Los ministros de Finanzas de la
Unión
Europea (UE) dieron hoy luz verde al nuevo sistema de supervisión
financiera común, que pretende detectar a tiempo los grandes riesgos
para el sistema y evitar prácticas abusivas del sector financiero
que puedan llevar a una nueva crisis.
Desde principios de 2011 se
crearán tres autoridades europeas de
vigilancia que supervisarán las actividades de los bancos, las
aseguradoras y los mercados bursátiles, además de una junta europea
para la prevención de los grandes riesgos sistémicos que estará
encabezada por el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude
Trichet.
"Nos ayudará a prevenir efectivamente riesgos sobre la
estabilidad financiera" de la Unión Europea, dijo el comisario de
Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, tras la aprobación.
El
comisario de Servicios y Mercado Interior, Michel Barnier, se
refirió a las nuevas estructuras como "los radares y la torre de
control" europeos que eran necesarios para evitar futuros colapsos
del sector financiero a escala continental.
Barnier se felicitó
asimismo por el hecho de que los europeos
hayan sido capaces de mantener "en paralelo con Estados Unidos" el
calendario de reformas señalado por el Grupo de los 20 (G-20).
Trichet
también se congratuló por la decisión de los Veintisiete
y aseguró que la entidad que dirige está "preparada" para desempeñar
el papel que se le reserva en la reforma. Además, añadió:
"Necesitamos más que nunca este tipo de refuerzo
de la vigilancia".
Continúa supervisión de cada país
Según lo acordado, la supervisión individual seguirá siendo
una competencia nacional, de modo que las cuatro nuevas autoridades
europeas trabajarán conjuntamente con cada país para "salvaguardar
la solidez financiera" a través de la vigilancia de las compañías
financieras que tengan una dimensión transnacional.
Según dijo
Barnier en rueda de prensa, en los países europeos la
mitad de los bancos que operan en un país provienen de otros estados
miembros, como media.
Además, los gobiernos tendrán la última
palabra si llega el caso
de que tengan que emplear fondos públicos para salvar bancos de la
quiebra, pero las autoridades europeas podrán dirimir disputas entre
los supervisores nacionales, prohibir actividades arriesgadas y
tomar decisiones directas sobre los actores en casos de emergencia.
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