Tokio, Estambul y Madrid llegan a la hora de la verdad -que es este sábado- con proyectos sólidos para organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Pero cómo están en materia de economía y política.
Sede de los Juegos de 1964 y segunda eliminada en la votación para 2016, Tokio convive estos días de nuevo con las fugas radiactivas de la central de Fukushima, a unos 220 kilómetros al noreste de la ciudad. La situación llevó a la ciudad a escribir una carta a los votantes del COI y al gobierno nipón a comprometerse a ayudar al operador de la central, Tepco, para contener el agua contaminada que filtra a diario al mar desde los reactores y el subsuelo. El viceprimer ministro y antiguo deportista olímpico, Taro Aso, dijo hace poco que, tras el desastre nuclear de Fukushima, ganar el día 7 sería convertirse en “el ave fénix que renace de las cenizas”.
Tampoco Estambul llega a la definición como querría. Presente por tercera vez en una final tras caer derrotada en las de 2008 y 2000, la ciudad turca se examina ante el COI en pleno escándalo por dopaje dentro de su atletismo y con un clima social un tanto convulso. Desde junio, las calles de las principales ciudades de Turquía han acogido protestas ciudadanas. Consciente de que la realidad social del país no puede estar al margen de una candidatura, Estambul habló de ello en la presentación que las tres ciudades hicieron en julio en el COI, donde su viceprimer ministro para Asuntos Económicos, Ali Babacan, aclaró que su gobierno garantiza las libertades y derechos fundamentales. La realidad es que el turismo y la bolsa se han resentido y que algunos buscan ya explicaciones a una posible derrota.
Madrid, por su parte, llega a su tercera final olímpica consecutiva, con las garantías financieras aportadas, pese a la crisis que España padece hace un lustro, y reanudando el curso político, en el que el caso Bárcenas y el contencioso con Gibraltar mantendrán su espacio. La candidatura presume además de una recién estrenada ley antidopaje, que pudo ser un obstáculo en sus anteriores intentos, y celebra los últimos datos del desempleo, que indican una sexta baja consecutiva en agosto. La capital, tercera en la elección para 2012 y segunda para 2016, solventó en menos tiempo del previsto su penúltimo examen ante la asamblea del COI, en julio. Sus representantes sólo tuvieron que responder a cinco preguntas. Dos, igual que sus contrincantes, sobre los valores olímpicos y la libertad de prensa, y otras tres relativas a si estaba aprobada la ley antidopaje, a los precios de los hoteles y a la herencia de los Juegos de Barcelona’92. (Expansión)
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