“Quiero decir responsablemente… no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a tráfico de niños, de prostitución infantil, de tráfico de órganos; responsablemente, no hay antecedentes de que estos niños estén desaparecidos o perdidos, no hay una sola denuncia o acción criminal que diga ‘mi hijo se perdió’ ni en Haití, ni en Chile”, dijo el viernes por la mañana el ministro de Defensa, Fernando Barros, en radio Universo.
A principios de esta semana la noticia de decenas de menores de edad haitianos entrando al país de manera irregular en vuelos chárters y cuyo paradero actual era desconocido, generó alarma en el Gobierno y en la opinión pública. Se habló de tráfico de menores e incluso se mencionó posibles redes de prostitución.
Con el pasar de los días y varios de los niños localizados por la PDI, el tema fue bajando su temperatura inicial sin restarle gravedad al desorden administrativo, descoordinación entre instituciones y posiblemente responsabilidades políticas que todavía tienen que despejarse, y que dificultan dar con el paradero exacto de niños y niñas haitianos que han entrado al país durante los últimos cuatro años bajo el Programa de Reunificación Familiar.
El lunes se filtró un preinforme de Contraloria que reportaba a 64 niños haitianos como “extraviados” dado que se les perdió la pista desde su ingreso al país. En adelante surgieron cifras que sugieren se trataría de un número mucho mayor. Pero funcionarios de gobierno recalcan que el foco principal y la urgencia en este momento es dar con la ubicación de esos niños, de los cuales -al cierre de esta edición- 33 ya habían sido localizados viviendo con familia vinculante, escolarizados y en buenas condiciones de salud.
Es de esperar, afirman, que en los próximos días ese número crezca ya que durante el fin de semana será más probable encontrar a las personas en sus domicilios registrados. Además, según información preliminar, algunas de las personas y menores que se buscan estuvieron de tránsito en Chile y hoy se encuentran en otros países. Una vez completada esa tarea, se investigará un universo mayor de menores cuyo paradero no está claro.
La tecla humana y la mirada del gobierno
El martes se designó a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wulf, como coordinadora a cargo de la fuerza de tarea: consolidar la información proporcionada por las distintas instituciones del Estado involucradas y liderar la mesa intersectorial de trabajo.
Si la decisión de nominar a Wulf, socióloga y militante del Partido Republicano, como encargada de esta labor llamó la atención en un comienzo, es porque entre las razones que tuvo el Gobierno figura la evaluación que se tiene de ella: un alto poder de coordinación, y la capacidad de proyectar una sensibilidad y emocionalidad importantes, se explica.
Eso tiene que ver con dos hilos. Uno, que el Ejecutivo prioriza la tecla del lado humano. De lo contrario, agregan, habrían apostado por otra autoridad. Y dos, que por eso mismo -insisten- se ha evitado premeditadamente criticar con nombre y apellido al exPresidente Boric y sus autoridades, al menos durante gran parte de esta semana. No se quiere sacar una obvia ganancia política con este lío, reiteran.
La investigación la lleva la PDI. En paralelo las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), que dependen de la Subsecretaría de la Niñez y que funcionan desde los municipios, también están recabando información. Por tratarse de un asunto de extrema complejidad que involucra a menores de edad, el llamado de las autoridades es a ser responsables respecto de la información que se entrega al público.
El plazo para dar información más detallada es “lo antes posible con la mayor rigurosidad posible”, enfatizan quienes están a cargo. No se van a apurar a riesgo de proporcionar información que no esté chequeada o que no cumpla con los protocolos debidos.
Mientras se trabaja intensamente en el cruce de datos que permita dar con los menores todavía no localizados, se recalca que no se debe compartir información sensible que además está protegida por la Ley de protección de datos personales y garantías digitales.
Una de las preocupaciones del Gobierno es el efecto que esta noticia ha provocado en la comunidad haitiana, quienes temen que crezca la estigmatización hacia ellos. Durante estos días se habrían dado casos de personas que buscan identificar de manera inapropiada a niños que no tienen ninguna relación con los casos que se encuentran en investigación. Incluso existe temor infundado de posibles deportaciones debido a información incorrecta que circula.
En ese sentido se mira con desaprobación la iniciativa de algunos municipios o medios de comunicación de entregar información respecto de niños haitianos “encontrados” que en ocasiones ni siquiera formarían parte de la lista de 64 menores que dio pie a la investigación.
Aunque aún no se encuentra consolidado el dato de cuantos chárters con grupos de hasta 30 menores de edad haitianos acompañados de tutores o adultos responsables han ingresado al país desde 2022, la información que se ha conocido durante estos días indicaría que la mayoría de ellos sí responden a casos de reunificación familiar y se trata de personas que entraron al país con los permisos que exige el Servicio de Migraciones.
Como ha dicho la ministra Wulf, al no existir coordinación entre todas las instituciones se pierde la posibilidad de una trazabilidad adecuada y hay casos de niños “que han caído en estas grietas”. Pero desde el Gobierno plantean que esta situación debe abordarse como una oportunidad de mejorar y robustecer el cuidado de los niños en nuestro país, cualquiera sea su nacionalidad.
Cómo operan los cuestionados vuelos
De acuerdo con información que maneja Sernamig y al preinforme de Contraloría, las miles de personas que entraron desde Haití al país entre enero y abril de 2025 lo hicieron en vuelos no regulares operados por varias aerolíneas.
Una es Galistair, aerolínea española fundada en 2016, especializada en vuelos chárter y arrendamiento de aviones con tripulación para otras compañías aéreas. Según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), los aviones de Galistair realizaron múltiples operaciones de carácter privado desde Haití y República Dominicana hacia Chile.
Otra es Aruba Airlines. Es la única aerolínea de Aruba. Opera desde 2006, ofrece transporte aéreo regular y chárters a más de una docena de destinos. También se menciona a Caribbean Sun Airlines, una aerolínea chárter estadounidense que existe desde 2002. Tras un cambio de propiedad, en 2009, fue rebautizada como World Atlantic Airlines.
Arajet, aerolínea dominicana que vuela a 29 destinos, fue mencionada también y el jueves salió a defenderse. Negaron que hayan efectuado vuelos chárters desde Puerto Príncipe a Santiago, y que siempre su operación “se ha realizado y realiza dentro del marco legal vigente chileno”.
Además de vuelos, se ha mencionado a agencias que habrían facilitado estos traslados. Entre ellas, según ha trascendido en la prensa, la agencia de viajes Ciarana Servicio Integrales, representada por el ciudadano haitiano Jameson Clark; Inversiones Travel VIP, con domicilio en Independencia; Chara Travel e Inversiones, con actividades desde 2017; y Big Master Producciones, en funciones desde 2021.
Haití hoy, el país que dejan
Berthony Jean Philippe contesta desde Puerto Príncipe. El director en terreno de Fundación Leche para Haití comenta que es un buen momento para hablar ya que tiene señal de Internet. A veces debe subirse al techo de la casa donde vive para lograr comunicarse. No sólo la electricidad e Internet son inestables en Haití; todos los servicios básicos son precarios, afirma el ingeniero en información de 41 años que desde hace 15 años se dedica a la acción social, primero desde la Fundación América Solidaria y ahora como representante desde la ONG chilena que se preocupa de atender la desnutrición de los niños en la isla.
Berthony Jean Philippe, Fundación Leche para Haití.“Las cosas van de mal en peor. Las necesidades sólo aumentan.
Nos encontramos frente a situaciones que son difíciles de entender y de explicar a quien no conoce Haití”, afirma Berthony en un español con marcado acento creole.
Una de las mayores urgencias actuales es la delincuencia. Son comunes los secuestros a cambio de rescate o el reclutamiento de menores de edad por parte de bandas de crimen organizado. “Los niños que van a la escuela o que pueden ir al médico son muy pocos. Es mucha la desesperanza. Hay hambre. Incluso dentro de la habitación de tu casa te puede llegar una bala perdida… entonces si aparece un grupo armado y te ofrece comida y protección, muchos aceptan”, dice.
Insiste en que como muchos padres han salido de Haití en busca de mejores oportunidades o han muerto en distintas circunstancias, hay un número importante de niños a cargo de parientes, amigos o de frentón en hogares y orfanatos. “La pobreza es extrema. Tristemente perdemos el control de la infancia, por lo que confiar en organizaciones que ofrezcan un futuro mejor, es algo cultural aquí”, afirma Berthony.
Si bien hay ONGs que trabajan en terreno, en general se trata de una ayuda asistencialista, que proporciona lo mínimo para el día a día, pero no existe en el horizonte una mirada optimista. Puerto Príncipe es una ciudad insegura pero el resto del país aún más, hay ciertos sectores de la isla a los que no se puede acceder porque están bajo absoluto control de grupos armados.
En ese contexto se entiende que tantas familias haitianas vean en Chile un lugar donde aspirar a una vida mejor. Berthony cuenta que sus padres y amigos permanentemente lo instan a abandonar la isla, dadas las condiciones de vida que ahí tiene. “Pero alguien tiene que quedarse aquí para que el país avance. Yo tengo compromisos. Saber que tu hijo está en Haití es un dolor inmenso”, concluye.
Dos nombres en la mira
Uno de los antes y después de esta semana corrió por cuenta de Luis Eduardo Thayer, quien quizá no era tan conocido cuando estaba en el cargo como ahora como exdirector de Migraciones. Las constantes vocerías que venía dando desde el inicio de este caso se cruzaron el miércoles con la divulgación de un memorándum firmado por él en 2024 que establecía medidas para flexibilizar la presentación de documentos por parte de naturales de Haití.
Luis Eduardo Thayer, exdirector de Migraciones.
Aunque defendió haberlo firmado, le cayeron numerosas críticas encima de las que pudo haber salido jugando mejor que lo que hizo el jueves, cuando en una entrevista en T13 Radio eligió mal y prefirió priorizar varias críticas del tipo “falta decencia en el debate público”, lo que en vez de bajarle dos cambios a la controversia terminó subiendo tres o más a la que se armó en torno a su nombre y rol.
Y otro nombre que ha salido a colación es el de Rafael du Monceau de Bergendal, quien en octubre del 2025 fue removido del cargo de cónsul de Haití, luego de que detectara un incremento sospechoso de autorización de documentos a ciudadanos de ese país, realizados en la sede consular de Puerto Príncipe.
Entre ellos, visas de reunificación familiar. El diplomático, también abogado, había asumido el cargo en febrero de 2024. Era su primera destinación. Mientras la investigación para aclarar su papel en el tema sigue en curso, Du Monceau -según consigna él mismo en su LinkedIn- se desempeña en el Departamento de Países Nórdicos y Balcánicos de la división Europa de Cancillería. Él no ha querido hablar públicamente. La Universidad de los Andes, donde estudió, bajó este viernes de su página web una entrevista al que consideraba un destacado egresado.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que remitió antecedentes al Ministerio Público y la PDI. Ayer sábado designó a Marco Antonio Aguayo Tamsec como embajador en misión especial en Haití para coordinar la búsqueda de información de niños haitianos en Chile, supervisar las acciones de la embajada en Puerto Príncipe y coordinar diligencias con autoridades locales y organismos vinculados al caso.
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