Una serie de alertas levantó el gobierno en el marco de la entrega del primer informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), correspondiente al uso de los recursos fiscales en más de 500 servicios públicos entre el año 2025 y el 10 de marzo de 2026.
Como parte del proceso impulsado por la administración Kast, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal reunió información de más de mil auditores internos del Estado y realizó cruces de datos que permitieron identificar situaciones que, desde una perspectiva técnica, constituyen señales de riesgo para ser investigadas. Están ahora están en etapa de validación y análisis.
Entre preocupaciones, que se concentran en ocho ejes, destacan convenios y transferencias por montos superiores a US$ 140 millones, fragmentación de compras, mal uso de licencias médicas y reparticiones con traspasos masivos de personal. En esta última dimensión, se constató la incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses del año pasado.
En el caso de patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras, se mencionó como ejemplo que más de 65.000 adquisiciones se efectuaron mediante modalidad de “Compra Ágil”, en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día.
Además, hubo más de 1.000 contratos suscritos entre julio 2025 y febrero de 2026, con compromisos fiscales de mediano y largo plazo; se identificó cerca de 100 mil trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de 1.000 casos con una extensión de más de un año.
Otros hallazgos fueron más de 1.000 convenios terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos totales que superan los US$ 50 millones; y asignación de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.
Revisión profunda
“Dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”, explicó la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, quien preside el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.
Precisó que “este es un hecho inédito. En tiempo récord, estamos cumpliendo con el compromiso del Gobierno del Presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos”, trabajo que se está haciendo con más de mil auditores internos.
La autoridad detalló que se recibieron más de 213 millones de registros de datos, que han sido analizados en conjunto con otros sets de datos de sistemas administrativos y transaccionales de la gestión pública, además de aquellos datos abiertos y disponibles en plataformas de transparencia.
El trabajo de los auditores sigue en curso: hasta el 16 de abril, tendrán que remitir la información al CAIGG sobre el uso de recursos fiscales correspondiente a 2024. Entre el 17 y el 27 de abril, la del año 2023; y entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la correspondiente a 2022.
Luego, el proceso entra en la fase de consolidación de hallazgos, priorización de focos críticos y la definición de primeras líneas de investigación, y si corresponde, eventuales derivaciones de información a otros organismos institucionales.
Se informó también que el Presidente Kast nombró a Cristián Muñoz como Auditor General de Gobierno. Adicionalmente. se presentaron a los nuevos miembros del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno: se trata del exContralor General de la República, Ramiro Mendoza, y de la exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres.
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