Una semana ha pasado desde que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto con el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, denunciaron la existencia de US$ 5.500 millones en gastos comprometidos en el sector público que no tendrían financiamiento, ya que no fueron provisionados en el erario 2018 ni en la programación financiera del período 2019-2021.
Sin embargo, la polémica está lejos de concluir, sobre todo después de la presentación del secretario de Estado en la Comisión de Hacienda de la Cámara el miércoles, en la que fue blanco de los cuestionamientos de los parlamentarios opositores, principalmente por la metodología utilizada para considerar como “presiones de gasto” proyectos de ley en trámite en el Congreso.
Punto sobre el cual profundizó ayer la presidenta del Consejo Fiscal Asesor (CFA), Andrea Repetto, quien se mostró crítica de la manera en que la cartera informó las mayores presiones.
“No se entiende bien por qué se hace el ejercicio de la forma que se hace. Es muy importante estar siempre atento a las presiones que haya que contener y a tener una visión al día de la situación fiscal. Pero el informe no hace eso. Asimismo, la manera en que se entrega a los medios no parece apropiada”, señaló a DF.
La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez advirtió primero que el informe expuesto en la Cámara “no tiene información al día”, ya que incluye gastos “que sabemos que no van a suceder en plazos razonables”. Aquí, se refiere a iniciativas como las compensaciones a las víctimas de tortura durante la dictadura y el que modifica el Crédito con Aval del Estado (CAE).
“Segundo, realiza un tratamiento asimétrico: sólo considera gastos adicionales eventuales, pero no resta ahorros eventuales. Tercero, no es explícito en su metodología y tampoco distingue escenarios más o menos probables”, lanza.
En esta línea, Repetto expuso que los cálculos de la cartera ponen “al mismo nivel” proyectos en estudio que no han ingresado al Parlamento, con programas cuya cobertura pudiera expandirse, tratándolos -dice- como si tuvieran la misma probabilidad de ocurrencia.
Crítica similar que realizó el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien en una carta enviada a El Mercurio acusó que la manera en que el gobierno presenta las cifras “confunde y alarma a la ciudadanía”.
El economista sostuvo que la cartera que dirige Felipe Larraín “exageró respecto de la situación fiscal de mediano plazo”, al referirse al déficit estructural de la economía chilena en 2017.
Según Valdés, “buena parte de esta desagradable sorpresa” se revertirá en menos de dos años sin mediar acción alguna. “Es decir, el balance estructural mejorará sin esfuerzo en 0,3%. De hecho, casi un tercio de la sorpresa ya desapareció en los primeros tres meses del año”, afirmó.
Salud, el gran tema
La titular del CFA desde mayo de 2016 también aborda el sobregasto en el Ministerio de Salud, que según Hacienda explica parte importante de la presión sobre el gasto público hacia futuro. Repetto enfatiza que dicho gasto es una presión “de todos los años” y se deben realizar esfuerzos “conjuntos” de contención.
“Sabemos de la deuda hospitalaria. Pero eso significa que hay que hacer una gestión apropiada para contenerlos, más que validarlos como gastos que efectivamente vienen”, aseguró.
La doctora del MIT concluyó criticando que el CFA carezca de independencia, ya que es nominado por el ministro de Hacienda.
“No tiene la independencia para zanjar. Tampoco tiene acceso a los datos y la metodología detrás de estos cálculos. Hay que crear estas capacidades en el Congreso, con una oficina muy técnica y transversal, capaz de poner un contrapeso a la DIpres en relación a sus estimaciones y que permita una mayor transparencia fiscal”, concluyó.
No hay primera...
La actual polémica estuvo precedida por dos capítulos previos: el que protagonizó el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien acusó a la administración anterior de “mentir a los chilenos” sobre el déficit fiscal estructural; y el que generó el retiro por parte del gobierno del proyecto de ley de reparación a víctimas de tortura de la dictadura por su costo económico.
Esto último enfrentó las visiones de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y su antecesor Nicolás Eyzaguirre.
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