Tenemos acuerdo
Luego de un poco más de tres meses, esta semana se firmó el tan esperado acuerdo para continuar con el proceso constituyente que quedó trunco después del holgado triunfo del Rechazo.
Fueron días de intensas negociaciones, de idas y vueltas, de propuestas y contrapropuestas. Por momentos, de hecho, dudamos de la habilidad de nuestros dirigentes para cerrar un documento que satisficiera a la totalidad de las fuerzas sentadas en la mesa negociadora.
Sin embargo, y a pesar de que todavía hay que afinar algunos detalles, el resultado es altamente satisfactorio: no sólo se abandonaron los maximalismos de lado y lado, sino que se sentaron bases y principios que deberían permitir que la nueva Constitución sea menos el sueño desperdigado de múltiples causas identitarias que un entramado legal que ordene la convivencia política mediante reglas conocidas y respetadas por la universalidad de las grandes mayorías.
Las coincidencias entre los que se quedaron abajoHubo, no obstante, algunos sectores que se marginaron del acuerdo por considerarlo extemporáneo e inoficioso. Particularmente sintomático fue lo del Partido Republicano, cuyo líder, José Antonio Kast, sostuvo en una entrevista que el país no necesita una nueva Constitución y que, por lo mismo, gastarse en el acuerdo era sinónimo de perder tiempo y fuerzas.
Lo de Kast no es sorprendente: a su sector nunca le ha importado que la Constitución vigente tenga un origen espurio. Tampoco le parece relevante generar las condiciones para un diálogo transversal con sus rivales políticos, a quienes en realidad ve más como enemigos que como rivales. Así las cosas, es probable que el acuerdo sea torpedeado por las huestes republicanas y que -junto a la extrema izquierda que no cree en el proceso por considerarlo poco “participativo”- encabecen una tercera campaña por el Rechazo.
La paradoja que se esconde detrás de esta improbable coincidencia se explica, a mi entender, por la infinita capacidad que tienen ambos extremos de hablarle a sus respectivas cámaras de eco.
Allí donde el kastismo se siente dueño del 62% del plebiscito de septiembre, la izquierda decolonial cree que la futura Constitución será legítima única y exclusivamente si el octubrismo está presente en su articulado. El cortoplacismo de ambas posiciones es evidente: actúan por y para la contingencia, como si las constituciones fueran programas de gobierno redactados por el que tiene la mayoría circunstancial.
Ocurrió durante la dictadura cuando la Junta Militar controlaba los espacios de deliberación, y ocurrió también, aunque desde la vereda ideológica opuesta, con los convencionales de izquierda que pretendieron erigirse como únicos depositarios de la soberanía popular.
Los expertos
Particularmente molestoso ha sido para las izquierdas que los expertos vayan a tener un papel explícito en la redacción del futuro texto constitucional. Es verdad que todavía no es claro qué se entiende por expertos y que, al igual que los independientes, podrían terminar defendiendo cuestiones completamente alejadas del sentido común (no hay que olvidar que hubo muchos “expertos” en la Convención que actuaron como comparsas de los más variados impulsos identitarios).
Sin embargo, también es cierto que el defenestrado proyecto de la Convención pecó de una irracionalidad apabullante, y que eso podría haberse evitado si los convencionales hubieran considerado las innumerables voces de alerta que se levantaron desde los centros de estudio y algunas facultades universitarias.
Los sectores radicalizados reprueban a los expertos porque tienen una concepción más soberanista que representativa de la democracia: en su pensar, el “pueblo” debe tener una participación directa en la toma de decisiones, lo que en este caso sólo sería posible a través de una Asamblea Constituyente, es decir, un órgano con un mandato originario y soberano para hacer y deshacer a su antojo.
Olvidan, empero, que fue la propia arrogancia de los convencionales la que enterró el sueño de las izquierdas y que hoy, después de esa experiencia fallida, es ese mismo pueblo el que clama por un texto constitucional bien diseñado. Y qué mejor para lograrlo que la mixtura entre un cuerpo 100% elegido y un consejo de expertos que acompañe la redacción de la Ley Fundamental.
¿Qué esperar?
Por supuesto, nada ni nadie puede garantizar que las cosas saldrán bien. Con todo, cabe esperar una discusión mucho más seria y profesional (esto es, sin los alardes y payaseos a los que nos acostumbró la Convención pasada) y que, en consecuencia, la propuesta presentada a la ciudadanía responda efectivamente a lo que es o debería ser una Constitución.
El país necesita y merece cerrar de una buena vez el dilema constituyente que arrastra hace años. El acuerdo firmado el lunes 12 de diciembre de 2022 es un gran paso hacia ese objetivo.
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