Ministros de finanzas europeos dan visto bueno a nueva arquitectura de supervisión

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) dieron hoy luz verde al nuevo sistema de supervisión financiera común, que pretende detectar a tiempo los grandes riesgos para el sistema y evitar prácticas abusivas del sector financiero que puedan llevar a una nueva crisis.

Desde principios de 2011 se crearán tres autoridades europeas de vigilancia que supervisarán las actividades de los bancos, las aseguradoras y los mercados bursátiles, además de una junta europea para la prevención de los grandes riesgos sistémicos que estará encabezada por el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.

"Nos ayudará a prevenir efectivamente riesgos sobre la estabilidad financiera" de la Unión Europea, dijo el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, tras la aprobación.

El comisario de Servicios y Mercado Interior, Michel Barnier, se refirió a las nuevas estructuras como "los radares y la torre de control" europeos que eran necesarios para evitar futuros colapsos del sector financiero a escala continental.

Barnier se felicitó asimismo por el hecho de que los europeos hayan sido capaces de mantener "en paralelo con Estados Unidos" el calendario de reformas señalado por el Grupo de los 20 (G-20).

Trichet también se congratuló por la decisión de los Veintisiete y aseguró que la entidad que dirige está "preparada" para desempeñar el papel que se le reserva en la reforma. Además, añadió: "Necesitamos más que nunca este tipo de refuerzo de la vigilancia".


Continúa supervisión de cada país

Según lo acordado, la supervisión individual seguirá siendo una competencia nacional, de modo que las cuatro nuevas autoridades europeas trabajarán conjuntamente con cada país para "salvaguardar la solidez financiera" a través de la vigilancia de las compañías financieras que tengan una dimensión transnacional.

Según dijo Barnier en rueda de prensa, en los países europeos la mitad de los bancos que operan en un país provienen de otros estados miembros, como media.

Además, los gobiernos tendrán la última palabra si llega el caso de que tengan que emplear fondos públicos para salvar bancos de la quiebra, pero las autoridades europeas podrán dirimir disputas entre los supervisores nacionales, prohibir actividades arriesgadas y tomar decisiones directas sobre los actores en casos de emergencia.