre otros. Parece una acertada decisión comenzar con los puntos en que pudiere existir mayor consenso.
Sin embargo, dentro de poco se deberán ver los demás temas. Uno de ellos será la fórmula de un “préstamo solidario” de 2% de los puntos de cotización adicional. Estos fondos se destinarán al pago de prestaciones al actual sector pasivo y se señala que sería devuelto con una tasa de interés de UF más 2% anual. Dichos recursos, extraídos de las cotizaciones de los trabajadores, permitirían al Estado financiar diversas prestaciones a los actuales pensionados, generándose la denominada “solidaridad en lo contributivo”. Hoy, nuestro sistema ya es solidario, pero con una solidaridad que no se financia con cargo a las cotizaciones.
¿Son justas las condiciones que se pretenden imponer vía ley para el sector activo, que verá disminuido su ahorro personal en esos dos puntos?
Desde el punto de vista del Estado, parece todo muy conveniente. Se estaría obteniendo, forzosamente, un préstamo en condiciones que no se encuentran disponibles en el mercado, y el Fisco se ahorraría los intereses que pagaría si se financiara por un crédito común. A cualquiera le gustaría acceder a cuantiosos recursos en esas condiciones.
En el otro lado de la moneda, desde el punto de vista del cotizante al que se pretende descontar, forzosamente, estos dos puntos, el retorno ofrecido no compensa la pérdida de rentabilidad. Acorde con al informe al mes de agosto de 2024 de la Superintendencia de Pensiones, la rentabilidad real del Fondo C, desde 2002 a 2024, es 4,12%; mientras que el acumulado este año es 4,17%. En otras palabras, a todos los trabajadores a los que se les descuenten esos dos puntos, para luego devolvérselos con un exiguo 2%, se les privará de la diferencia entre ese guarismo y la rentabilidad real del sistema, lo que equivale a decir que esa diferencia será “expropiada” para financiar políticas sociales.
El préstamo pretende proveer al Fisco de recursos a bajo costo, que serán restados de las cotizaciones de los trabajadores formales, a quienes se dará un retorno muy inferior al que habrían tenido de haberse invertido este en sus cuentas individuales. Si ya es dudosa la justicia de forzar una solidaridad desde los cotizantes a los pensionados de hoy, más dudas ofrece un “descuento solidario” desde los cotizantes al Fisco. Además, claramente, no está balanceada la propuesta, si es que el único que paga esta solidaridad es el sector activo formalizado, es decir, poco más del 70% de los actuales trabajadores.
Para más remate, tampoco hay mayor seguridad en la devolución de ese préstamo a los cotizantes, sensación que se pensaba superada luego de que la idea de las “cuentas nocionales” del proyecto original fueran desechadas por su falta de apoyo político y, por lo mismo, una cosa del pasado.
Pareciera ser que, por ahora, no hay mejor y más justa manera de financiar la solidaridad que hacerlo entre todos, con cargo a impuestos generales.
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