La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) anunció un endurecimiento en sus procesos de fiscalización durante el período de Gestión de Episodios Críticos (GEC) y entregó notificaciones preventivas a 620 establecimientos industriales ubicados entre las regiones de O’Higgins y Aysén.
Con estas fiscalizaciones, el organismo ambiental busca verificar en terreno el cumplimiento de los planes de descontaminación, advirtiendo al sector privado que las desviaciones en los controles de emisiones o reportes podrían detonar multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) y en casos más extremos, incluso a la paralización de las operaciones productivas.
De acuerdo al reporte de la SMA, los principales focos de emisiones se encuentran en la Región del Biobío, que concentra 55% de las instalaciones bajo vigilancia intensiva, reguladas bajo el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Concepción Metropolitano y Los Ángeles, seguido de las compañías instaladas en la provincia de Osorno en Los Lagos, con 14% y en tercer lugar Maule, con 11% de las industrias emisoras. En estas zonas, los equipos de fiscalización que posee el organismo intensificarán las auditorías para garantizar que la actividad productiva no supere los umbrales atmosféricos permitidos.
Episodios críticos
Para delinear el perímetro de esta fiscalización, la autoridad ambiental activó una primera fase de notificaciones a través del Sistema de Seguimiento Atmosférico (Sisat), marcando el estándar de cumplimiento exigido al mercado.
La Superintendenta (s) Claudia Pastore justificó el despliegue señalando que el organismo ha notificado a los recintos entre las regiones de O’Higgins y Aysén, territorios donde desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre rige el periodo de GEC, "con el objeto de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental, prevenir sanciones y proteger la salud de la población mediante la reducción de emisiones contaminantes, especialmente durante este periodo de episodios críticos".