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REGÍSTRATE AQUÍ"Más importante que entrar en una determinada fecha es recibir los aportes que queramos", sostuvo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 13 de junio de 2012 a las 13:42 hrs.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín aseguró hoy que el gobierno esperará las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), antes de enviar el proyecto de flexibilidad laboral al Congreso.
"Nosotros no nos vamos a apurar, vamos a recibir las observaciones y comentarios del borrador que enviamos la semana pasada, tanto a la CPC como a la CUT. Más importante que entrar en una determinada fecha es recibir los aportes que queramos y que podamos recibir de las instituciones", sostuvo Larraín, quien el día lunes había anunciado que el proyecto se enviaría esta semana.
De esta manera, el ministro calma los ánimos tras la controversia desatada por la denuncia del líder sindical, Arturo Martínez, de que la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei hizo una "mala utilización del acuerdo de la CPC y la CUT", pues a su juicio no tiene nada que ver con el documento original.
Asimismo ante los recelos de que con este impasse se cierren las puertas de un acuerdo, el titular de Hacienda fue enfático en señalar que a la CUT "le hemos mostrado en muchas instancias la sensibilidad que tenemos; con siete gremios del sector público por sus incentivos al retiro, (y) hemos avanzado con la CUT a un acuerdo por el reajuste del sector público. Podemos tener discrepancias, y nosotros vamos a esperar recibir observaciones".
El día viernes 8 de junio, el ministro de Hacienda y la titular del Trabajo y Previsión Social, anunciaron el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca crear una institucionalidad para proteger el empleo en tiempos de crisis.
La fórmula del gobierno supone, que en caso de que peligre el empleo, el salario del trabajador se reduciría a un 75%. De esta forma, la remuneración se completaria con un 50% puesto por el empleador y un 25% puesto por los trabajadores de su cuenta de capitalización individual del seguro de cesantía.
Profesionales enfatizan que la coordinación institucional que requiere la defensa en estos casos es fundamental. En tanto, también acusan ciertas barreras que les impide ejercer su rol de mejor manera.
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