El caso por presunta colusión en el mercado de la centolla en Magallanes entró este jueves en su fase probatoria en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) exhibiera formalmente el expediente de su investigación.
La audiencia de exhibición de documentos, que fue encabezada por el ministro Ignacio Parot y a cuya acta tuvo acceso DF Regiones, marcó el inicio de una etapa clave del proceso y dejó en evidencia las primeras discrepancias entre la Fiscalía y las empresas requeridas respecto del volumen y alcance de la prueba incorporada.
La diligencia reunió a los apoderados de las partes involucradas en la causa Rol C-540-25, en la que la FNE acusa a siete empresas y ocho ejecutivos de coordinar precios de compra del recurso entre 2012 y 2021.
Expediente masivo
Durante la audiencia que se extendió por cerca de 52 minutos, la FNE detalló la composición del expediente que sustenta su requerimiento y entregó un disco duro con la totalidad de los antecedentes. El núcleo de la investigación incluye 1.536 archivos correspondientes al expediente principal, y 394 archivos vinculados a la delación compensada, registros de medidas intrusivas y transcripciones de declaraciones prestadas durante la investigación.
Entre los elementos más sensibles destacan las medidas intrusivas autorizadas judicialmente. La FNE incorporó 170 comunicaciones telefónicas, además de 55 documentos derivados de diligencias de entrada, registro e incautación.
Las pruebas también incluyen información extraída desde dispositivos y correos electrónicos proporcionados por el "delator", a partir de imágenes forenses de equipos. La Fiscalía solicitó mantener bajo reserva los documentos identificados como confidenciales, petición que quedó pendiente de resolución por parte del tribunal.
Primeras tensiones
La audiencia también dejó en evidencia las primeras diferencias entre la FNE y las defensas respecto del alcance de la prueba exhibida.
Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando la defensa de Proyecta Corp S.A. cuestionó la discrepancia entre las cifras de documentos reportadas anteriormente por la Fiscalía. Según señaló el apoderado de la firma, la FNE había mencionado inicialmente cerca de 58 mil documentos, mientras que en la audiencia solo se informaron aproximadamente 2 mil.
Según el acta, la Fiscalía sostuvo que solo los archivos efectivamente "extraídos" y analizados forman parte del expediente de investigación, mientras que el resto del material bruto permanece en su poder, pero no incorporados al expediente de investigación.
Otro foco de discusión se centró en las medidas intrusivas. Las defensas consultaron si lo exhibido correspondía a la totalidad de la información obtenida en dichas diligencias o solo a una selección.
La Fiscalía aclaró que lo presentado corresponde a todo el material extraído y utilizado en la investigación, aunque no necesariamente a la totalidad de los datos contenidos en los dispositivos originales.
Alcance de la exhibición
Las empresas requeridas por la FNE también cuestionaron el alcance de la diligencia ordenada por el tribunal. Desde una de las defensas se planteó que la exhibición debía limitarse a los antecedentes fundantes del requerimiento, y no a la totalidad del material recopilado por la Fiscalía.
Asimismo, se solicitaron precisiones sobre la trazabilidad de ciertos elementos del requerimiento, como gráficos y análisis contenidos en la presentación original de la FNE, los que —según la Fiscalía— se encuentran respaldados en el expediente principal.
En paralelo, se abrió un flanco respecto de la información no incorporada al expediente. La FNE confirmó que mantiene en su poder antecedentes obtenidos en las diligencias que no fueron incorporados al expediente.
Lo que viene
El tribunal dejó pendiente resolver varios de los puntos planteados durante la audiencia, incluyendo el alcance de la confidencialidad solicitada por la FNE y el cumplimiento de la obligación de exhibición de antecedentes.
Mientras tanto, dispuso que los documentos presentados queden bajo custodia de la Secretaría del TDLC y ordenó incorporar al expediente una copia del índice público en formato Excel que organiza la información.
Con esta diligencia, el caso entra formalmente en su etapa probatoria, donde las partes deberán construir y confrontar sus posiciones sobre la base de un volumen significativo de evidencia documental y pericial.
La resolución de estas controversias será clave para definir el alcance del proceso y, eventualmente, la solidez del requerimiento presentado por la FNE en uno de los casos más relevantes de libre competencia en mercados regionales de los últimos años.
A la audiencia comparecieron representantes de las empresas requeridas —entre ellas Bakkavor Chile S.A., Pesquera Cabo Froward y Compañía Limitada, Sociedad Pesquera Bahía Chilota Limitada, Productos Marinos Puerto Williams Limitada e International Sea Food S.A.— junto con los abogados de los ejecutivos individualmente requeridos, entre ellos Catalina Besnier Anguita, Fernando Ossa Barros y Edmundo Díaz Bahamonde.
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