Aunque el Gobierno sigue en el proceso de las side letters para terminar con las dudas que genera en los sectores de izquierda la aprobación del polémico Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP11, se le acabó el tiempo en el Congreso. De vuelta del fin de semana largo este martes 11 de octubre, la Sala del Senado se abocará a su votación con muy altas probabilidades de que se apruebe. Pese a ello un grupo de profesionales presentó un recurso de protección para frenar su tramitación.

El pasado miércoles los profesionales Eduardo Gutierrez González, Juan Droguett González, Guillermo Aravena Mondaca, Roberto Ávila Toledo, Jorge Lavandero Illanes, Patricio Negron Larre, Ernesto Medina Aguayo y Héctor Vega Tapia, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, donde interpusieron un recurso de protección “por las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política, Igualdad ante la Ley, debido Proceso y derecho de Propiedad”, con el fin de que ninguna de las estipulaciones del TPP11 prive, perturbe o amenace derechos constitucionales. Si el Presidente lo retira tanto mejor, dice el abogado patrocinante, Roberto Ávila, porque sería una medida de coherencia política.

En el documento solicitan en concreto que se dicte sentencia estableciendo que en cualquier negociación internacional que conduzca un tratado u otro instrumento que imponga obligaciones, el Congreso y el Gobierno deberán “poner especial atención en que no se vulneren los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 de la actual Carta Magna y esto especialmente en el Tratado denominado TPP 11”.

En este caso, en la interposición del recurso se sostiene que el tratado estaría vulnerando o amenazando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, como son la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad.

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Los patrocinantes del recurso plantean, entre otras argumentaciones que, “debemos señalar que nuestro Código Civil establece como objeto ilícito todo aquello que contraríe el derecho público chileno y este tratado con cláusulas que limitan nuestra soberanía e independencia nacional claramente lo hacen”.

Y detallan dos aspectos del tratado que estiman nocivas para Chile: el sistema de solución de controversias, que ha sido uno de los temas más debatidos entre quienes apoyan y quienes rechazan el TPP11, lo que llevó al Gobierno a recurrir a las side letters, justamente para generar tranquilidad respecto al tema.

Pero el recurso de protección también alude a la cláusula de invariabilidad económica, que –según los patrocinantes “obliga a Chile a indemnizar a empresas extranjeras ante una nueva y eventual actividad económica de nuestros ciudadanos o de nuestro Estado, que no existía al momento de ratificarse el tratado”, lo que limitaría –señalan- el derecho de propiedad de los ciudadanos chilenos.

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Y finalmente piden que se oficie a los presidentes del Senado y la Cámara, Álvaro Elizalde y Raúl Soto, respectivamente; y a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.