Un caso que tensionará la discusión ambiental de la Ley miscelánea -que justamente esta semana vivirá votaciones clave- es la revocación por parte del Segundo Tribunal Ambiental de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto de Collahuasi por más de US$ 3.200 millones. Esto, porque el proyecto propone restituir los gastos por anulación judicial de este permiso en concreto.
A diferencia de las críticas de expertos, un análisis de las medidas ambientales del proyecto, elaborado por Juan José Obach, investigador senior de Horizontal, y José Antonio Valenzuela, director ejecutivo de Pivotes, considera que estas ideas están bien orientadas, ya que "en su conjunto apuntan a agilizar plazos y a otorgar más certeza a los titulares de proyectos de inversión". No obstante, reconocen: "Es importante acotar y precisar algunas disposiciones para asegurar que cumplan efectivamente su propósito reactivador de forma costo-efectiva".
Estas dos entidades respaldan el polémico mecanismo para restituir gastos argumentando que se hace cargo de la excesiva judicialización de proyectos y el consiguiente retraso en su construcción.
Según un estudio de Pivotes de 2025, que analiza 614 proyectos que presentaron un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde el 2013 a la fecha, 106 proyectos fueron impugnados ante el Comité de Ministros, 58 en Tribunales Ambientales, y 27 en la Corte Suprema. Hasta ahora, los anulados en estas dos últimas instancias, son ocho causas. Esto corresponde -dicen- a un 9,4% y a un 1,3% de los proyectos judicializados, en número de proyectos y monto de inversión, respectivamente.
Con todo, en el análisis -al que accedió DF- sí identifican riesgos en la propuesta. Entre ellos, que "la redacción de la norma es ambigua en las reglas aplicables o en los límites legales" para obtener la restitución de gastos. "No se especifican los tipos de gasto ni el momento. Tampoco queda claro si la impugnación incluye la fase administrativa o sólo tribunales ambientales", se cuestiona.
Se añade que las normas que establecen una excepción al derecho del titular de solicitar la restitución en la medida que la anulación de la RCA se funde, "total o parcialmente, en antecedentes falsos, incompletos o inexactos, imputables al titular", es "problemática". Según explican, porque en los pocos casos en que se ha anulado una RCA, los motivos son precisamente que el titular presentó antecedentes incompletos o inexactos durante la evaluación. "Es importante que exista un perímetro de lo que se considera razonable restituir", se indica.
Dado el eventual desembolso fiscal, ven posible que se generen incentivos dentro del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para ser mucho más exigentes en la evaluación de proyectos; y que la fórmula "anulada o dejada sin efecto" no distingue la causa que origina la extinción de la RCA.
Para mitigar esos riesgos, hacen cinco propuestas. Primero, definir con precisión el alcance de los gastos restituibles y el momento desde el que se consideran, en espcífico desde qué momento se contabilizan-idealmente después del pronunciamiento sobre las reclamaciones administrativas- y qué categorías de costos son cubiertos (construcción, equipamiento, contrataciones, etc.). A eso, suman precisar la excepción por antecedentes falsos o incompletos; y especificar los casos de procedencia.
Pero hay dos ideas que van más allá. Creen que deben realizarse ajustes en la justicia ambiental para que las causas de reclamación de RCA sean priorizadas y los plazos asociados se reduzcan sin debilitar el debido proceso ambiental.
Y, asimismo, apuestan a incorporar elementos que permitan compartir la carga económica del aseguramiento de riesgos: "Dado que en la práctica el titular se está asegurando frente a riesgos remotos pero relevantes, se pueden evaluar mecanismos que permitan traspasar a los titulares una parte del riesgo fiscal que de lo contrario soportaría únicamente el Estado".
Mecanismos de rectoría técnica "ex ante"
Entre otras propuestas estudiadas, respaldan la exención de evaluación para mejoras tecnológicas en proyectos con RCA favorable y sugieren crear un catastro público para que los titulares puedan saber a priori las modificaciones que quedarían eximidas de evaluación. Y aplauden el fortalecimiento de la rectoría técnica del SEA sobre los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (Oaeca).
Considerando que, según estudio de Sofofa (en base a la información de su plataforma Prisma), las instituciones con mayor número de observaciones no consideradas son las Seremi (34,9%) y los municipios (18,6%), Horizontal y Pivotes sugieren incluir mecanismos de rectoría técnica ex ante donde el SEA defina antes de enviar el expediente de evaluación aquellos Oaeca que tienen competencias para evaluar el proyecto.
Entre otras consideraciones, indican que la restricción de medidas cautelares mediante plazos perentorios se beneficiaría de cambios acotados para evitar un conflicto con ciertos principios de la potestad cautelar y la tutela judicial efectiva, en línea con las sugerencias de la Corte Suprema que emitió hace unos días.
Para Valenzuela, en materia de permisos ambientales, se está ante un proyecto que tiene un diagnóstico preciso de dónde se generan los mayores plazos y de cuáles son las principales fuentes de incertidumbre: "Se plantean propuestas novedosas y ambiciosas, que por lo mismo requieren un esfuerzo de precisión en el diseño y redacción para evitar posibles efectos no deseados".
Obach puntualiza que "las medidas administrativas como fortalecer al SEA para descartar pronunciamientos excesivo o crear canales expeditos para mejoras tecnológicas, serán las de mayor impacto". Y con respecto a las que afectan procesos judiciales, añade, "será importante revisar su diseño para evitar que terminen produciendo el efecto contrario al buscado".
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