“Pitufeo”, viajes a Buenos Aires y un contrato simulado, son sólo una ínfima parte de la infinita cantidad de ingredientes que el Ministerio Público (MP) dejó caer como una bomba de racimo esta semana, en un caso que ya rivaliza en notoriedad con el Caso Audio. Se trata de la formalización de los abogados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña -socios del estudio jurídico Lagos, Vargas y Silber-, además de Gonzalo Migueles Oteiza, la pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez. Todo, en el marco del caso conocido como la “trama bielorrusa”, en la que el pato de la boda fue Codelco, al perder en tribunales varias acciones legales cuando enfrentaba una contienda contractual con el Consorcio Belaz Movitec (CBM).
A este consorcio chileno-bielorruso la estatal le había adjudicado, en 2021, un trabajo de movimiento de tierras y construcción de caminos para su proyecto estructural Rajo Inca. Pero luego, en febrero de 2023, la estatal había decidido concluir dicho acuerdo en forma anticipada, al estimar que hubo incumplimientos de parte de CBM.
Se trata de un caso en que, según la acusación del Ministerio Público (MP), hubo cohecho, soborno y lavado de activos. En simple, llegaron dineros a Gonzalo Migueles, de recursos que recibieron los abogados del fallido consorcio, Eduardo Lagos y Mario Vargas, luego de que Codelco tuviera que pagar a CBM millonarios montos al perder en la justicia aquellos diversos recursos judiciales ante CBM, cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema estaba integrada por Vivanco (ver recuadro con cronología).
Si bien el receptor de los dineros fue mayoritariamente Migueles, la Fiscalía ha sido precisa en apuntar a Vivanco, en tanto el rol que jugaba en el máximo tribunal a la fecha de los hechos. Al entender del persecutor, Migueles juega un “rol accesorio” a Vivanco. De hecho, a Vivanco se le abrió una querella de capítulos por estos hechos.
“La entonces Ministra Vivanco intervino y resolvió en razón de su cargo a favor de CBM, con infracción a sus deberes estatutarios como magistrado del máximo Tribunal”, apunta la Fiscalía.
La ruta de los dineros y el “pitufeo”
Hasta ahora, los datos aportados por el persecutor describen dineros pagados a Vivanco, a través de Migueles, por $ 45 millones y US$ 14 mil, a lo que el MP agrega un monto retirado directamente por Vivanco por US$ 15.600, pues según el relato de la fiscalía, el viernes 4 de julio de 2023, el mismo día de conocerse una de las sentencias en cuestión, la misma Vivanco concurrió a las oficinas de los abogados, ubicadas en la calle El Regidor, en la comuna de Las Condes, donde le hicieron entrega de una retribución económica, según calificó la Fiscalía.
Si bien los formalizados son tres hasta ahora, varias son las personas mencionadas en esta trama, pues la ruta del dinero pasó por varias manos, según el relato del MP. Entre ellos aparece Harold Pizarro Iturrieta, propietario de la casa de cambios Inversiones Suiza, ubicada en Santiago, para ocultar la entrega de dinero a Migueles, proveniente de cheques, en operaciones solicitadas por Eduardo Lagos. Esto, a través de un cheque cobrado por el hijo de Harold Pizarro, Cristian Pizarro Cornejo en un caso, y en otro caso, a través de su trabajador Miguel Ángel Obieta.
Y luego, a su vez Migueles concretó un proceso de fragmentación de los activos, a través de dos conservadores de bienes raíces. Uno fue Sergio Yáber Lozano, de Puente Alto, y el otro fue Yamil Najle, conservador de Bienes Raíces de Chillán, con quien Migueles Oteiza también mantenía una relación por haberle prestado servicios ocasionales en su oficina. Por ejemplo, Migueles le entregó en efectivo a Yáber $ 25 millones, éste los transfiere a Najle y éste, a Migueles, según el MP.
En las transferencias de dinero recibidas por Migueles, el MP advierte la tipología de lavado de dinero conocida como “fraccionamiento” o “pitufeo”, consistente en fraccionar o dividir en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas, con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos mayores de dinero.
La relación de amistad con Ángela Vivanco y los viajes juntos a Buenos Aires
A partir de la incautación del teléfono de Ángela Vivanco, se encontraron varios teléfonos de ella. Muchos de ellos no tenían ninguna información o muy poca, según el MP. “Mensajes no hay, fueron borrados. Los teléfonos que fueron levantados no contenían mayor información”, dijo el persecutor. Pero sí Mario Vargas y Eduardo Lagos constan en la agenda telefónica de Vivanco. Y además, y pese a que con ocasión de la entrevista que se le hizo en la Comisión de Ética sobre su vínculo con Vargas, que Vivanco desconoció y dijo que era solamente un conocido, “los antecedentes dicen otra cosa. No es así”, dijo el MP.
Mario Vargas
El persecutor adjuntó, por ejemplo, antecedentes de viajes a Buenos Aires de Mario Vargas, en el que, a partir de los números de vuelo, el MP afirma que coinciden con vuelos que tuvieron Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, “en la misma fecha y en los mismos vuelos”. También aparece una transferencia de Migueles a Vargas, el 15 de agosto de 2022, por pasajes a “Baires”, según el MP. Asimismo, a propósito de los datos que arrojó el teléfono de Luis Hermosilla -imputado en el caso Audio-Factop- se encontró una comunicación entre éste y Verónica Sabaj, hoy destituida de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el comentario entre ambos era la cercanía entre Vargas con Vivanco, y el viaje.
“En este caso estamos transgrediendo en forma ostensible la apropiada y debida relación que tiene que tener un juez de la República, en este caso doña Ángela Vivanco Martínez, como ministra de la Corte Suprema”, dijo el persecutor, que también mencionó y exhibió fotos de eventos de cumpleaños de la ministra en los que participó también Vargas, del año 2022, antes incluso de que surgiera el caso de la disputa entre Codelco y CBM.
El persecutor también añadió múltiples posicionamientos georreferenciales de ambos abogados en el domicilio de Vivanco y Migueles y posicionamientos de este último en las oficinas de Lagos y Vargas, y de la misma Vivanco en esas dependencias, “en el contexto de la tramitación de esta causa, en la cual ella interviene como juez de la República, resolviendo cuestiones que son sometidas a su conocimiento, interviene en varias instancias y en distintas oportunidades y la ubican a ella en fechas que son importantes para la tramitación de la causa. Por ejemplo, el 4 de julio del 2023, cuando se dictó el fallo que le acogió el recurso de protección al consorcio y se revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, acogiendo pretensiones de CBM”.
El persecutor agregó: “Codelco ni se enteró de que esta causa ingresó y que el día 30 (de junio de 2023) se estaba conociendo y fallando. Ni siquiera tuvo tiempo, por ejemplo, para hacer valer alguna inhabilidad como pudo haberla hecho”.
Incluso más. La fiscalía sostuvo que, referido a uno de los recursos judiciales -uno fechado el 8 de agosto de 2023-, “se habría redactado y cargado a la plataforma del Poder Judicial, desde el domicilio de los investigados Vivanco Martínez y Migueles Oteiza”.
Gonzalo Migueles
El “insólito” interés de Vivanco en CBM
En uno de los documentos, la Fiscalía hace especial énfasis en el “insólito, singular, especial interés y preocupación de Ángela Vivanco” en la causa. Tanto que durante la fase de cumplimiento del fallo -“cuestión de lo que la Corte Suprema no se ocupa”, recalcó el MP-, en su calidad de ministra de la Corte Suprema, “consultó” -se infiere que llamó telefónicamente, precisa el MP- a la ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Aída Osses Herrera, acerca del estado de pago a CBM, que a esas alturas ya había sido ordenado, a propósito del recurso de queja que le había sido acogido al consorcio. Esta consulta fue la que motivó una respuesta por correo de Osses, que fue lo que quedó registrado.
Las maniobras para justificar pagos y el contrato “antedatado”
Como, según el MP, en la ruta del dinero participan dos conservadores de bienes raíces, en el caso de Yamil Najle, en esta autoridad de Chillán surgió la preocupación por justificar los $ 25 millones entregados por éste a Migueles, originando así un contrato de prestación de servicios, “antedatado”. El persecutor describió en uno de los documentos que el personal investigador “pudo advertir la preocupación que mantenía el imputado Migueles Oteiza, para materializar la confección de la documentación de respaldo (contrato de honorarios) de las boletas emitidas desde el año 2022 en adelante, toda vez que a la fecha carecían de justificación”.
El persecutor precisa que ante dicha necesidad de materializar el respaldo y justificación de los pagos realizados por Najle a Migueles, surgió un contrato de prestación de servicios “antedatado e ideológicamente falso, es decir, una conducta de disimulación u ocultamiento de la causa real de los pagos realizados y de su verdadero origen”.
Incluso en la audiencia, el MP hizo escuchar un audio de septiembre de este año que reproduce una conversación telefónica en que hablan Gonzalo Migueles con Yamil Najle. Plática en la que Migueles lo trata de “Yamilito” y le dice que se acuerde que un abogado de Najle había quedado de hacer dos contratos de honorarios para justificar las boletas que Migueles había hecho antes. “¿Te acuerdas? Porque él lo propuso. Para que no se relaje tanto y tengamos todo listo, cerrado y ordenado”, le refuerza Migueles a Najle. Luego Migueles continúa la conversación pasando a otros temas de naturaleza social, diciéndole que “la Ángela te quiere ver, quiere que salgamos a comer”.
“La vinculación con Gonzalo Migueles sería meramente instrumental o funcional en una relación estructural que existiría entre Yamil Najle y la pareja de éste, la exministra de la Corte Suprema doña Angela Vivanco Martínez, ya que Migueles fue supuestamente contratado para prestar asesorías contables y en materia laboral, siendo calificado según las escuchas como un experto en materia laboral, no obstante no registra título profesional o técnico alguno según oficio de la Subsecretaría de Educación Superior”, dijo la Fiscalía.
¿Quién es la víctima?
Según los datos disponibles, el daño a Codelco, la afectación al patrimonio fiscal, asciende a $ 17.176.977.760, que se desglosa entre un primer estado de pago al consorcio y luego, al agregarle los costos de desmovilización y luego los intereses e IVA, según CBM fue ganando en la Corte Suprema sus recursos.
Sin embargo, a la fecha Codelco no se ha querellado, por lo que en esta causa, durante la primera audiencia de formalización de este viernes, surgió el debate -levantado por defensas de los imputados- sobre el rol que jugaría la estatal en esta causa, en la que dijeron que, a partir de los delitos imputados, no estaba en discusión el daño patrimonial, sino que el bien jurídico en discusión era la probidad y la correcta administración de justicia pero habiendo 18 jueces que fallaron como lo hicieron -en favor de CBM- y sólo una (Vivanco) ha sido cuestionada. Al cierre de esta edición, las defensas de los imputados aún no habían sido escuchadas en sus alegaciones.
Las fechas y dictámenes claves
-27 de marzo de 2023: CBM interpuso un recurso en contra de Codelco en la Corte de Apelaciones de Copiapó, pero éste fue rechazado el 13 de junio de ese año, porque este tribunal estimó que el caso debía resolverse a través de una instancia arbitral que ya estaba en marcha entre las partes.
-28 de junio de 2023: el consorcio apeló a la Corte Suprema aquella decisión.
-30 de junio de 2023: se vio el recurso en la Corte Suprema. Es una de las sentencias del máximo tribunal que ha sido más cuestionada, pues estando Ángela Vivanco en la Tercera Sala, el recurso se vio no estando en tabla y se incluyó en un “anuncio corregido” y “cuenta corta”. Y allí la Corte no sólo resolvió una orden de no innovar, sino que resolvió el fondo del recurso. Este fallo se conoció el 4 de julio.
-2 de agosto de 2023: el consorcio insistió en la Corte de Apelaciones de Copiapó para que se agregue en los pagos los costos de desmovilización de los equipos en las faenas, y al no tener éxito allí, recurrió nuevamente a la Suprema.
-28 de septiembre de 2023; la Corte Suprema le dio la razón al consorcio y Codelco tuvo que desembolsar un nuevo pago por tal desmovilización.
-14 de marzo de 2024: la Corte Suprema le dio nuevamente la razón al consorcio tras un recurso de queja, que se tradujo en que Codelco también pagara el IVA y reajustes.
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Azucena González
