La oposición pasó a la ofensiva a horas de que el gobierno ingrese a discusión en el Congreso el proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional, el que contempla fuertes rebajas de impuestos y la reintegración del sistema impositivo.
Muestra de aquello es una minuta de 18 páginas, enviada por exfuncionarios del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y del Servicio de Impuestos Internos (SII) del gobierno de Gabriel Boric a parlamentarios del sector, en el que entregan un duro diagnóstico respecto de los efectos económicos del proyecto, especialmente sobre las finanzas públicas del país.
Así, en el reporte -elaborado entre otros por la exsubsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, los excoordinadores de Política Tributaria de la cartera, Nicolás Bohme y Diego Riquelme, y el exjefe de Estudios de la Dipres, Pablo Jorquera, entre muchos otros-, parte enfatizando que la iniciativa propuesta involucra una pérdida de ingresos fiscales del orden de los US$ 4.400 millones anuales en régimen (un 1,2% del PIB), equivalente a 7% de la recaudación tributaria anual.
"Esta cifra triplica los ingresos generados por el royalty minero, equivale a 1,2 veces el presupuesto de Vivienda y es similar a todos los recursos asignados en el año a la seguridad pública y administración de justicia", calculan los autores.
Esto, de la mano de la reducción del impuesto corporativo, desde un 27% a un 23%, y la reintegración del sistema tributario de renta, como las medidas de mayor impacto fiscal: US$ 1.858 millones y US$ 965 millones, respectivamente, a lo que se suma el crédito tributario para incentivar la formalización y la retención, que cuesta US$ 1.400 millones.
En cuanto a la tasa de Primera Categoría, calculan que beneficiaría a las compañías con una facturación anual de hasta 75 mil UF, un 1,9% de las sociedades activas del país, que concentran, según información del SII, el 88,9% de las ventas.

"Esto da cuenta de que es una medida que beneficia a un grupo muy acotado de empresas, pero con alto impacto fiscal", recalcan.
"Prácticamente la totalidad de los beneficios directos de esta reforma irá a parar al 1,5% más rico de la población. Así, cada uno de los 1.500 contribuyentes de mayores rentas recibirán beneficios anuales superiores a los $ 400 millones anuales", calculan los especialistas en el texto, que se envió el viernes 17 de abril a los legisladores pero que comenzó a circular entre distintas bancadas este martes.
Por otro lado, agrega el documento, la propuesta del Gobierno incluye una serie de normas que permiten un uso "abusivo o elusivo" del sistema tributario, a las que pueden acceder los grandes contribuyentes, "acentuando su efecto regresivo".
Ahora, al combinar el costo de la reforma con el balance estructural proyectado para 2026, los especialistas estiman una brecha financiera de US$ 14.000 millones, algo más de 4% del PIB, para alcanzar el equilibrio fiscal estructural comprometido por el Presidente para el término de su mandato.
"Las medidas de recaudación propuestas para el proyecto, los recortes de gasto en curso y el efecto recaudación de un eventual mayor crecimiento son del todo insuficientes para cerrar una brecha de estas magnitudes", exponen.
Impacto en crecimiento y gradualidad
El gobierno ha planteado que el propósito de esta reforma es elevar la inversión, la actividad y el empleo. Tales efectos, sin embargo, son "altamente inciertos", dice el texto, pues sus beneficios no requerirán de acción alguna por parte de los contribuyentes, dicen los especialistas.
"De esta forma, la propuesta se apoya sobre la convicción ideológica, sin respaldo empírico sólido, de que, por el sólo hecho de pagar menos impuestos, las empresas y propietarios actuarán en beneficio del país. De no cumplirse esta expectativa, la cuenta deberá ser pagada por todos los chilenos", agregan.
Los expositores también abordan la gradualidad con la que se plantea aplicar algunas de sus medidas, como recortar el impuesto corporativo en un lapso de tres años y reintegrar el sistema al cabo de cuatro, "no hace ninguna diferencia de cara a lo señalado anteriormente ni cambia su lógica maximalista".
"Al contrario, el largo período que requerirían algunas de sus medidas para rendir frutos sólo prolongará los desequilibrios y tensiones distributivas, elevando los riesgos de crisis económica y conflictos sociales, dejando un complejo legado a la administración siguiente", argumentan.
Mensaje político
Al inicio del texto, los autores entregan un diagnóstico de la situación política que marcará la discusión del proyecto en el Parlamento, señalando que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha propuesto al país una "reforma tributaria de grandes proporciones", que, de ser aprobada, marcaría la marcha del país por muchos años.
"Dicho proyecto tiene un alto costo fiscal, expresado en un menor pago de impuestos de grandes empresas, sus propietarios y contribuyentes de alto patrimonio, en la expectativa de que ello generará mayor inversión, crecimiento y empleo. En este verdadero gambito fiscal se jugará la salud de las finanzas públicas y la paz social, que se verá tensionada con el cambio tributario más regresivo desde la época de la dictadura", plantean críticamente.
El texto también incluye un análisis crítico de otras medidas del proyecto, como la ampliación de la exención a viviendas DFL-2; el nuevo crédito tributario para incentivar la formalización y retención; la invariabilidad tributaria vía un nuevo DL 600; la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en operaciones bursátiles; la repatriación de capitales; la exención transitoria del IVA a la vivienda; la eliminación de las contribuciones de bienes raíces para adultos mayores; y la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones, por citar algunos.