Nuevamente, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) levantó una alerta respecto de potenciales factores que debiliten todavía más las cuentas públicas. Ahora fue el turno de la reforma de pensiones, que se encuentra en pleno proceso de implementación.
En un informe dado a conocer este jueves, la entidad presidida (s) por Hermann González advirtió que de los 11 riesgos fiscales que identificó en enero durante la última fase de tramitación en el Senado, hay dos que aún requieren medidas de mitigación por parte del Ministerio de Hacienda.
La Ley de Cumplimiento Tributario busca recaudar un 1,5% del PIB en régimen, siendo la principal fuente de financiamiento del mayor gasto fiscal por el nuevo sistema previsional.
Los dos riesgos de alta prioridad que, según el organismo, no han sido abordados “adecuadamente” y que recomienda gestionar de forma “prioritaria” son el asociado a las fuentes de financiamiento del mayor gasto fiscal del proyecto, en relación con la recaudación esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario por 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB); y lo que considera una cobertura “insuficiente” del perímetro de las reglas fiscales por la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) fuera del Gobierno Central.
Según el análisis del Consejo, la reforma implica un aumento significativo del gasto público, derivado del alza de las cotizaciones, la ampliación de la cobertura y el incremento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
“Asimismo, contempla mayores recursos para fortalecer las instituciones responsables de la administración y supervisión del sistema previsional, junto con modificaciones en la recaudación tributaria.
Según estimaciones de la propia Dirección de Presupuestos (Dipres), el efecto fiscal neto de la reforma -considerando tanto mayores gastos como menores ingresos- alcanzaría un 0,37% del PIB en 2027 y un 1,04% del PIB en equilibrio de largo plazo”, agregó la entidad de la que también forman parte los consejeros Sebastián Izquierdo, Marcela Guzmán y Jeannette von Wolfersdorff.
La economista Paula Benavides fue nominada a fines de mayo por el Ejecutivo para integrarse a la instancia, pero su nombre aún no es analizado por la comisión de Hacienda del Senado.
Más recomendaciones
De los 11 riesgos fiscales, seis fueron acogidos íntegramente, tres fueron tomados parcialmente, uno no fue acogido y otro está en evaluación.
Respecto de la Ley de Cumplimiento Tributario, el CFA propuso partir con un nivel más bajo de compromisos de gasto fiscal, y activar su aumento (ya sea en cobertura o monto de los beneficios) en la medida que se cumplan ciertas condiciones, las que operarían como gatillos automáticos.
En el caso del FAPP, los consejeros plantearon la implementación de mecanismos que permitan que la institucionalidad y las reglas fiscales puedan realizar un monitoreo “integral de los riesgos fiscales”, en particular de la deuda, incluyendo al Gobierno Central y el FAPP.
“A juicio del Consejo, los riesgos no cubiertos o no adecuadamente cubiertos, siguen requiriendo de la adopción de medidas de mitigación, ya sean las propuestas por el CFA, u otras que cumplan con los mismos objetivos.
El Consejo recomienda abordarlas de forma prioritaria”, manifestó el organismo, cuyo rol es evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas de mediano y largo plazo.
Ante este escenario, el CFA subrayó la “urgencia” de mantener un monitoreo continuo de los riesgos fiscales en un escenario de estrechez presupuestaria, y de dotar a la institucionalidad fiscal de herramientas ágiles para reaccionar ante desviaciones respecto de las metas de Balance Estructural (BE) y de sostenibilidad de la deuda.
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