Sigue generando repercusiones el caso de AC Inversions, empresa que prometía altas rentabilidades a sus clientes y que derivó en una estafa que involucraría a cerca de 5 mil personas con montos comprometidos por $ 50 mil millones.
Teniendo en cuenta la magnitud del caso es que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció que tanto la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) como la Superintendencia de Bancos (SBIF) iniciaron una investigación por un eventual fraude piramidal.
Pero, la SBIF llegó más allá y además interpuso un denuncia por haber operado fuera del marco de la ley.
Para el regulador la empresa en cuestión “recibía dinero del público y se obligaba contractualmente a restituir dichos fondos, lo que a juicio de esta Superintendencia (...) daría indicios de una infracción al artículo 39 de la Ley General de Bancos”.
La ley establece que “ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizada para ello por otra ley, podrá dedicarse a giro que, en conformidad a la presente, corresponda a las empresas bancarias y, en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero del público, ya sea en depósito, mutuo o en cualquiera otra forma”.
Ayer, en la formalización de los dueños de AC Inversions, Patricio Santos, Camilo Cruz y Rodolfo Dubó, se decidió ampliar en 24 horas la detención de los involucrados. En la audiencia, el fiscal Carlos Gajardo indicó que sólo se han logrado incautar $ 150 millones.