Un traspié sufrió el gobierno al entramparse la discusión presupuestaria para el Servicio Civil, el cual tiene bajo su administración el sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Esto, luego que la votación en la primera subcomisión mixta de Presupuesto terminara empatada, lo que se traduce en que se deberá resolver en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el tema, paso previo a la votación en la sala de ambas cámaras. El presupuesto 2015 para este organismo llega a $ 9 mil millones.
Pero el conflicto no comenzó ayer, sino que la semana pasada cuando ya los parlamentarios de la oposición habían manifestado su rechazo a la forma en que estaba operando el sistema ADP, argumentando el alto porcentaje de desvinculaciones que había cursado el actual gobierno de Michelle Bachelet.
Para lograr persuadir a los parlamentarios y evitar la votación en contra, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, adelantó que el proyecto de ley que reformula dicha institucionalidad será enviado al Congreso en el primer semestre de 2015. Sin embargo, los legisladores consideraron un plazo muy extenso para comenzar a cambiar el sistema.
Una de las principales críticas que se hizo en la discusión son las cifras de desvinculación. Según datos del Servicio Civil, cuando cambia la coalición gobernante la desvinculación en nivel I (jefes de servicios) fluctúa entre 60% y 70% durante el primer año, mientras que en cargos de nivel II (directores regionales y jefes de división) llega a 40% entre el primer y segundo año. Es más, durante los dos primeros años del gobierno de Sebastián Piñera las desvinculaciones de funcionarios de nivel II llegaron a 42%, mientras que en lo que va del actual ya se llega al mismo guarismo.
El senador Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que "no tiene sentido seguir inyectándole recursos a un proyecto fallido. Se debe legislar ahora para perfeccionarlo, por eso votaré en contra", acotó. Argumentó que "no tiene sentido seguir con este proyecto si es que en 6 meses de asumido un gobierno se desvincula a personas que entraron por concurso público. Se deben destinar los recursos para programas con resultados", puntualizó. Mientras los diputados Ernesto Silva y Felipe De mussy (UDI) se sumaron al rechazo de Coloma, como una forma de presionar al Ejecutivo para que "se haga cargo del problema y se legisle lo más pronto posible", acotó Silva.
Desde el oficialismo, el senador Andrés Zaldívar (DC) indicó que "todos sabemos que el sistema debe reformularse, pero no había para qué votar en contra. Fue un punto político que quiso hacer la oposición, pero que en la Comisión Mixta se revertirá ya que somos mayoría", dijo. En cuanto a los cambios que se deben impulsar, el legislador apuntó a que se debe "sincerar" que existen cargos de confianza de los gobierno de turno y por ende serán desvinculados. "Se debe hacer una rectificación para garantizar una carrera funcionaria hasta los niveles que correspondan, pero a su vez también se debe reconocer que hay cargos de confianza, (primer nivel), por lo que limitarlo es una utopía, por lo que es importante sincerar cuáles son los cargos de confianza que sufrirán cambios, pero asegurar la carrera funcionaria hasta ciertos niveles".
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