La polémica por los recortes del gasto público, que podrían afectar beneficios sociales, caló hondo en La Moneda. Y, en consecuencia, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, convocó a una reunión este miércoles a sus pares de Hacienda, Jorge Quiroz, y al de Vivienda, Iván Poduje. A ellos se unieron el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.
En el encuentro, que se extendió por una hora, no hubo recriminaciones, según trascendió, pero sí tensión, la cual dio paso al compromiso de buscar una mejor coordinación y encauzar un relato que dé cuenta de que el ajuste fiscal no va a implicar reducción de prestaciones sociales.
El óptimo, se reconoció, es evitar que todos los días haya que explicar lo que está haciendo la administración Kast en pos de recuperar espacio en las arcas del sector público.
Todo esto, en momentos en que persisten los cuestionamientos hacia Quiroz por el oficio enviado la semana pasada a los distintos ministerios con recomendaciones de hacer ajustes a algunas iniciativas, en busca de generar ahorros por US$ 3.000 millones este año o, de poder reducir un 3% en cada cartera.
En este marco, por ejemplo, se conoció el planteamiento de “rebajar presupuesto” a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Ya en la campaña el hoy Presidente José Antonio Kast desestimó cambios y lanzó el eslogan “Te amo PGU”.
En medio de trascendidos de los recortes ya acordados en los programas del Ministerio de Desarrollo Social, Alvarado solicitó tener un mayor control de la agenda, para lo cual instruyó como jefe de gabinete a tener más consideraciones políticas y no solo una mirada técnica.
Tras la cita, Gómez y Poduje abandonaron La Moneda sin hacer declaraciones, mientras que Irarrázaval y Quiroz se reunieron por algunos minutos en la oficina del jefe de asesores del Presidente.
No se tocan beneficios
Al mediodía de este miércoles, y tras participar en la junta de accionistas de ENAP, Quiroz ya había hecho un nuevo intento por contener la ansiedad de la prensa. “Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno en absoluto”.
Lo único, reforzó, es que lo que “estamos haciendo en todos los casos es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el malgasto”.
El secretario de Estado planteó que hasta el minuto no se ha firmado ni enviado a Contraloría el decreto que hace oficial el recorte del monto en beneficios como la PGU, señalando que es solo parte de una recomendación remitida al Ministerio del Trabajo.
“El oficio no es más que un conjunto de orientaciones que se imparten a los ministerios para que los tengan en cuenta para su elaboración del Presupuesto del año 2027. Y el decreto, en cambio, es el resultado de todas las conversaciones que ha habido entre Ministerio de Hacienda y los ministerios respecto de cómo llevar adelante el ajuste del 10% en todos los presupuestos. Y con distintos ministerios se ha podido llegar a distintos acuerdos. Los ministerios han visto que se puede reducir, donde se pueden buscar eficiencia y, como resultado de ese acuerdo, es que salen los decretos, porque estos decretos son imperativos y se refieren a cómo se vive el ajuste, que en promedio alcanza un 2%. Nos está faltando todavía un 1%”, explicó.
Ante la insistencia de los periodistas, Quiroz manifestó que “no hay recorte en ningún beneficio, ningún pensionado”.
Consultado respecto al por qué de la “sugerencia” de ajustar el erario de la PGU, el ministro apuntó a medidas de eficiencia y de eventuales fraudes.
“Pudiese haber tal vez gente que obtuvo eso y que no debería obtenerlo al tenor de la Ley”, expuso.
Alineado, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, reiteró que hay solo “recomendaciones”, pero que no pueden reducir beneficios que están establecidos por Ley: “Que las personas lo tengan súper claro”. Y si bien reconoció que “el lenguaje tampoco ayudó, nosotros vamos a cumplir la Ley”.
Desarrollo Social
Uno de los protagonistas de la batahola de este miércoles, fue el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que salió a aclarar la rebaja del 3% de su presupuesto 2026.
A través de un comunicado, la cartera afirmó que se aplicará un ajuste menor al exigido por Hacienda y finalmente será del 2,24% con el objetivo de resguardar las áreas más sensibles de la política social.
De esta manera, señalaron que la medida se focaliza en programas con baja ejecución histórica, sobreasignación de recursos o debilidades de diseño, y no considera reducciones en beneficios ni coberturas.
“En un contexto de estrechez fiscal, nuestra prioridad es clara: no vamos a tocar los beneficios sociales. Estamos ordenando el gasto para que el Estado llegue mejor, más rápido y con mayor impacto a las personas”, dijo el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández.
Los principales cambios están en el programa de ajuar, la línea de diagnóstico clínico en niñez y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).
En el caso del ajuar para recién nacidos, el ministerio indicó que será un recorte en un 10,5%, respaldado por la caída de la natalidad y asociado a un stock de reserva sobredimensionado. No obstante, precisaron que se mantendrá “íntegramente” la entrega a las familias y no se reducirá la cobertura.
Mientras que el diagnóstico clínico en niñez tendrá un ajuste en 23,6% y responde a una caída del 42% en las derivaciones judiciales y a una menor utilización del programa, lo que ha generado recursos sin ejecutar.
Por su parte, el Injuv tendrá un recorte de 47,7%. Se puso énfasis en que el 75% de su presupuesto se destina al pago de remuneraciones.
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