Fue una denuncia individual -no un operativo masivo- la que terminó por destapar uno de los casos más sensibles de presunta colusión en mercados regionales de la última década. José Reinaldo Hernández acudió a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en julio de 2020 con un relato que, en ese momento, parecía difícil de probar: empresas procesadoras de centolla en Magallanes estarían coordinando, año a año, el precio de compra del recurso a los pescadores artesanales.
Hernández, asesor laboral, asumió con la FNE un “acuerdo de caballeros” que consistía en mantener silencio para no estropear las investigaciones. Tras cinco años de pesquisas, la FNE presentó el año pasado un requerimiento formal ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) junto al expediente que describe un mecanismo sistemático de coordinación de precios entre 2012 y 2021. La FNE solicita multas por más de US$ 54 millones a las siete empresas involucradas, y más de US$ 440 mil a los ocho ejecutivos responsables.
Cuando el caso entra en una fase decisiva -este jueves se realizará ante el TDLC la audiencia de presentación de pruebas-, el denunciante habló en exclusiva con DF Regiones, describiendo un mercado donde la competencia estaba ausente, lo que generó un perjuicio a los pescadores artesanales de la Región de Magallanes.
“En Porvenir, el pescador salía a ciegas. Pasaban cinco meses en el mar y entregaban la centolla sin saber el precio. Recién con el producto en la planta, las siete empresas imponían un valor uniforme. No había dónde más ir: eran ellas o nada”, recuerda.
US$54 millones es la multa exigida por la FNE a las siete empresas involucradas en la investigación.
Poder negociador
La investigación de la FNE establece que las empresas Eldap, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, PMPW, Proyecta Corp, Bahía Chilota y Bakkavör controlaban entre 81% y 88% del mercado. La Fiscalía detalla que los precios se fijaban mediante “contactos frecuentes” para asegurar que ninguna planta compitiera por el recurso.
“Son las siete empresas las que compran, no hay más. Ellas saben de esa debilidad y pagaban lo que querían. Nosotros sentíamos que ellas sabían lo que conversábamos. Si pedíamos un peso más, la respuesta era un no rotundo y coordinado en todas las puertas”.
La FNE incluso documenta casos en que ejecutivos verificaban rumores de alzas para evitar “romper” el acuerdo, reduciendo la incertidumbre propia de un mercado competitivo. “Había colusión telefónica. Los gerentes usaban reuniones presenciales, correos electrónicos, llamadas y WhatsApp para coordinar los precios y neutralizar cualquier intento de competencia. Si un pescador reclamaba, ellas ya se habían puesto de acuerdo para aguantar el precio bajo”, dice el denunciante.
“El daño no es solo un precio más bajo. Es la pérdida de poder de negociación de toda una cadena productiva”, sostiene Hernández, y agrega un elemento estructural: “Quienes controlan el transporte marítimo también habilitan a los pescadores con anticipos. Eso los obliga a operar durante meses y a entregar su captura bajo condiciones ya impuestas”.
Subsidio estatal
Tras la presentación del denunciante, una de las empresas involucradas -Bakkavör- se acogió a delación compensada, mecanismo que permite reducir o eximir sanciones a cambio de antecedentes. Este cruce de fuentes -denuncia más delación- permitió a la FNE avanzar en diligencias intrusivas, incluyendo interceptaciones telefónicas. “Cuando una empresa decidió hablar, todo empezó a calzar. Lo que antes era intuición, pasó a ser evidencia”, explica Hernández.
El caso abre un flanco adicional: el rol del Estado en zonas extremas, puesto que varias de las empresas involucradas acceden a beneficios de la Ley Navarino, diseñada para fomentar el desarrollo en territorios aislados. “En la práctica, si pagaban $ 5 mil el kilo, a la empresa le costaba solo $ 2.500 porque el resto lo ponía el Estado. Mientras ellas recibían ese dinero, a los pescadores les pagaban cerca de US$ 1,5 por kilo, cuando el valor de exportación en los mercados asiáticos y europeos superaba los US$ 50”.
Indemnizaciones
“Cuando presenté la denuncia en 2020, lo hice solo. Otros dirigentes no se atrevieron por temor. Y tenían razones, porque una de las empresas se querelló en mi contra por calumnias para amedrentarme. Afortunadamente, la fiscalía no les dio lugar”.
También hay críticas a las autoridades. “Una exgobernadora de la provincia terminó como gerente de una de las plantas coludidas. Cuando ves a una exautoridad en la gerencia de una de las firmas del cartel, entiendes por qué el eslabón de la fiscalización falló. No hubo voluntad de proteger a la gente, sino de proteger el negocio”.
El requerimiento de la FNE identifica con nombre y apellido a los ejecutivos coordinadores. Entre ellos destaca Catalina Besnier, señalada por su participación activa en la red de contactos entre competidores mientras ejercía cargos gerenciales en la industria.
Para Hernández, la resolución del TDLC no solo definirá sanciones, sino que también podría marcar un precedente para este tipo de acciones en mercados regionales: “Ahora son alrededor de 200 pescadores organizados para demandar una indemnización de perjuicios. La multa de la FNE va al Fisco, pero queremos que se indemnice por lo que no fue pagado desde 2012”.
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