El sector minero peruano vive su mayor impulso de inversiones en una década. En medio de un ciclo político aún incierto, con una primera vuelta electoral que todavía no entrega una definición clara, la minería se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía andina.
Así lo refleja la hoja de ruta presentada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para 2026, que contempla la puesta en marcha de ocho proyectos por US$ 7.619 millones y una meta de producción de 2,8 millones de toneladas métricas finas de cobre.
A ello se suman las primeras cifras del año. Según el Minem, en febrero la producción de cobre peruana creció 2,9% interanual, a 223.263 toneladas métricas, reforzando las expectativas de un nuevo ciclo para el principal metal de exportación del país.
En ese contexto de renovado dinamismo, el gobierno peruano autorizó a Southern Copper Corporation el inicio de la primera etapa de explotación de Tía María, en Arequipa, proyecto que contempla una inversión de US$ 1.800 millones y que se ha convertido en una de las iniciativas más emblemáticas y controvertidas de la minería peruana.
La decisión se produjo luego de que el Consejo de Minería declarara la nulidad de una autorización previa y ordenara una nueva revisión técnica del proyecto, tras identificar observaciones pendientes vinculadas al diseño de botaderos y al cronograma de ejecución.
Posteriormente, la empresa presentó una versión modificada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que contempla el uso de agua desalinizada de mar como fuente hídrica para las operaciones.
Sin embargo, la iniciativa arrastraba años de retraso por la oposición de comunidades agrícolas del valle de Tambo, que habían advertido riesgos para los recursos hídricos y la actividad agrícola.
La compañía -controlada por Grupo México- informó a comienzos de año que el proyecto mostraba un avance de 24%, con capacidad estimada para producir 120 mil toneladas anuales de cátodos de cobre y con meta de inicio operacional para 2027.
Para el doctor en Economía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Luis Sánchez, el principal efecto inmediato de la reanudación del proyecto no estaría solo en la futura producción, sino en la señal de confianza que envía al mercado.
A su juicio, el avance de Tía María muestra que Perú aún puede destrabar inversiones relevantes pese al ruido político, lo que podría traducirse en mayor tranquilidad para inversionistas y empresas.
“Tía María ocurre en un escenario del nuevo boom minero en el país, lo que genera impactos acumulativos. El efecto se deja sentir en toda la economía y seguramente sobre el crecimiento del PIB”, dijo Sánchez.
El director fundador de V&C Avalistas y miembro del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, Dante Vera Miller, coincidió con ello y aseguró que Tía María “reforzará el cluster cuprífero del Sur del Perú, liderado por las grandes mineras Cerro Verde, Las Bambas y Quellaveco -que concentran entre el 60%-70% de la producción nacional de cobre”.
En esa línea, enfatizó que su construcción es una señal positiva para la inversión minera en el Perú y “consolidará el corredor minero del sur desde el este de Los Andes a la costa”, promoviendo la generación de empleo en construcción y en operación, “mayor demanda de servicios, activación de cadenas de proveedores y contratistas, presión positiva sobre los salarios, canon y desarrollo territorial”.
Boom reciente y desafíos pendientes
Pese al fuerte impulso observado hoy, el auge inversionista minero tiene una historia reciente. En 2025, la inversión del sector alcanzó US$ 6.228 millones, un alza de 24,3% frente al año anterior y el mayor monto de la última década.
De acuerdo con cifras oficiales, el resultado fue impulsado por un entorno favorable de precios de los metales, una demanda sólida por cobre y oro, además de la continuidad operativa de grandes minas y mejoras en procesos productivos.
El dinamismo también fue liderado por grandes actores del sector. Compañía Minera Antamina encabezó los desembolsos con US$ 696 millones, seguida por Southern Copper Corporation con US$ 593 millones, Las Bambas con US$ 571 millones y Buenaventura con US$ 432 millones.
Sin embargo, hace apenas tres años, el panorama era distinto. En 2023, la inversión minera alcanzó US$ 4.715 millones, lo que implicó una caída interanual de 9,9% frente a 2022, cuando totalizó US$ 5.235 millones.
El cambio comenzó a verse poco a poco en 2024, acelerándose recién el año pasado y consolidando la percepción de un nuevo ciclo para la minería peruana.
Bajo ese contexto y de acuerdo con el director del Centro Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, los grandes desafíos que tiene la inversión minera en Perú pasan por un tema regulatorio. Para el experto, existen demasiados entes que no están coordinados entre sí, lo “que genera un peso a veces excesivo” en ese aspecto.
“Lo que necesitamos es que el Estado sea mucho más proactivo en brindar la infraestructura necesaria en las zonas donde va a haber minería, porque generalmente son zonas rurales alejadas que no cuentan con servicios. Cuando empieza a desarrollarse la actividad minera, la comunidad reclama la infraestructura y suele pedírselo a las empresas”, enfatizó.
Miller agregó que el sector minero, en particular del sur, se ha impuesto el desafío de transformar la riqueza mineral en oportunidades de desarrollo para todas las comunidades de su entorno, “una ruta donde todos los actores deben aprender -siendo el Estado más proactivo-, y donde las empresas deben actuar en modo colaborativo entre ellas y las comunidades identificando su potencial de desarrollo”.
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