El Plan de Emergencia Habitacional (PEH) es uno de los caballos de batalla del Gobierno, uno de sus programas estrella.
Contra viento y marea, siendo el viento una crisis inmobiliaria global y la marea una ola de reorganizaciones y quiebras de constructoras, el equipo de Gabriel Boric se puso una meta de construir 260 mil viviendas sociales durante los cuatro años de Gobierno. Incluso, con la crisis de telón de fondo, esto hizo que en la misma industria las viviendas sociales fueran vistas como un refugio y una oportunidad para muchas compañías del sector.
Y a la fecha, es necesario decir, la meta del PEH está cerca de lograrse. De las 260 mil viviendas, ya hay casi 215 mil ejecutadas.
Pero en paralelo a los esfuerzos por lograr ese objetivo, se desencadenó una crisis financiera que vuelve a revolver las aguas al interior del Ministerio de Vivienda (Minvu).
Este viernes, una publicación de Señal DF reveló que la cartera liderada por Carlos Montes acumuló una abultada deuda financiera, que en algunas empresas y gremios del sector construcción calculan en más de US$ 1.000 millones. En correos enviados a distintas compañías, el Minvu le comunicó a los privados que no tenía “disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente” para concretar los pagos autorizados.
Esa falta de pagos, además, ha derivado en que pequeños proveedores y constructores de viviendas estén alertando del riesgo de insolvencia y, por ende, de la imposibilidad de seguir participando del programa.
La trama tras las viviendas sociales
Según cuentan distintas fuentes que han participado del levantamiento de estos proyectos, fue en mayo cuando dejaron de llegar pagos estipulados a algunas empresas. “Es muy complicado que esto pase en mayo (...) En diciembre, las últimas semanas del año, puede entenderse la necesidad de bicicletear, no en mayo”, dice un expersonero del Ministerio.
Entre junio y julio, algunas empresas sostienen que se les comunicó que no se financiarían nuevos proyectos de viviendas sociales, sino que sólo se seguiría avanzando con los que ya estaban en ejecución, para lograr la meta del programa.
En el programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) también se habían encendido alertas. De hecho, el 12 de junio pasado, el diputado Juan Fuenzalida (UDI), presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, había enviado un oficio al Minvu consultando por “las razones por las cuales aún no se han realizado los llamados correspondientes al año 2024”.
Por algunos meses, esto se mantuvo como un gallito entre empresas y el Ministerio y en distintos gremios del mundo de la construcción se realizaron mesas de trabajo. Sin embargo, de cara a la discusión del Presupuesto 2026, el comando de la candidatura de Evelyn Matthei y parlamentarios de Chile Vamos comenzaron a presionar. Acusaron que el Serviu Metropolitano estaba quebrado y que sólo ese Servicio tenía un déficit de más de US$ 300 millones.
Tras conocerse la imposibilidad de pago por parte del Minvu a los privados, Matthei volvió a la carga y escribió en su cuenta de X que la situación era “gravísima” y debía ser “investigada a fondo”.
En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), informó que enviaron oficios a todos las regiones para precisar el monto real de la deuda del Minvu “y evitar que un próximo Gobierno tenga que hacerse cargo de las malas gestiones de este”.
Actualmente, el Minvu está trabajando con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para buscar soluciones y financiar a la cartera sin perjudicar el PEH. Se habla de traspasos de fondos entre distintos Serviu, pero, por ahora, nada es concreto.
Enfrentando crisis
No es la primera vez que Montes deberá ponerse en modo emergencia al mando del Minvu. Tras 24 años como diputado y ocho como senador, en los que se consolidó como una de las figuras más fuertes al interior del Partido Socialista (PS), su entrada al gabinete de Boric fue una de las principales claves para la inclusión del Socialismo Democrático en el actual Gobierno. No solo representó un hito crucial para el ingreso de la centroizquierda al oficialismo, sino que además fue visto como un elemento fundamental para aportar solidez y experiencia a una coalición joven como lo era el Frente Amplio.
Pero la cartera que le tocó liderar se ha convertido en la protagonista de distintas controversias que han azotado a la administración, por lo que su gestión se ha visto, sobre todo, marcada por enfrentar distintas crisis.
La mayor, sin duda, fue el Caso Convenios, escándalo que estalló en junio de 2023, cuando el medio regional Timeline de Antofagasta dio a conocer que la Seremi de Vivienda de esa región había realizado transferencias de recursos públicos a Democracia Viva, la fundación vinculada a la exdiputada Catalina Pérez (RD) y su entonces pareja, Daniel Andrade.
El caso terminó salpicando directamente a Montes, luego de que se conociera que recibió un informe sobre la fundación y sus convenios previo a que el caso saliera a la luz, no obstante el titular de Vivienda aseguró que dicho informe mostraba que todo estaba en condiciones adecuadas. A pesar de eso, fue acusado constitucionalmente por parlamentarios de la oposición, pero finalmente la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la acusación y Montes logró salir airoso.
Más adelante, la catástrofe detonada por el incendio en la Región de Valparaíso volvió a sacar al pizarrón al histórico socialista por las demoras en la reconstrucción, particularmente luego de que declarara que “soy ministro de la Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso”. Pero también, luego de que el arquitecto Alejandro Aravena asegurara que, ante esas demoras, el narcotráfico se había hecho presente antes que el Estado para financiar las obras necesarias.
A las polémicas, al Minvu se le sumaron otros frentes como la proliferación de campamentos a lo largo del país. Según el último catastro de TECHO Chile, hoy en día hay 120.584 familias viviendo en un campamento, y existen 1.428 asentamientos de este tipo a lo largo del país, alcanzando la cifra más alta desde 1996. Esto representa un aumento del 10,6% respecto a la última medición y equivale a la incorporación de al menos seis mil nuevas familias a estos lugares entre 2023 y 2025.
Y la cartera, en ese escenario, ha tenido que batallar para erradicar estos asentamientos, lo que se ha reflejado en casos icónicos como el campamento emplazado en Quilpué, en el terreno de la familia Correa.
El viernes pasado, el Minvu anunció que fue adjudicada la licitación para desalojar y demoler ese campamento.
Ahora, la discusión del Presupuesto y las próximas semanas serán otro momento determinante para la recta final de la versión ministerial de Carlos Montes.
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