En la recta final para dirimir el futuro de la alta judicialización contra la aplicación de las tablas de factores como variable decisiva en los planes de salud de las isapres, ayer se realizaron los alegatos ante la Tercera Sala de la Corte Suprema por las apelaciones de las aseguradoras en contra de recursos interpuestos por afiliados.
En esta instancia, las isapres buscan que la justicia consagre la vigencia de este mecanismo que, a través de la ponderación de variables como la edad y el número de beneficiarios de cada plan, permite fijar su precio final, por lo cual advierten que un freno a su aplicación por la vía legal implica un serio riesgo para su viabilidad financiera, ya en jaque tras acumular pérdidas por $ 222 mil millones en los últimos seis trimestres.
“El sistema de salud privado descansa íntegramente en la posibilidad de mantener un equilibrio entre los ingresos por cotizaciones y los egresos destinados a cubrir las prestaciones (...) Una cosa es ordenar a las isapres aplicar a todos los cotizantes únicamente el precio base (sin criterios de riesgo como sexo o edad), pero otra muy distinta es pretender que tenga que cobrarse lo mismo por un solo afiliado que por varios”, indicó el abogado Julio Pellegrini, del estudio Pellegrini & Rencoret, en representación de Cruz Blanca.
Estimación de impactos
En este marco, representantes legales de algunas isapres detallaron los impactos que tendría una aplicación generalizada de la eliminación de la tabla de factores. El abogado Juan Carlos Manríquez -del estudio Manríquez & Benavides Abogados- en representación de Banmédica, indicó que los “efectos son enormes” para el sistema y que en el caso específico de esa isapre “puede significar hasta más de $ 7 mil millones en el año; y no se trata solo de una operación sobre utilidades, sino que sobre ingresos, lo que evidentemente impide el funcionamiento normal de la misma industria”.
Junto con señalar que "la eliminación de los factores, por sí sola, produce disminuciones muy relevantes en las cotizaciones que recibe Cruz Blanca en la enorme mayoría de los casos", Julio Pellegrini puso como ejemplo la situación real de un cotizante de 35 años, con una carga, que antes de la eliminación de los factores aportaba al sistema UF 7,8, y luego de prohibirse éstos pasó a aportar UF 3,69, "si se acoge la tesis de mis contrapartes, aportaría únicamente UF 1,33 y Cruz Blanca estará obligada a cubrir a su beneficiaria en forma gratuita". Sostuvo que si esa isapre "se ve impedida de considerar el número de beneficiarios en el precio final, para 2026 podría llegar a acumular pasivos cercanos a nueve veces su patrimonio actual".
"La necesidad de reflejar en el precio final de un contrato la cantidad de personas que se beneficiarán de él no es una cuestión arbitraria, sino que responde a la diferencia obvia que existe entre obligarse a satisfacer las necesidades de una persona, de cinco personas o incluso de diez", apuntó Pellegrini.
A su vez, el abogado Germán Concha a nombre de Colmena, argumentó que "se podría decir de la idea de convertir el factor que se aplica a cada uno de los afiliados en factor uno nada más, que si eso se generalizara a todos el efecto práctico sería reducir en el caso de la isapre Colmena los ingresos anuales en un 25%". En la misma línea, agregó que "si lo que se hace es convertir el factor que se aplica en cero para el segundo afiliado en adelante –que, en el fondo, es lo que se plantea cuando se dice que hay que cobrar un solo precio base por contrato con independencia de cuantas personas son beneficiarias de ese contrato-, si se generaliza esa lógica el efecto en el caso de mi representada implica reducir su ingreso en cerca de 50%. Y en el caso de la isape Vida Tres, es de más menos un 45%”.
El socio del estudio Concha Zavala profundizó su análisis respecto de los efectos de largo plazo de aplicar un solo precio base, señalando, a modo de ejemplo, que si en Colmena “se aplicara el factor uno a todos los afiliados, y si se considera y proyecta la cartera de 2022, esos ingresos llegarían cerca de $ 480 mil millones, lo cual significaría que no se podría pagar el costo promedio asociado a los planes de salud –excluyendo GES y los beneficios complementarios– que superó los $ 500 mil millones para 2019, 2020 y 2021; es decir, con las cifras no da”. Añadió que si el ejercicio considera un solo precio base por plan, los ingresos se reducirían aún más a niveles de $ 356 mil millones.
Concha indicó que la situación en la que quedaría el sistema "es particularmente compleja, porque se traduce en un problema muy fuerte para su funcionamiento y sostenibilidad (…) no se trata de plantear niveles de utilidades ni niveles de recaudación, se trata de entender que aquí hay un sistema que equilibra los ingresos con los gastos y que este cambio produce un efecto muy radical”.
En los alegatos también tomaron parte por las aseguradoras los abogados Juan Francisco Asenjo -del estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo- por isapre Consalud. y Daniel Salas (de la gerencia juridica de la isapre Nueva Masvida), en tanto por los afiliados intervino el abogado Erwin Moller en nombre de Defensoría Salud.
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