Tras la instalación de la comisión revisora de la acusación constitucional contra Diego Pardow, que preside el diputado Jaime Mulet -la semana pasada-, seguida de las intervenciones de los primeros expertos y autoridades invitadas, la defensa del exministro de Energía encabezada por el abogado Francisco Cox, afina la respuesta a la ofensiva de los parlamentarios de oposición, primero en materia de procedimiento en la cuestión previa, y luego en el fondo si se establece la admisibilidad.
El trabajo avanza a contrarreloj, ya que la defensa de Pardow tiene plazo hasta el próximo miércoles 12 de noviembre para presentar los descargos, tras lo cual la instancia fiscalizadora cuenta con un período de hasta seis días para ver los argumentos. En la lista de los expertos que evalúa citar figuran los abogados Diego Pardo, profesor de la Facultad de Derecho de la UAI; Sergio Verdugo, investigador del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, y Javier Couso, profesor del Departamento de Derecho Público UDP. A ellos se sumaría algún referente en temas regulatorios del sector eléctrico.
Mientras Cox prepara la argumentación, tras su salida del Ministerio de Energía, Diego Pardow ha estado trabajando en lo que será la articulación de la estrategia política para su defensa.
El ex ministro ha recibido el apoyo de una serie de conocidos y amigos que se han ofrecido voluntariamente a ayudarlo en el intenso proceso que se viene. Pero tras esos apoyos se ha conformado un equipo que está trabajando en preparar la estrategia política para hacer frente a la acusación y en lo posible lograr desactivarla.
Un rostro conocido que aparece en esta escena es la exministra Ana Lya Uriarte (PS), quien conoce a Pardow hace años, ya que ambos son académicos de la Universidad de Chile. Pardow es Profesor Asistente del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho, mientras que Uriarte es profesora asistente de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de esa misma casa de estudios.
Allí trabajaron juntos antes de coincidir en La Moneda, donde Pardow fue jefe de la Unidad de Seguimiento de Compromisos Presidenciales. Uriarte llegó al Gobierno como jefa de gabinete de la exministra del Interior, Izkia Siches y luego asumió como ministra de Segpres, en reemplazo de Giorgio Jackson, cargo que ocupó hasta su salida por razones de salud.
No es la primera vez que Pardow recibe el apoyo de Uriarte. Tras la salida de Segpres en abril de 2023, la abogada se unió al Ministerio de Energía como asesora legislativa, con un rol clave en el proceso de descongelamiento de las tarifas de la luz y la tramitación del proyecto que modificaba la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transición energética.
Era un período difícil para Pardow, probablemente la primera crisis que le tocó enfrentar, con detractores en la oposición y también en el oficialismo, liderados principalmente por la diputada Karol Cariola.
Uriarte tomó el protagonismo en la discusión parlamentaria que allanó el camino para que ambos proyectos avanzaran.
Hoy se acercó nuevamente a Pardow con ese objetivo, apoyarlo en la elaboración de la estrategia política para enfrentar la acusación constitucional. Recordemos que en el frente político es donde está la mayor debilidad del exministro, por tanto Uriarte apoyará para blindarlo.
La abogada sabe de eso. Es reconocida en el Congreso por ser una política hábil, con redes que tejió desde que fue jefa de gabinete de la presidenta Bachelet en su segunda administración y que fue creciendo tras su paso por la Segpres.
Una cercana a Carolina Tohá
También en este equipo hay otra personalidad clave en el mundo del socialismo democrático: Pía Mundaca, ex DC, hoy independiente.
La cientista política de la Universidad Católica de Chile y Magíster en Políticas Sociales de la London School of Economics and Political Science, fue la exmano derecha de Carolina Tohá en su paso por el Ministerio del interior -donde fue su jefa de gabinete-, tras lo cual se sumó a su equipo de campaña para las primarias oficialistas.
Antes de sumarse al Gobierno, Mundaca fue columnista de La Tercera y panelista de programas como Tolerancia Cero y Tele13 Radio.
Mundaca también tiene vículos políticos que construyó cuando fue directora social de TECHO y luego directora ejecutiva de Espacio Público (entre 2020 y septiembre de 2022), entidad en la cual estrechó lazos con Diego Pardow.
El exministro fue presidente ejecutivo de Espacio Público hasta junio de 2021 cuando fue convocado por el entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, para sumarse como asesor a su comando.
La exdirectora de comunicaciones de Boric
También en este equipo estratégico que apoya a Pardow está la periodista Tatiana Klima.
La exdirectora de Comunicaciones de la Presidencia, llega a este grupo por su cercanía con Pardow, a quién conoció en La Moneda.
Klima llegó al círculo más estrecho de Boric por sugerencia del ex jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, a quién conoció en el Ministerio de Educación en 2014, cuando Klima era asesora de comunicaciones de Nicolás Eyzaguirre, también lo fue cuando éste fue ministro de Hacienda.
Klima se sumó al círculo más estrecho de Boric en la segunda vuelta, donde aterrizó como el refuerzo que aportaría con la experiencia. En ello fue clave su militancia en Convergencia Social, partido al que se unió para ayudar a la inscripción de Gabriel Boric en las presidenciales.
Tras su salida del Gobierno, en diciembre de 2023, Klima volvió al mundo privado, a Dinámica Plataforma, donde trabajaba antes de sumarse al comando de Boric. Allí aterrizó al mando de la gerencia de comunicaciones y asuntos públicos. Además se sumó como panelista en Tele13 Radio.
La llegada de Klima a este equipo de apoyo político a Pardow, también es interpretada como una muestra de que el corazón de La Moneda está pendiente de lo que suceda con el exministro y amigo del Presidente.
La defensa legal
Desde su amplia experiencia en la defensa de autoridades en la misma instancia –como la exministra de Educación, Marcela Cubillos (2019), de su par del actual Gobierno Marco Antonio Ávila (2023), y la última en mayo de este año representando al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán-Cox afirma que la acción contra el extitular de Energía carece de los argumentos necesarios: “Esta es mi cuarta acusación constitucional y es de las más débiles que he visto desde el punto de vista sustantivo y jurídico”, comenta a Señal DF.
Cox asevera que Pardow “actuó dentro del ámbito de sus competencias, no infringió la Constitución; muy por el contrario, se sometió a las leyes. Por ello, habría sido absolutamente legítima una interpelación o una comisión investigadora, pero no una acusación constitucional en este caso donde, además terminó haciéndose efectiva la responsabilidad política con la salida del ministro. Esto no se entiende más que por el periodo electoral actual”.
Ad portas de la presentación de la defensa, Cox profundizó en ejes de la respuesta a las imputaciones de faltas a la probidad administrativa –específicamente respecto de sus “obligaciones de eficiencia y eficacia” en el uso de los recursos fiscales-, y una eventual omisión de la ejecución de la ley ante los hechos vinculados, como el error en la fijación de Precios de Nudo Promedio al duplicar el monto del IPC en el cálculo y, luego por la sobrevaloración de los activos de Transelec y cobros en exceso que aborda la acusación en sus dos capítulos.
En relación a los argumentos esgrimidos en el primero, el profesional asevera que “no existe ninguna violación del principio de probidad. Y, además, el solo principio de probidad no es una norma que dé comportamientos concretos que deben cumplirse, por lo tanto, no es susceptible de sustentar una acusación constitucional”.
Enfatiza que la evidencia sobre las responsabilidades en este caso es que no corresponde a “un acto personal directo del exministro, sino a un error dentro de la Comisión Nacional de Energía- que está a cargo de este proceso- y, por lo tanto, no se le puede imputar. Más aún cuando la descentralización legal da mucha autonomía a la CNE, y lo que hace el ministro es más bien una revisión al respeto de ese procedimiento. Y eso se respetó”. Además, advierte que la acusación envía un “mensaje muy malo en relación a que la autoridad política intervenga en algo tan técnico y sensible como las tarifas eléctricas”.
Cox llama la atención sobre las implicancias que tienen los fundamentos de la acusación constitucional para los altos cargos de la administración pública. “Es súper importante tener claro que la CNE envió al exministro Pardow un decreto de 103 páginas con números, y lo que le están pidiendo es que él diga 'no voy a confiar en eso, revisen todo porque no le creo al órgano técnico y voy a pasar mis propios números', obligando a correr todo el modelo de nuevo. Eso es una locura ya que se pide al ministro que tenga en su gabinete un equipo igual al de la CNE”, subraya. Como ejemplo, asevera que esto es similar a acusar constitucionalmente al ministro de Economía ante alguna demanda contra cómo falló la Fiscalía Nacional Económica en un caso determinado. “Ese es el nivel de falta de fundamento que tiene esta acusación”, enfatiza.
De igual manera, la contestación recordará que “no es cierta la percepción ciudadana en cuanto a que producto de este error es que se generó esta alza de la cuenta, sino que tiene que ver con el congelamiento de las tarifas, y que en promedio solo representa un 2% que se cobró en exceso, y que se va a devolver todo a los ciudadanos”.
El capítulo Transelec
Frente al segundo capítulo de la Acusación Constitucional, referido a Transelec, Cox argumentó que la acusación evidencia un desconocimiento de cómo opera el sistema, ya que “la supuesta demora que se le imputa al exministro corresponde justamente a cómo funciona el procedimiento administrativo, en un caso donde hubo distintas discusiones entre Transelec y la CNE, como también por el tema de la reposición donde la empresa señaló estar dispuesta a recurrir hasta la Contraloría contra el decreto que fije el resultado”, en este caso donde no había claridad sobre el monto en discusión.
La defensa argumentará que el proceso de Transelec se demoró por dos razones: porque la transmisora hasta agosto pasado seguía presentando recursos para bajar el monto a compensar a los consumidores, y porque la auditoría solicitada al Coordinador Eléctrico Nacional se declaró desierta.
Por otro lado, se alegará que Pardow no hizo un punto de prensa para exponer este tema, porque había un proceso reglamentado en curso, un proceso administrativo amparado en la ley eléctrica. Ante ello se planteará que tras la reunión de lobby donde Transelec señaló que había encontrado errores, pero sin dimensionar exactamente en qué consistían (eso fue el 10 de octubre de 2024), la CNE solicitó mediante oficio al Coordinador Eléctrico Nacional para que haga una auditoría técnica a Transelec, oficio que envió el 30 de octubre. Tras eso vino una serie de intercambios con Transelec donde la compañía solicitó prórroga a los plazos para informar el inventario corregido hasta que llega el 4 de agosto de este año donde la firma presenta un recurso de reposición.
“Si el ministro hubiera hecho un punto de prensa antes de terminar el proceso, se habría dicho que estaba prejuzgando, poniendo en riesgo la parcialidad del órgano y Transelec podría haber acusado persecución y hostigamiento que podría haber sido una acusación al CIADI”, señala Cox.
También entre los puntos destacados de la defensa estará el cuestionamiento a la iniciativa de autodenuncia que adoptó esa compañía, refutando que ésta cumpla con los requisitos propios de ese proceso. Por el contrario, dice, se trató de una reunión donde mencionó la existencia del problema “de manera muy genérica en una reunión de lobby” sin entrar en precisiones. “Esta supuesta autodenuncia de Transelec no es lo que la mayoría de los abogados estamos habituados a reconocer como tal, con documentos y hechos precisos que señalen, por ejemplo, en cuánto está sobrevalorado el activo”, subraya.
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