“Salir de la trinchera”
Ese fue el llamado que hizo el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a las comisiones del Senado y de la Cámara al presentar las medidas del Plan de Reactivación Educativa esta semana en el Congreso, señalando que un problema de esta envergadura requiere colocar todos los apoyos necesarios, y para ello se requiere del mayor compromiso político y salir de la trinchera pequeña.
Sabemos que los profesores, directivos y establecimientos están haciendo grandes esfuerzos, pero faltan manos para poder hacerse cargo de todos los desafíos. Se requiere sumar a nuevos actores, considerando un rol protagónico de la sociedad civil y el emprendimiento que acompañe y apoye la tarea del Estado en los temas educacionales.
En esta línea, y tal como lo señaló en esa misma instancia el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, Joaquín Walker, el plan se articula en torno a cinco principios, uno de los cuales es la colaboración transversal que incorpora a la sociedad civil.
Junto a esto, plantearon que el primer objetivo inmediato es disminuir la inasistencia grave y aumentar la retención escolar hasta los niveles que había previo a la pandemia, y que se hará una convocatoria a la sociedad civil para implementar el Plan Nacional de Tutorías.
Para poder implementar de manera exitosa estas medidas y acelerar la recuperación educativa es necesario liberar restricciones para que más actores puedan entrar. Y para ello, el Congreso juega un rol fundamental. Hoy existen dos proyectos de ley que apuntan y fortalecen ejes fundamentales del Plan de Reactivación, y que lamentablemente no se les ha puesto la urgencia ni se ha retomado su discusión en la Comisión de Educación del Senado.
Uno es el proyecto de ley que moderniza la Subvención Escolar Preferencial, el cual se encuentra en segundo trámite y durante todo el 2022 no estuvo en tabla. Este proyecto permitiría que cerca de 200 mil estudiantes prioritarios y preferenciales que hoy no reciben esta subvención, sí la obtengan.
También se encuentra en su segundo trámite el proyecto de ley de aulas de reinserción educativa, que apunta directamente a solucionar la reinserción de jóvenes al sistema y tampoco estuvo en tabla durante todo 2022, y en enero de 2023 se reactivó, pero sin avances.
Más manos, menos trabas administrativas. Hoy es un buen momento para salir de trincheras y discutir realmente cómo facilitar a las escuelas la posibilidad de recurrir a las organizaciones de la sociedad civil que realmente logran resultados.
Equilibrio sin fantasmas
Estos últimos días se dio a conocer la propuesta constitucional de la Comisión de Expertos, la que será votada e irá dando forma al anteproyecto que recibirán en junio los consejeros electos. Tal como plantea Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, al menos en esta propuesta los fantasmas del refundacionismo, tan presentes en el proceso anterior, parecen disiparse y también el inmovilismo.
El texto propuesto, es un buen punto de partida y tal como señaló en una columna Miriam Henríquez, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, se aprecia cierto equilibrio entre continuidad y transformación constitucional.
Es destacable, y esperamos que así se mantenga, el rol que se le otorga a los privados en algunas materias. En derechos sociales, que se amplían bastante, el Estado asume un rol más protagónico y se establece que podrán participar en su provisión instituciones estatales y privadas. Se establece también que las organizaciones de la sociedad civil gozarán de autonomía para cumplir sus fines específicos, y el Estado respetará este reconocimiento.
En Educación se reconoce la autonomía de los establecimientos de educación superior; sin embargo, sería esperable que dicha autonomía, en los marcos que establezca la ley, se extienda a todos los establecimientos del sistema educacional.
Es positivo que el proyecto constitucional reconozca el rol que la sociedad civil y los privados cumplen y han cumplido históricamente en Chile, tanto en materia de derechos sociales como económicos, y logre dar continuidad proponiendo también transformaciones donde el Estado asume un rol más protagónico en las materias que le competen y reconoce la colaboración público-privada como base del desarrollo social y económico de nuestro país.
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