Demandan a ocho ejecutivos de AOL en Estados Unidos
La Comisión del Mercado de Valores acusó a los ejecutivos de acciones fraudulentas que llevaron a sobrestimar los ingresos publicitarios de la firma.
La Comisión del Mercado de Valores
(SEC por su sigla en inglés) de EE.UU. demandó hoy a ocho ex
ejecutivos de AOL Time Warner, por acciones fraudulentas que
llevaron a sobrestimar en más de US$ 1.000 millones los
ingresos publicitarios de la compañía.
Las demandas civiles fueron presentadas ante un tribunal federal
en Nueva York, informó la SEC en un comunicado de prensa.
Una de las demandas implica a John Michael Kelly, ex director
financiero de la empresa; Joseph Ripp, ex director financiero en la
división de AOL; Steven Rindner, ejecutivo en Asuntos Empresariales
y Mark Wovsaniker, jefe del departamento de Política Contable.
La entidad que supervisa los mercados financieros en EE.UU. alega
que todos ellos, al menos entre mediados del 2000 y mediados de
2002, diseñaron y ejecutaron transacciones fraudulentas en las que
facilitaban fondos para adquisiciones publicitarias en internet a
compradores que no querían o no tenían necesidad de ello.
"Los ingresos por publicidad era una medida clave mediante la que
analistas e inversores evaluaban a la compañía", señala la SEC.
Los ex ejecutivos mencionados "hicieron o tuvieron una
contribución importante" en informes a inversores que incluían los
resultados financieros fraudulentos de la empresa, según la entidad.
La SEC reclama, a los presuntos implicados, los fondos obtenidos
con esas prácticas ilegales y pide sanciones y multas contra ellos.
La segunda demanda menciona a David Colburn, Eric Keller, James
MacGuidwin y Jay Rappaport, antiguos ejecutivos también de AOL Time
Warner y a quienes la SEC considera que "participaron en un plan
para inflar de manera artificial los ingresos por publicidad en
internet de la compañía".
Los cuatro han llegado a un acuerdo con la SEC para resolver las
alegaciones y tendrán que devolver fondos y pagar sanciones por un
total de más de ocho millones de dólares.
Los acuerdos con esos implicados deben recibir aún el visto bueno
del tribunal.
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