José Carlos Prado
El mal recuerdo de lo que sucedió a fines de la década de los ‘90 es el principal temor de los expertos para apoyar la propuesta de llegar a un salario mínimo de
$ 220.000 de aquí a 2013.
Y es que en ese período se acordaron reajustes de
$ 10.000 anuales en vista del buen momento económico que vivía el país. Sin embargo, las consecuencias que trajo la crisis asiática la dejó como una muy mala decisión.
A diferencia de esa oportunidad, los economistas no descartan per se una negociación de largo plazo, pero advierten que debe ir acompañada de mayores grados de flexibilidad que le permitan adecuarse a las variaciones económicas.
Lo cierto es que durante el año pasado, el gobierno instauró la Comisión Asesora Laboral de Salario Mínimo, cuyos integrantes buscaron una fórmula para que el reajuste del ingreso se moviera según variables determinantes del empleo, el crecimiento y la inflación. No obstante, el mecanismo que acordaron representantes de trabajadores y empresarios aún no logra ver la luz, siendo que ya fue entregado a Hacienda.
De hecho, uno de sus integrantes, el economista Cristóbal Huneeus, reconoce que no ha sabido nada desde que entregaron la propuesta a fines del año pasado. Si bien los detalles de la iniciativa no se conocen públicamente, el experto explica que opera en una relación entre
desempleo y actividad. “Cuando el desempleo es muy alto, el reajuste del salario mínimo es menor; cuando el desempleo es más bajo, el reajuste es más alto”, sostiene.
La propuesta de la CUT
Pero volviendo al análisis de la propuesta de largo plazo que reveló el presidente de la CUT, Arturo Martínez, Huneeus dice que le parece una buena idea la fijación de un salario mínimo a más largo plazo en base a una fórmula, pero duda sobre ponerse una meta de aquí a 2013. “El país tiene que aprender que no puede repetir los errores de fines de los ‘90, donde se fijó un número porque se creía que todo iba a seguir igual, pero el mundo y las condiciones económicas cambian. Entonces, no se puede prometer un número hoy a 2013, eso es irresponsabilidad”, indica.
De todos modos, cree que hacerlo a largo plazo da más certeza a los trabajadores y a las empresas, además de reducir el costo político que significa tanto para el Parlamento como para el Ejecutivo negociarlo todos los años.
Más flexibilidad
Harald Beyer, quien fuera presidente de dicha comisión, dice compartir la idea de que exista un reajuste que no esté “contaminado” por la coyuntura política y obedezca a una regla razonable que defina un marco.
Ahora bien, agrega que para definir una regla razonable también se debería incluir que estuviese ligada a la productividad. Según el experto, hay una brecha muy grande entre lo que propone la CUT y lo que indican las proyecciones económicas.
Otro punto que aborda Beyer es usar el salario mínimo con un objetivo redistributivo, lo cual no comparte por considerarlo poco eficiente para ese objetivo.
El economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, -quien formó parte de la comisión técnica de salario mínimo que hizo su propuesta en medio de la negociación de reajuste del año pasado- también tiene un mal recuerdo de lo sucedido antes que estallara la crisis asiática.
Esto, no impide que el experto comparta la idea de llevar adelante un acuerdo de más largo plazo, pero con los resguardos necesarios para evitar un desacople con la realidad.
“Una política de tres años debería tener la flexibilidad necesaria, porque el futuro no es algo que esté asegurado”, explica. En este sentido, recuerda las situaciones que se han generado en el mundo en el último tiempo, principalmente el impacto que ha tenido la situación de Medio Oriente sobre los precios.
Finalmente, Cristóbal Huneeus afirma que avanzar en una fórmula que fije un salario por varios años está bien, pero que el monto es errado. Sobre todo, sostiene, pensando que este gobierno va a implementar el Ingreso Ético Familiar, donde le van a poner un montón de subsidios adicionales condicionado al empleo.
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