Aunque es un acreditado abogado de la plaza en el ámbito penal, Matías Balmaceda –del Estudio Jurídico Balmaceda, Cox y Piña BCP- saltó a la fama públicamente al hacerse cargo de la defensa del exsenador Jorge Lavanderos por abuso de menores el año 2005 y del expresidente de la UDI y exsenador Jovino Novoa, por su participación en el llamado caso Penta-SQM.
Ahora, en medio de la polémica suscitada a raíz de las últimas emanaciones de gases tóxicos en Quintero y Puchuncaví, el profesional –cuyo estudio fue elegido por Chambers and Partners Latinoamérica 2018 como la oficina número 1 en materia de “compliance” y a Balmaceda como el mejor profesional del país en esta área- entra al debate, advirtiendo que ésta es una buena oportunidad para que las empresas se vean obligadas a implementar matrices de riesgo, a fin de detectar a tiempo situaciones de corrupción en todos los ámbitos, incluido el medioambiental.
-¿Lo ocurrido es una alarma de que no estamos al día con la regulación en el aspecto legislativo?
-Efectivamente, se ha hecho un esfuerzo importante en Chile, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas para que las empresas hagan algo por prevenir la comisión de delitos. El punto es que dado que esa ley tiene cuatro delitos que la hacen vinculante -corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y receptación-, lo que se echa de menos es que este tipo de casos de contaminación medioambiental no estén incorporados; y un proyecto en esa línea está durmiendo en la Cámara, porque este debiese ser de aquellos delitos en que la responsable sea la persona jurídica.
-¿Por qué?
-Porque cuando ocurre una situación como la que se está viviendo en Quintero y Puchuncaví es difícil creer que la responsabilidad viene de una persona natural que tomó la decisión de descargar un RIL a un río o contaminar el aire; eso obedece naturalmente a una mala cultura corporativa que implica que la compañía no ha capacitado a sus trabajadores para tratar estos residuos tóxicos o no ha hecho las inversiones suficientes al amparo, como dice la ley, de supervigilar y direccionar cómo se deben comportar.
-¿Cómo se debería expresar ese cambio de cultura?
-En términos de ‘compliance’, de generar integridad corporativa, que cuando estamos en situaciones como éstas, las compañías tienen que tener un costo y no sólo económico.
-¿No hay sanciones penales?
-En el ámbito medioambiental no. Lo que hay que buscar, dada esta coyuntura, es incorporar nuevos delitos de acuerdo a nuestra realidad, que dice que uno de los temas que tenemos que proteger es el medio ambiente, y ahí estamos súper al debe.
-¿Cuánta responsabilidad tienen los organismos reguladores de que las empresas no cumplan con los escasos controles?
-Efectivamente hay una responsabilidad, pero hoy día el esfuerzo mayor es que hay que salir del ámbito administrativo. Tenemos una Superintendencia del Medioambiente, una ley que vino a incorporar algunas mejoras en el ámbito medioambiental; pero lo que está pasando hoy día deja en evidencia que la regulación tiene que salir del ámbito administrativo, lamentablemente, y llevarlo al ámbito penal. Porque el ámbito administrativo no fue suficiente para que las empresas cumplieran.
-¿Se podría caer en sobre regular más que crear una cultura empresarial de no dañar el medioambiente o deben ir en paralelo?
-Este es un proceso. Entender que la gente, por norma general, toma un hábito cuando viene con algún grado de imposición; esa es la ley de la vida. Y las personas jurídicas no se comportan diferente. Tenemos que partir imponiéndoles sanciones y después se empieza a generar un ambiente de control, de buen comportamiento, y empieza a fluir. Pero para eso es necesario generar matrices de riesgo en el ámbito normativo.
-¿Cómo actúan estas matrices?
-Una matriz de riesgo debe determinar las áreas de exposición que tiene la compañía, quiénes son los cargos expuestos y qué control se les deberá aplicar a ellos en particular. Lo que es muy importante, porque según la ley, las empresas que tienen modelo de prevención de delitos se van a poder eximir de responsabilidad penal. Porque ejercieron sus niveles de dirección y supervisión.
-¿A qué atribuye que el proyecto no avance en el Congreso?
-Chile se ha demorado en dar estos pasos, desconozco las razones técnicas de por qué el proyecto no ha avanzado, pero creo que hay algo más o menos similar a lo que está pasando en Puchuncaví, que tiene al Estado demandando y a la empresa, que es del propio Estado, defendiéndose; hay una dicotomía compleja en la que, en el fondo, si uno quisiera incorporar estos delitos en la ley, va a tener empresas en situación de riesgo inminente que pueden perjudicar los intereses incluso del Estado, como por ejemplo Codelco.
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