Los últimos han sido días movidos para la ministra de Medioambiente, Ana Lya Uriarte.
Junto al inicio del trámite en el Senado del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental, la secretaria de Estado reveló a principios de esta semana el anteproyecto de la norma que pondrá techo a las emisiones del contaminante atmosférico más peligroso para la salud humana (material particulado 2,5), meta que demandará importantes inversiones por parte del sector privado.
Ambas gestiones no han sido fáciles ni han estado libres de cuestionamientos. Para todos ellos la secretaria de Estado tiene respuesta.
- Se anticipa que el trámite de esta nueva institucionalidad no estará exento de debate. ¿Qué opina?
- Hay un primer punto que debe estar claro siempre respecto de las voces que puedan escucharse: Éste nunca será un proyecto adecuado para los que no quieren ninguna regulación ambiental o menosprecian la importancia de cuidar nuestro entorno,.
No obstante, creemos que, ante la irrupción del tema ambiental, no son pocos los que quieren aportar al debate "país". Sin embargo, sería lamentable que reflexiones o iniciativas de reciente vida retrasaran o simplemente impidieran fortalecer y modernizar esta institucionalidad.
- ¿Dónde cree que estará el punto más conflictivo?
- Considerando que la tarea del Ejecutivo es trabajar para que siempre el bien común esté sobre los intereses particulares de algunos, por más influyentes que estos sean, creo que la mayor discusión se dará en las facultades que se le entreguen a la Superintendencia Ambiental para hacer una adecuada labor de fiscalización.
- ¿La creación de tribunales ambientales tendría cabida?
-Es una idea que escuchamos de boca de los centros de estudio ligados a la Alianza y de agrupaciones empresariales. Naturalmente, la discusión siempre está abierta, sin embargo, en la tramitación del proyecto ante este gabinete ministerial y el Congreso no se ha presentado una propuesta estructurada, sino que sólo sugerencias. Sin embargo, nos parece que de cara a la ciudadanía y por la seriedad de las instituciones, un debate de este tipo debimos haberlo conocido al principio, no ahora.
- ¿Y si hubiera una propuesta?
- Nos parece que un planteamiento como ese debe tener como principio claro que el Ejecutivo tiene la facultad para crear nuevas institucionalidades. Además, cualquiera sea la estructura en que estén pensando quienes sostienen esta idea, se trata de un trabajo de largo aliento, cuyo resultado no puede ser producto de la improvisación.
Coremas y participación ciudadana
- Sobre el cambio de las Coremas por un organismo eminentemente técnico, que califique los proyectos, ¿cree que habrá discusión?
- Necesariamente, será objeto de análisis y discusión en el Senado porque el artículo que contempla esta materia no tuvo quórum de votación en la Cámara Baja. Se trata de un tema serio y estamos disponibles para discutirlo.
- ¿Por qué optaron por ampliar la participación ciudadana al 100% de las iniciativas en el SEIA?
- Nos parece que no sólo resulta prudente a la luz de las exigencias modernas y la discusión internacional, sino que también es un acto de Justicia hacia la ciudadanía que se le otorgue un espacio institucional, regulado y claro de expresión de “observaciones fundadas” respecto de estos proyectos.
- ¿Qué le parecen las críticas de los privados a esta iniciativa?
- Si no incorporáramos la participación ciudadana en las declaraciones de Impacto Ambiental deben tener claro que el procedimiento, inevitablemente, seguirá viviendo lo que hoy constatamos: Cuando el proyecto está ya calificado, comienza la aparición de recursos diversos, con normas distintas a las ambientales y con tiempos de tramitación inciertos. La verdad sea dicha, esto no le hace bien a nadie.
Quisiéramos hacerles un llamado a las voces críticas del sector privado, a perderle el miedo a la participación ciudadana. En el gobierno estamos absolutamente convencidos de que no entorpece ni retrasa los proyectos, sino más bien, los legitima. No es posible pensar que el 94% de los proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que eventualmente pueden tener impacto, también estén fuera de la posibilidad de que los ciudadanos los conozcan adecuadamente y, dentro de un proceso completamente regulado y enmarcado en normas absolutamente predeterminadas, puedan expresar su opinión respecto a ellos.
- Las criticas apuntan a que esta medida retrasaría el trámite de los proyectos…
- Probablemente, el mayor problema se genera por una inadecuada comprensión respecto de la propuesta contenida en el proyecto de ley. Estamos hablando de una participación ciudadana que apunta a hacer presentes aspectos técnicos, aunque el lenguaje en que se planteen evidentemente puede no serlo. Recordemos que son observaciones fundadas. Nuestros equipos técnicos precisamente estarán evaluando, simultáneamente el propio proyecto en esta dimensión, es decir, la técnica. Por tanto, no advertimos en qué aspecto puede implicar un retraso.
Pesimistas e indolentes
- Usted definió la aprobación del anteproyecto de la norma de MP 2,5 como un “triunfo ambiental para Chile”. En ese marco, ¿cómo recibió las críticas que han surgido?
- Reitero que este es un triunfo ambiental, para el cual sólo he escuchado congratulaciones: del sector médico, de los ecologistas, de la ciudadanía en general. Aquellos que no se suman al gran logro que significa normar el contaminante más dañino para la salud y, por ende evitar muertes, no son más que los pesimistas o, lo que es peor, los indolentes de siempre.
Formalmente, no hemos recibido crítica alguna y más bien hemos leído en la prensa que existiría preocupación por los eventuales costos de la norma que es un tema para el cual tenemos respuestas técnicas sólidas que despejan eventuales preocupaciones. Si existiera inquietud del sector empresarial estamos en condiciones de señalarles fundadamente que ella no tiene asidero.
Estamos hablando de una norma perfectamente posible de cumplir, que no frenará la inversión, que no va a llevar a quiebra las industrias, de manera que el primer llamado es a la serenidad. En materia ambiental, no hay gastos sino que inversión.
- Se la acusó de tratar de evitar obstáculos con esta iniciativa pues pese a que está definido por ley, el documento no fue presentado ante el Consejo Consultivo previo a la votación del Consejo de Ministros de la Conama. ¿Qué le parece ello?
- Se me atribuye en su Diario, de parte de una fuente anónima que formaría parte del “sector privado”, injusta y erradamente una intencionalidad. A quienes lo hayan pretendido, les sugiero una urgente y atenta lectura del reglamento. En efecto, quienes sostienen que debimos presentar al Consejo Consultivo de Conama el anteproyecto de norma del MP 2,5 desconocen la legalidad vigente y acusan, por tanto, una notable ignorancia legal.
-Además, desde el empresariado se dice que con esta norma “se le está metiendo la mano al bolsillo al sector privado por tercera vez” ¿Es efectivo que la industria debe hacer el mayor esfuerzo para alcanzar estas metas de reducción de MP 2,5?
-Atendidas las fuentes emisoras de MP 2,5 no es exacto que sea la industria la que debe hacer los “mayores” esfuerzos. La industria ha debido hacer esfuerzos, como otros sectores, con respecto a sus emisiones y al impacto de éstas en relación a la calidad del aire. Cabe recordar que en varias ciudades tenemos declaraciones de zona saturada para MP 10 y, en ese marco, ya han hecho o deberán hacer esfuerzos adicionales y, por tanto, no hay un cambio dramático de tarea para ese sector. Es importante destacar que son todos los sectores, público y privado, los que deberán comprometerse en esta tarea.
-¿Cómo anticipa el trámite que aún resta para que la norma esté vigente?
- Precisamente, como eso: un trámite, pues, legalmente el proceso está completamente diseñado. Dentro de pocas semanas publicaremos el anteproyecto de norma en el Diario Oficial y surgen los 60 días de consulta ciudadana. Concluido dicho plazo, se analizarán las observaciones que nos lleguen. Evidentemente, se pondrán los antecedentes a disposición del Consejo Consultivo de Conama, y la norma definitiva será llevada al Consejo de Ministros de Conama para su decisión.
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