Un fuerte contraataque se generó luego de que el Tribunal Ambiental de Santiago decidiera acoger una reclamación interpuesta por los vecinos de Lo Barnechea en contra del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ordenando abrir un procedimiento para revisar la resolución que dio luz verde al proyecto “Desarrollo Los Bronces”, de Anglo American Sur.
Tanto el SEA como la minera presentaron recursos ante la Corte Suprema para revertir lo dictado frente a la iniciativa cuyo monto de inversión alcanza los US$ 1.000 millones.
La polémica resolución pide al SEA declarar admisible una solicitud de revisión que data del 30 de marzo de 2015 y que tenía como objetivo revisar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada en 2017 a la iniciativa minera.
Los ministros analizaron la actuación del Servicio, concluyendo que la autoridad excedió el alcance del control de admisibilidad de una solicitud de revisión presentada por un tercero, al resolver en esta etapa el fondo del asunto.
Si bien los documentos presentados por el SEA y Anglo American aún no son públicos, según trascendió, los argumentos planteados en el recurso de la institución liderada por Hernán Brücher apuntarían a que no hay antecedentes suficientes para impulsar esta orden.
Mientras, la empresa habría sostenido su postura de que este fallo revierte resoluciones de los organismos especializados, en el sentido que no ha existido un cambio significativo en las variables ambientales evaluadas y aprobadas en su oportunidad, vinculadas al impacto del flujo vehicular en la ruta G-21.
Al ser consultada la compañía, reiteró que ha cumplido con los compromisos de su RCA en relación con la mejora de la vía de acceso (ruta G-21), como el monitoreo de vehículos, el acompañamiento de transporte de carga durante la noche y otras medidas para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la ruta. Y, además, ha ejecutado sus compromisos voluntarios acordados con la comunidad, como la instalación de cámaras de monitoreo de seguridad en línea y una brigada de seguridad para asistencia en ruta.
“Este fallo revierte varias resoluciones de autoridades especializadas como el Comité de Ministros y el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en el sentido de que no ha habido un cambio sustancial en las variables ambientales, con respecto al impacto social del tráfico de vehículos exclusivamente en Ruta G-21. En este contexto, la compañía impugnó el fallo ante la Corte Suprema”, aseguró la empresa.
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