La Delegación Presidencial Regional (DPR) de Antofagasta resolvió invalidar la adjudicación de la licitación para implementar un sistema de cámaras de televigilancia con Inteligencia Artificial (IA) en las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla, un contrato superior a los $11 mil millones que había sido adjudicado durante la administración anterior.
La resolución, emitida el 11 de junio, ordenó dejar sin efecto la adjudicación y retrotraer el proceso hasta la etapa de evaluación de las ofertas, luego de detectar anomalías en la forma en que fueron ponderadas las propuestas presentadas por los participantes.
El proyecto era una de las principales iniciativas de seguridad financiadas por el Consejo Regional y contemplaba la instalación de cámaras con IA para fortalecer la vigilancia urbana en las tres comunas.
Según la resolución, la DPR revisó los antecedentes administrativos y concluyó que durante la evaluación se vulneraron disposiciones establecidas en las bases de licitación y en la normativa de compras públicas.
Entre los documentos considerados figuran el acta de la comisión evaluadora del 5 de marzo, el acta de enmienda del 10 de marzo y la resolución que adjudicó el contrato a la empresa Ingbell SpA. Uno de los aspectos cuestionados fue la modificación de puntajes mediante un acta posterior, situación que terminó cambiando el resultado de la licitación.
La empresa Sistesa SpA, otro de los oferentes, denunció que la rectificación permitió alterar la evaluación técnica, particularmente en el criterio de experiencia habilitante.
De acuerdo con los antecedentes publicados, Ingbell originalmente figuraba con la calificación "No cumple" en ese requisito, pero tras la enmienda pasó a "Cumple", obteniendo puntajes que no registraba en la evaluación inicial.
Además, Sistesa presentó observaciones ante la Contraloría por eventuales inconsistencias y supuestas falencias en los informes jurídicos que respaldaron la adjudicación.
Tribunal de Compras Públicas
Mientras avanzaba el proceso de invalidación, Sistesa acudió al Tribunal de Compras Públicas (TCP) solicitando suspender la adjudicación.
La Delegación encargó el caso al Consejo de Defensa del Estado. El abogado procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía, representó a la DPR y defendió la legalidad del procedimiento de invalidación impulsado por la autoridad regional.
El 30 de junio, el TCP rechazó la solicitud de suspensión presentada por la empresa. Según su resolución, "los antecedentes reunidos hasta la fecha no producen en este Tribunal la convicción necesaria para paralizar judicialmente la licitación".
Nueva evaluación
Tras la decisión de invalidar la adjudicación, la DPR citó a una audiencia tanto a Ingbell como a Sistesa para que ambas empresas presentaran sus descargos. Esa instancia se realizó el viernes pasado.
Con ello, el proceso volverá a la etapa de evaluación por una nueva comisión, la que deberá revisar las ofertas utilizando exclusivamente los antecedentes y documentos que fueron ingresados a la plataforma Mercado Público al cierre de la licitación, sin incorporar nuevos antecedentes ni permitir mejoras a las propuestas.
La resolución mantiene suspendida la adjudicación del proyecto mientras se desarrolla la nueva evaluación técnica y administrativa del proceso.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
