Un efecto positivo esperan los analistas de las medidas para incentivar la inversión que incluyó el proyecto de ley misceláneo de reconstrucción y reactivación económica que envió el gobierno al Congreso este miércoles. Sin embargo, no se trataría de un impacto del todo inmediato.
La mirada favorable se sustentó en la confirmación de iniciativas que ya se habían anunciado por parte de las autoridades, como reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23%, una disminución en los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales y la reintegración del sistema tributario.
A estas se suma la invariabilidad tributaria -lo que alguna vez fue el DL 600 que nació en 1974 y fue derogado en 2016-, que estará vigente desde el 1 de enero de 2027 y establecería que tanto inversionistas locales como extranjeros tendrán una carga total máxima de impuestos a la renta por 25 años, siempre y cuando el monto supere el mínimo de inversión requerido de US$ 50 millones.
Mientras los inversionistas extranjeros podrán optar a una tasa máxima de 35% –excluyendo el royalty minero–, la tasa máxima para los locales corresponderá a la determinada por las normas vigentes al momento de suscribir el contrato de inversión.
No obstante, el efecto de estas medidas no se observaría hasta dentro de algunos años.
El economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas, indicó que durante 2026 el impacto sería acotado, ya que considera “bastante optimista” que las disposiciones propuestas “vean la luz” en los próximos tres a seis meses.
“Los efectos en materia de inversión debiesen ser significativos, pero probablemente van a tomar algunos años y, probablemente, hacia los últimos años de esta década recién se va a empezar a ver el impacto en proyectos más grandes, llámese mineros o de infraestructura”, señaló.
La economista jefe de Prudential AGF, Carolina Grünwald, indicó que entregar certezas a los inversionistas “es esencial” y que las medidas tributarias apuntan finalmente a incentivar la reinversión de utilidades, lo que también generaría más crecimiento y más empleo.
Con todo, sostuvo que los resultados podrían comenzar a verse el año 2027.
“Creo que esto, de aprobarse, no se va a ver de forma rápida en las cifras de inversión, puesto que estas son decisiones que toman tiempo y, luego, la ejecución también toma tiempo. Se está sembrando para poder cosechar más hacia mediano plazo”, explicó.
El economista jefe de Itaú para la región, Andrés Pérez, indicó que las medidas “apuntan en la dirección correcta” para encauzar una recuperación duradera de la inversión privada en el país al reducir el costo del capital facilitando la entrega de permisos y disminuyendo los impuestos corporativos.
En esta línea, destacó que en el corto plazo, y con una rápida aprobación legislativa, permitirían sostener la mejora en la confianza empresarial, impactada por los efectos del conflicto bélico en Medio Oriente.
El efecto a corto plazo es algo en lo que Rojas también coincidió.
“En lo inmediato, claramente tiene un impacto, mejora el clima de inversión. El hecho de que la permisología se reduzca sobre todo en tiempo y entregue más certeza, eso va a traer la iniciación más temprana de los proyectos”, afirmó.
Efecto en el PIB
Pérez precisó que tras crecer 7% en 2025, su proyección actualmente para el crecimiento de la formación bruta de capital fijo es entre 4%-5% este año, la que podría ser mayor si la inversión se propaga a sectores distintos a la minería y energía.
“En paralelo, avanzar en medidas administrativas que reduzcan la permisología podrían dar un impulso mayor, permitiendo dinamizar las perspectivas de crecimiento hacia finales de año y el próximo”, afirmó.
Rojas señaló que actualmente la tasa de formación bruta es de 24% del Producto Interno Bruto (PIB) y que se debe llegar a niveles cercanos al 28% para poder aspirar a tener tasas de crecimiento de 3%.
“Cuando la inversión empiece a crecer, ahí vamos a tener los efectos en crecimiento y los efectos sobre la recaudación fiscal y el aumento para compensar la menor recaudación de este proyecto alcanza el régimen después de 2030. Estamos hablando de niveles del año 2032 a 2035, al menos”, explicó.
Grünwald precisó que es difícil saber el impacto en PIB de las medidas, ya que hay muchas variables.
“Sabemos que la inversión bajó en Chile luego de la reforma de 2014, que es lo que se busca revertir, por ejemplo”, señaló, junto con agregar que existe evidencia de que la reducción gradual del impuesto corporativo en Chile de cuatro puntos porcentuales podría incrementar el PIB entre 0,5% y 1,3%, vía precisamente un aumento de la inversión.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Macroeconomía
